Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Participación Ciudadana se abre un nuevo debate sobre los derechos de los habitantes que viven en los asentamientos irregulares de la capital.
El 13 de diciembre pasado comenzó el registro de proyectos para participar en la consulta del Presupuesto Participativo de 2020, a la que las comunidades que habitan en suelo de conservación o áreas naturales protegidas no pueden acceder a ideas de mejoramiento urbano.
Se trata de localidades que existen en la ciudad, las cuales iniciaron como asentamientos irregulares hace más de 20 años, sus pobladores tienen credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) e incluso comprobantes de domicilio emitidos por servicios privados como la telefonía.
Como San José Aculco y la colonia Albarrada en la alcaldía de Iztapalapa, que tienen 20 años de haberse establecido, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano de la demarcación, y su consolidación está arriba del 60 por ciento.
En la ciudad hay asentamientos irregulares que se crearon hace más de 20 años y sus pobladores tienen incluso credencial para votar
Según el informe de Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Conservación en la ciudad que elaboró en 2016 la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), existen 867 predios así.
Xochimilco es la alcaldía con más localidades así con un total de 314.
Pero al estar catalogadas como asentamientos irregulares por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), no pueden acceder a proyectos de Presupuesto Participativo para obras de mejoramiento, solo a iniciativas culturales.
Las convocatorias para la consulta de proyectos de Presupuesto Participativo no excluyen a los asentamientos, pues estipulan que cualquier habitante de un pueblo, barrio o colonia tiene derecho a registrar su idea si acredita que habita en el lugar.
No obstante, los proyectos de obras e infraestructura urbana no son validados por las autoridades y no avanzan a la etapa de votación.
Esto significa que los asentamientos irregulares tienen asignado un recurso de Presupuesto Participativo pero no lo pueden invertir para mejorar la calidad de sus servicios como drenaje, red de agua potable, luminarias o bacheo.
Vivir en suelo de conservación, problemas de asentamientos irregulares
Alejandro Camacho, habitante de la zona cerril de Santa Cruz Alcapixca, alcaldía de Xochimilco, indica que ha tratado de ingresar tres veces planes de renovación de luminaria y encarpetado, pero ha sido rechazado.
La zona cerril de Santa Cruz Alcapixca es considerada como suelo de conservación.
De acuerdo con Camacho, ahí viven cien familias sin servicio de drenaje, con agua por tandeo y con calles sin pavimentar.
En su caso, el vecino explica que compró a otra persona su propiedad sin saber que era suelo de conservación.
“Yo tengo un contrato de compra-venta desde hace 28 años que llegué, queremos regularizarnos para tener servicios y pagarlos”, menciona.
El vecino indica que entiende el estatus de ilegal de su comunidad.
Sin embargo, refiere que los habitantes del área están dispuestos a ayudar a implementar una política de cero crecimiento urbano si les dota de agua, luz y drenaje.
No nos oponemos a pagar impuestos ni a comprometernos a que no haya más crecimiento urbano, queremos servicios
Añade que si bien son ilegales, también son humanos con derechos cuya mayoría desconocía que adquirió una propiedad en suelo de conservación.
“Es un hecho que ya estamos viviendo aquí, ya hay personas que tenemos necesidades y derechos”, declara.
Proponen modificaciones a proceso
El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, vigente desde el año 2003, estipula que está prohibido realizar cualquier tipo de construcción de vivienda o infraestructura urbana en el suelo de conservación.
El suelo de conservación es la superficie territorial de la capital que aporta a la biodiversidad flora y fauna indispensable para la sustentabilidad, también brinda servicios ambientales para la ciudad como la recarga de agua para los mantos freáticos.
Por lo cual, el Consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Bernardo Valle Monroy, argumenta que los habitantes de las colonias en asentamientos irregulares no pueden realizar proyectos para mejorar sus servicios.
Valle Monroy explica que todos los ciudadanos pueden inscribir sus proyectos para ser validados.
Después, las alcaldías conforman un órgano evaluador que se encarga de definir cuáles y cuántas propuestas por colonia pueden participar en el proceso final, el de consulta.
El Consejero electoral hace énfasis en que el órgano validador no puede dar el visto bueno a ideas que violen la normativa territorial de la capital.
Si el órgano validador avala un proyecto que viola el uso de suelo puede haber hasta consecuencias administrativas
Ante esta situación, Donají Olivera, diputada local e integrante de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso, propone alternativas para los habitantes de las comunidades referidas.
“Ya están ahí y muchos son compradores de buena fe, hay que darles una alternativa para una vida digna”, indica.
Por ejemplo, menciona que si no pueden construir infraestructura urbana, entonces que la Sedema permita su mantenimiento.
“No se va a colocar nada nuevo, pero si se funde un foco de una luminaria, que lo cambien”, considera.
La legisladora también señala que se deben apresurar los trabajos para una nueva Ley de Desarrollo Urbano, que se derive de la Ley de Planeación, y que permita regularizar a los asentamientos.
Olivera indica que también la cuestión partidista o de intereses políticos se debe alejar del tema.
“La cuestión partidaria, en el caso de que si alguna fuerza política los llevó a vivir ahí, se debe dejar de lado, es un tema de visibilizar los derechos de las personas”, refiere.
