Policías capitalinos piden al Congreso local que los tome en cuenta en la propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana que envió el Gobierno de Claudia Sheinbaum, proyecto al que acusan de no mejorar sus condiciones laborales.
Los uniformados indican que no tomaron en cuenta sus observaciones en el proyecto de dictamen, ni el Congreso tiene la intención de escucharlos.
Entre las inconformidades de los elementos policiacos se encuentran la negación de recuperar su trabajo en caso de ser despedidos injustificadamente y la eliminación del arresto como una medida disciplinaria.
Al respecto, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de la bancada del Morena y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, afirmó que la propuesta pretende garantizar y mejorar la situación de los cuerpos de seguridad locales.
“El proyecto del Gobierno de la Ciudad de México tiene la intención de mejorar el trabajo a través de la implementación de un nuevo sistema de carrera policial y de la universidad de la policía”, mencionó.
El 8 de julio la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso capitalino su propuesta para que sea analizada y se le añadan las observaciones de la ciudadanía.
Dicha iniciativa es la que más probabilidad tiene de ser aprobada, por encima de las que presentaron los partidos PAN y PRD, debido a que Morena, partido en el Gobierno, tiene mayoría en el órgano legislativo.
Por su parte, los policías de la capital que conforman la asociación civil Ciudadanos Uniformados pidieron la revisión de esa propuesta.
Ciudadanos Uniformados previamente se había puesto en contacto con la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana el Congreso, Leticia Varela, y el diputado Héctor Barrera Marmolejo, quienes les prometieron mesas de trabajo y espacios para integrar sus peticiones.
“Entregamos a Leticia Varela nuestras propuestas y al señor secretario técnico de la Comisión un análisis de cómo mejorar las condiciones de policías, les entregué el estudio con las propuestas y dijeron que las iban a revisar”, menciona Carlos Martínez Romero, coordinador en la capital de Ciudadanos Uniformados.
No obstante, cuando vieron que el proyecto de ley, que fue consultado con la Comisión de Seguridad Ciudadana, no ampliaba sus derechos. Es por ello que Martínez Romero tomó la decisión de que la asociación cortara el diálogo con el Congreso.
El 21 de julio abandonaron las pláticas con los legisladores y el 24 entregaron otra vez sus propuestas a la Oficialía de Partes. La asociación advirtió que, si no se integran sus peticiones, recurrirán a las instancias legales.
El día que se publique la iniciativa de ley tomaremos las acciones legales por omisión legislativa
El coordinador de Ciudadanos Uniformados, asociación que agrupa al menos 12 mil policías capitalinos, indica que la Ley de Seguridad Ciudadana que mandó la ejecutiva local es muy parecida a la actual de Seguridad Pública.
“Lo que hicieron es copiar y pegar todos los derechos que tenemos en la ley de Seguridad Pública”, considera.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana
Ciudadanos Uniformados asegura que los artículos referentes a las destituciones y las medidas disciplinarias como los arrestos quedaron igual aún cuando son los que más lesionan sus derechos como trabajadores.
“En el caso de destitución, si la autoridad jurisdiccional resolviere que fue injustificada, el Gobierno de la Ciudad solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere”, menciona el texto en el artículo 120.
Martínez Romero explica que lo contenido en el artículo 120 niega la posibilidad de que un policía recupere su trabajo en caso de ser despedido injustificadamente. En el artículo 108 se estipula como una de las medidas de sanción ante faltas reglamentarias los arrestos.
“Los correctivos disciplinarios y sanciones a que se harán acreedores los miembros de las instituciones policiales serán: I. Correctivos disciplinarios: (…) a) Amonestación, y b) Arresto hasta por treinta y seis horas”, menciona la propuesta de ley.
Los uniformados inconformes aseguran que la propuesta de ley que se analiza en el Congreso capitalino no les garantiza regresar a su trabajo en caso de un despido injustificado
La asociación de policías busca la eliminación del arresto como medida disciplinaria porque son factores que acortan el descanso de los oficiales, debido a que cumplen la sanción después de su jornada de trabajo.
Iván Chávez Chávez, representante legal y presidente nacional de Ciudadanos Uniformados, informa que después de la petición a la Oficialía de Partes del Congreso para que se añadan sus propuestas, interpondrán un amparo indirecto en caso de que no tomen en cuenta sus observaciones a la ley.
Además, si el Congreso no explica con y razones fundadas por qué no tomó en cuenta las peticiones de la asociación, interpondrán una demanda por omisión legislativa.
Si la demanda prospera, esperarían a que se publique la ley para después con base en el fallo judicial pedir las modificaciones pertinentes.
Favorece a policías, asegura Morena
José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador de la bancada de Morena en el Congreso y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, reitera que la ley busca proteger el trabajo policial.
El legislador menciona que esta administración está comprometida con sus cuerpos de seguridad y por ello el Gobierno capitalino les ha aumentado el sueldo.
“Se tiene claridad de que los policías son elementos del servicio público y buscan generarles mejores condiciones”, declara.
Rodríguez Díaz de León argumenta que el Congreso está abierto a escuchar las peticiones de los policías y menciona que incluso es un mandato constitucional.
“Existen diversas consideraciones y posturas respecto a la ley, pero por primera vez, gracias al artículo 25, la ciudadanía tiene derecho a hacer observaciones sobre el proceso legislativo”, explica el diputado local de Morena.
Informa que el Congreso definirá qué observaciones integra al dictamen y cuáles no; sin embargo, tiene la obligación de explicar en el caso de la negativa.
La ley tiene que ser aprobada en el próximo mes de septiembre como lo mandata la Carta Magna de la capital.
