Los días pasan y sigue sin haber certezas sobre el paradero de tres ciudadanos italianos que desaparecieron en el municipio de Tecalitlán, Jalisco.
Aunque las investigaciones de la la Fiscalía General del Estado de Jalisco reveló que los tres italianos presuntamente se dedicaban a la venta de maquinaria apócrifa, aún no se sabe si esa actividad está directamente relacionada con su desaparición.
Sin embargo, las labores de inteligencia encabezadas por la FGE determinaron que cuatro policías del estado se encuentran detenidos y en condición de prisión preventiva, debido a ser presuntamente responsables de haber participado en la desaparición de los tres ciudadanos italianos.
El Fiscal General de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, informó que Emilio “N”, Salomón “N”, Fernando “N” y Lidia “N”, eran miembros activos de la Dirección de Seguridad Pública de Tecalitlán, por lo que serán juzgados por el delito de desaparición forzada.
De acuerdo con el Fiscal, los detenidos confesaron que ellos fueron quienes entregaron a los hombres de nacionalidad italiana a integrantes de la delincuencia organizada en el municipio en el que trabajaban.
“Fue parte de esa operación que hicieron ellos como elementos activos en coordinación y coludidos con el crimen organizado”, detalló el fiscal general.
Asimismo, aclaró que los extranjeros nunca fueron ingresados a la cárcel municipal de dicha localidad, por lo que no existe registro alguno de ellos en la corporación, además de que se continúa con la búsqueda del director de Seguridad Pública de ese municipio.
Sánchez Jiménez precisó que las investigaciones aún no concluyen y los operativos de búsqueda para encontrar a los hombres desaparecidos continúan con el apoyo de binomios caninos de la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, expuso que toda la corporación municipal sigue siendo investigada y se mantienen las acciones de vigilancia en la zona donde ocurrieron los hechos.
Los cuatro policías detenidos ya se encuentran a disposición del Juez de Control y Oralidad del Sexto Partido Judicial con sede en Ciudad Guzmán y, de ser encontrados culpables, estas personas pueden obtener una pena de 40 a 60 años de prisión.
