Guadalajara y Zapopan echaron por la borda una política que tenía cuando menos siete años de continuidad, desde su inicio en 2007
La certificación de CALEA llegó a ser un proyecto prioritario para la Policía de Guadalajara, la más grande de Jalisco con casi 2 mil 600 oficiales
Los exalcaldes priistas de Guadalajara y Zapopan, Ramiro Hernández García y Héctor Robles Peiro, dejaron que sus Policías perdieran en 2014 las certificaciones que habían logrado, solo unos años antes, de la Comisión para la Acreditación de Agencias de Seguridad Pública (CALEA).
Con esta decisión ambos munícipes echaron por la borda una política que tenía cuando menos siete años de continuidad, desde su inicio en 2007, y que había logrado trascender, como pocas, el cambio del poder del PAN al PRI en el año 2010.
Justo cuando diversas voces coinciden en fortalecer y profesionalizar a las Policías, para acotar al fenómeno delictivo, esos Municipios toman el camino contrario y la acreditación internacional se les va de las manos, pese al largo camino que había ameritado cumplir con más de 280 estándares y las decenas de miles de dólares invertidos.
En el caso de Guadalajara su Policía había obtenido el nivel de Reconocimiento de CALEA en 2008, en el gobierno del panista Alfonso Petersen Farah, y el de Acreditación en 2010, con el priista Aristóteles Sandoval Díaz, tras dirigir no menos de 36 mil 271 dólares en conceptos como cuotas y auditorías.
Es probable que la inversión haya sido mayor, pues solo concretar la Acreditación requería de un millón 695 mil 330 pesos.
La Policía de Zapopan alcanzó el Reconocimiento en 2009, con el alcalde panista Juan Sánchez Aldana, y la Acreditación en 2012, con el priista Héctor Vielma Ordóñez, luego de invertir 24 mil 717 dólares y 268 mil 849 pesos.
Retroceso tapatío
La certificación de CALEA llegó a ser un proyecto prioritario para la Policía de Guadalajara, la más grande de Jalisco con casi 2 mil 600 oficiales.
Sin embargo, reveló que “en el 2014 se optó por no concursar por la re-Acreditación, debido a que CALEA informó durante la auditoría que no estábamos preparados para llevarlo a cabo”.
Por lo que “la Comisaría de la Policía Preventiva actualmente está fuera de la vigencia del programa de Acreditación avanzada, no cuenta con Acreditación por parte de CALEA”, señala en el folio 01507716 de transparencia de junio pasado.
En octubre de 2009, cuando esa Policía la encabezaba Macedonio Tamez Guajardo –hoy diputado federal por PMC-, este destacaba como el resultado de su paso por la institución: “logramos la certificación internacional de calidad en el servicio de CALEA’’.
CALEA, se dijo, había traído un mayor control y disciplina a la Policía, pues “la forma en la que trabaja el policía ya no es de forma empírica sino de forma metódica. Ahora ya todo lo que hace tiene que basarse en un manual de procedimientos”, señaló en marzo de 2009 su director técnico, Sandro García García.
Eso se perdió en 2014, aunque hay constancia de un viaje del actual jefe de la Policía, Salvador Caro Cabrera, a St. Louis, Missouri, del 29 de marzo de 2016, al Congreso CALEA, para la “Firma por parte de CALEA del contrato para formalizar la inclusión de la Comisaría en el programa de acreditación”, lo que indica que podría retomarse.
El descontrol en Zapopan
Tras perder la certificación internacional, la Policía de Zapopan ha dado muestras de alarmante un descontrol interno.
En marzo de 2016 se confirmó que al menos tres de sus policías aparecían con armas y dos patrullas oficiales en un video del cantante Gerardo Ortiz. El Gobierno de Zapopan se dio por enterado hasta que el hecho cobró fuerza mediática.
El retroceso de Zapopan ante CALEA lo confirma Roberto Alarcón Estrada, su comisario de Seguridad, en el Oficio CG/2532/2016, del 7 de junio de 2016, obtenido por transparencia:
“El nivel que se perdió fue el seguimiento anual con el que ya contaba la dependencia, no logrando re-acreditarse en el 2014 por falta de pago al organismo CALEA (…) Actualmente la Comisaría de Zapopan no cuenta con ningún nivel de acreditación vigente”.
Muy atrás quedaba el 21 de marzo de 2009, cuando CALEA notificó a esa Policía y a su titular, Rito Padilla, de su primera certificación: “¡Felicitaciones¡… A nombre de CALEA elogiamos a usted y a la Dirección General de Seguridad Pública por demostrar compromiso con el profesionalismo de las policías en sus políticas y en la práctica”.
El desaire
Los más de 280 estándares que habían cumplido las Policías de Guadalajara y Zapopan y que perdieron en 2014:
> Regulaban con procedimientos y protocolos múltiples aspectos de su operación, lo que significó una mayor capacitación y control de sus oficiales.
> Los estándares normaban, por ejemplo, la detención de personas y el uso de la fuerza necesario y mortal.
> Aspectos básicos como la atención a la desaparición de personas, el traslado de detenidos de alto riesgo, derechos de las víctimas, preservación de la evidencia.
> Coordinación en incidentes críticos y operaciones especiales. También la prevención del delito; apoyo a víctimas que pueden ser objeto de represalia.
> Proveía un Código de Ética; su sistema disciplinario, de selección y evaluación.
> El combate al acoso sexual, la equidad de género, apoyos al personal y su salud; compras, etc.
En saco roto
El gobierno de Héctor Robles Peiro en Zapopan recibió múltiples advertencias en 2014 del riesgo de perder la Acreditación, pero no atendió ninguna.
Desde el 16 de julio, Leonardo Hernández Ramos, jefe de su Academia Policial, avisó al titular de la Policía, Hernán Guízar Maldonado, que estaba pendiente un pago “siendo requisito indispensable para conservar la Acreditación, y llevar a cabo la Pre-auditoría y Auditoría de Reacreditación 2014” -oficio AFP/478/2014-.
Existe, además, una traducción no fechada de una carta de CALEA para Guízar Maldonado, donde le informa del pago pendiente de 8 mil 565 dólares, aunque reducido a 2 mil 238 dólares por un saldo a favor.
El 30 de diciembre, ya con Pedro Guzmán Martín del Campo al frente de la Policía, éste emitió dos oficios, uno al tesorero, Leonardo Gatica -CG/5071/2014-, y a la oficial mayor administrativa, Blanca Caro -CG/5070/2014-, para decirles que “esta Comisaría está suspendida de la Acreditación debido a la falta de pago”, y que de remediarlo, “nos permitirá continuar con la Certificación”. Pero no fue atendido.
