Policía de Puerto Vallarta brinda protección a miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación: PGR

A pesar de que la Policía municipal de Puerto Vallarta presenta altos niveles de infiltración por el crimen organizado, como lo evidenció ayer la Procuraduría General de la República (PGR), el alcalde Arturo Dávalos Peña promovió en junio de 2017 que el municipio abandonara el esquema de Mando Único policial.

A través de una iniciativa de su autoría, presentada el 27 de junio de 2017, y aprobada por el pleno del Ayuntamiento el 16 de julio, Dávalos Peña, proveniente de Movimiento Ciudadano, impulsó cancelar la participación de la Policía de Vallarta en la Fuerza Única Jalisco, lo que implicaba sacar al gobierno estatal de las labores de vigilancia del Puerto.

Dice la iniciativa de Dávalos Peña, quien ahora se encuentra con licencia para contender por la reelección en la alcaldía, que “la propuesta del suscrito tiene como fin primordial rescindir y dejar sin efectos legales el Convenio de Coordinación vigente con el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y sus anexos, que tiene por objeto la integración de una fuerza operativa bajo un solo mando para el Estado de Jalisco”.

Ayer la PGR anunció que entre los 18 detenidos considerados miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y quienes estarían detrás del secuestro y homicidio de los ex agentes de la institución, Octavio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio, se encuentra el subdirector Operativo de la Policía de Puerto Vallarta, Ubaldo “N”, además de uno de sus oficiales, Carlos Rogelio “N”.

Sobre estos integrantes de la policía de Vallarta, dijo Omar Hamid García Harfuch, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que “Ubaldo ‘N’ y Carlos Rogelio ‘N’, presuntamente brindaban protección institucional a la organización delictiva mediante revisiones de vehículos y personas que les resultaban sospechosas de llevar a cabo actividades en contra del grupo criminal, así como realizar diversas actividades para este grupo. Se presume que estos sujetos participaron en la privación ilegal de dos elementos de la AIC el 5 de febrero en Puerto Vallarta”.

El alcalde con licencia intentó justificar en parte su planteamiento de abandono al Mando Único argumentando que el municipio tenía que seguir pagando los sueldos de los oficiales que había aportado a la Fuerza Única, mediante la retención de participaciones.

“De forma directa se están afectando las participaciones federales y estatales que le corresponden, no le dan margen para disponer de dichos recursos en otras áreas que son más relevantes, como lo son la prestación de los demás servicios públicos. Además de que el monto económico retenido de forma mensual es altamente considerable, mismo que oscila en la cantidad de un millón 267 mil 107 pesos”.

En el punto segundo del acuerdo se le autorizó al alcalde y a sus funcionarios “para que en nombre y representación del municipio de Puerto Vallarta, celebren y suscriban los actos jurídicos, instrumentos legales, contratos, convenios, acuerdos de voluntades y actos administrativos que diera lugar, a efecto de que el Ayuntamiento rescinda el convenio de coordinación vigente con el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y todos sus anexos, que tiene por objeto la integración de una fuerza operativa bajo un solo mando para el Estado de Jalisco”.

En el punto tercero se les facultó incluso para que, de ser necesario, promovieran acciones judiciales para cancelar la operación del Mando Único estatal en ese puerto, sosteniendo que “se les instruye para que en caso de que no se pueda obtener respuesta favorable y accesible en pro de los intereses del municipio, acudan ante la instancia judicial correspondiente”.

Luego de que la determinación por abandonar este esquema fuera aprobada, tal y como lo que quería el alcalde Dávalos Peña, funcionarios estatales (el secretario de Gobierno, Roberto López Lara y el entonces fiscal, Eduardo Almaguer Ramírez) se reunieron con éste para convencerle de seguir en el esquema, lo que finalmente ocurrió, según reportó la prensa local del puerto el 24 de julio pasado.

Policía en entredicho

La confiabilidad de la policía en Puerto Vallarta ya había sido puesta en entredicho tras el secuestro de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 15 de agosto de 2016, por un comando que actuó con plena libertad de movimiento, en un hecho que ocurrió en un restaurante del bulevar principal de este destino turístico.

Unos días después, el 19 de agosto de 2016, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, confirmó en rueda de prensa que no había ningún policía municipal en las inmediaciones del bulevar mientras se cometía aquel “levantón”:

“En relación con Vallarta, las fuerzas federales no se pueden dar abasto en todo el país para cuidar, calles, plazas y jardines, a quien le corresponde cuidar parques, plazas, calles y jardines, son a las policías municipales”.

“No había y lo vimos así, un solo policía municipal o un solo policía estatal ahí, en ese momento; no hay suficiente policía municipal y hay que corresponsabilizar a las autoridades municipales también en lo que es su función, en lo que es su labor que tiene que ver con los mandos de policía y buen gobierno, que tiene que ver con la atención a las faltas admirativas, a las infracciones, a su vinculación con los jueces cívicos, a faltas administrativas que si no se atienden oportunamente se convierten en delitos”.

“Nosotros pedimos a las autoridades municipales que también pongan atención en lo que le corresponde y particularmente en Puerto Vallarta solicitamos presencia de policía municipal”, exigió en ese momento, Sales Heredia.