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Una mala actuación de los policías podría echar abajo todo el proceso penal que pueda iniciarse contra una persona
“La policía constituye un actor clave en el sistema penal acusatorio, ya que se trata del primer vínculo del ciudadano con el sistema de justicia”
A pesar de que se han invertido miles de millones de pesos en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, es su elemento primario el que podría poner en riesgo toda su operación y legitimidad: la policía.
Al ser el primer eslabón de la cadena de justicia, una buena actuación policial garantizaría que el proceso penal siga su curso de manera ideal.
Sin embargo, la falta en la capacitación de los policías, uno de los pendientes más graves en la implementación del nuevo sistema de justicia, podría tirar todo por la borda y provocarle un daño irreversible.
En su estudio “Hallazgos 2015”, el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) sostiene que al ser un sistema garantista, una mala actuación de los policías podría provocar que se impugnen anomalías como detenciones irregulares o la dilación en la puesta a disposición de los detenidos, lo que echa abajo todo el proceso penal que pueda iniciarse contra una persona.
Esto traería consecuencias irreversibles no sólo para la operatividad del sistema penal, sino para su legitimidad entre la ciudadanía.
Dentro de 43 días, el 18 de junio de este año, el nuevo sistema de justicia penal deberá estar en operación en todo el país, tanto para delitos del fuero común como del federal.
Para el CIDAC, además de la capacitación de las policías, otro de los grandes pendientes del nuevo sistema de justicia es el número de personal para su operación, cuya falta más grave está en los asesores de víctimas, con un 85 por ciento de rezago.
Resultados, en más de una década
En junio del 2008, el Congreso de la Unión aprobó la transformación del sistema de justicia penal y dio un plazo de ocho años para completar la transición en todo el país.
Este cambio implicó transformaciones en toda la cadena de justicia del país, para pasar de un enfoque inquisitivo a uno acusatorio, donde se realicen juicios orales y recursos alternativos a la prisión.
La transformación del sistema significó una inversión considerable de recursos, que han sido administrados por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Para el subsidio a las entidades federativas se destinaron más de 3 mil 510 millones de pesos entre el 2010 y 2015.
Además, se les otorgó recursos del Fideicomiso de Apoyo para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, operado por Banobras; el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP); y el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg).
El CIDAC calcula que, si se sigue el ritmo de implementación que se ha tenido en los últimos años, el nuevo sistema de justicia penal estará funcionando adecuadamente hasta dentro de 11 años, en el año 2027.
Eso, si se subsanan desde ahora las deficiencias detectadas; si no, el daño podría ser irreversible.
El primer eslabón
Aunque la implementación del nuevo sistema penal requiere de un conjunto de instituciones y organismos para su funcionamiento integral, uno de los eslabones más flojos es el de las policías.
En el nuevo sistema penal, la investigación de los delitos recae en el Ministerio Público y las policías. Por ello, es fundamental una coordinación con las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno para esas labores de investigación.
“El costo calculado para capacitar a los 333 mil 865 policías pendientes es de aproximadamente 271 millones de pesos, mientras que el costo de la capacitación para las competencias profesionales policiales básicas es de 832 millones de pesos”, señala el reporte.
Sin embargo, señala el CIDAC, existe el riesgo de que el esfuerzo institucional de capacitar y homologar la actuación de los cuerpos policiales no tenga los resultados esperados.
El CIDAC cita datos del informe sobre México, del año 2014, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se reporta tortura -552 quejas en la CNDH- y detenciones ilegales -663 quejas en la CNDH-, entre otras violaciones a derechos humanos.
“Dado el contexto de inseguridad en México y la demanda ciudadana de resultados, se corre el riesgo de que se normalicen los abusos a derechos humanos en el país.
“El sistema de justicia acusatorio tiene el gran desafío de desincentivar estas prácticas, al garantizar una investigación científica de calidad y, posteriormente, controles de detención eficaces y jueces que garanticen un estricto respeto a los derechos humanos de los imputados”, sostiene el análisis.
Capacitación, tarea pendiente
Otro de los pendientes que el CIDAC identifica como urgente es el rezago en la capacitación de todos los involucrados en la impartición de justicia.
En materia de capacitación se han invertido más de 484 millones de pesos.
En algunos casos no se tiene con ningún rezago. Por ejemplo, se ha capacitado a 13 mil 102 agentes del Ministerio Público; a 4 mil 363 jueces; y a 2 mil 525 facilitadores, con lo que esas dos áreas están listas al 100 por ciento.
Sin embargo, hasta septiembre pasado, todavía faltaba capacitar a más de 271 mil operadores del sistema de justicia.
Las faltas más graves están en la Policía Ministerial, que no ha capacitado a ninguno de sus elementos; en el caso de los defensores públicos faltan más de la mitad; y solo se ha capacitado al 10 por ciento de los peritos.
