Tras el derrumbe de construcciones como Antigua y Espacio Cumbres en Monterrey, las comisiones Unidas de Seguridad y Justicia y Desarrollo Urbano del Congreso local aprobaron crear la figura Director Responsable de Obra (DRO).
Se trata de la reforma al Artículo 355 de la Ley de Asentamientos Humanos y el artículo 239 bis del Código Penal de Nuevo León, que incluye sanciones de tres a ocho años de cárcel ante acciones u omisiones de esta figura.
Un requisito para poder ingresar un trámite de una obra a la Secretaría de Desarrollo Urbano de cualquier municipio es la firma del DRO. Sin embargo, el órgano legislativo de Nuevo León encontró que se lleva a cabo la venta de este requisito por un pago que va de 200 a 250 mil pesos.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso local, el diputado del PAN, Jesús Nava, reveló una serie de actos de corrupción en los proyectos de construcción.
“¿Qué es lo que pasa con los directores responsables de obra hoy en día? Actualmente hay un giro negro en este tema, así como existe la venta de facturas, también existe la venta de firmas. Yo puedo conseguir una por 200 o 250 mil de pesos. Cualquier profesionista pueda dar su firma”, reveló Nava el lunes durante la sesión.
Si esta figura no cuenta con ninguna responsabilidad administrativa, mucho menos penal. En el mejor de los casos, la culpabilidad ante una mala construcción se distribuye entre todos los involucrados, por lo que es muy difícil emprender una acción legal en contra.
“¡Y si te vende una firma por 250 mil pesos y luego la segunda firma 50 mil y si firma como responsable en las medidas de impacto ambiental y te la cobra en 30 mil pesos! Se da mucha corrupción”, evidenció.
250 mil
Hace un año, el 12 de octubre de 2018, un derrumbe en la construcción de una plaza comercial ubicada en la colonia Espacio Cumbres, en Monterrey, dejó ocho víctimas mortales y 15 lesionadas. Pese a que la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría del Municipio de Monterrey iniciaron investigaciones, no se concretó una sanción para los involucrados en esta obra.
En noviembre del 2017, cuatro viviendas se derrumbaron frente a la construcción de un edificio y un estacionamiento. Una pareja de la tercera edad murió y una persona quedó herida, en el Fraccionamiento Antigua en Monterrey.
Sanciones penales para el DRO… y más responsables
Las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública, que preside el diputado del PRI, Álvaro Ibarra, y de Desarrollo Urbano, cuya presidenta es la legisladora del PAN, Nancy Olguín, buscan sancionar incluso con inhabilitación.
“Al Director Responsable de Obra o Profesionista Responsable de Obra que autorice o permita el desarrollo de una construcción en la que otorgó su responsiva, sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o normativa vigente relativa a desarrollo urbano se le sancionará con pena privativa de la libertad de cuatro a ocho años y multa de cien mil cuotas, así como la inhabilitación para desempeñar este empleo”, cita la modificación aprobada.
A su vez, la reforma de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano advierte que será obligatoria la intervención de un DRO en todos aquellos proyectos que supongan la edificación de más de 500 metros cuadrados de construcción.
“Si se trata de zonas de riesgo su participación será obligatoria independientemente del volumen de construcción que se pretenda edificar. Tratándose de proyectos cuyo volumen de construcción sea menor a 500 metros cuadrados deberá contarse con el aval de un profesionista responsable, salvo las excepciones que señalen expresamente los reglamentos municipales de construcciones”, señala la reforma.
El DRO tendrá la obligación de vigilar todo el proceso de la construcción, pues recaerá toda la responsabilidad en su figura.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, criticó que esta iniciativa no contempla responsabilidad para los funcionarios de los municipios y toda recae en una figura.
“Aquí no se le carga a la autoridad su responsabilidad ¿Dónde está el castigo para las autoridades que no brinden la licencia de construcción, el permiso y el uso de suelo? Pero sí le dicen al constructor que empiece a construir”, reclamó.
El Colegio de Asesores en Desarrollo Urbano de Nuevo León dijo que esta iniciativa perjudicará a los DRO.
“El trámite correspondiente es obligación del dueño o constructor”, señala el colegio.
