Podrá inspeccionar el Estado a Refinería de Cadereyta

Amparo interpuesto por Javier González Alcántara permitiría a la Secretaría de Medio Ambiente de NL unirse a la inspección de la Refinería
Jorge Eduardo Villagómez Aréchiga Jorge Eduardo Villagómez Aréchiga Publicado el
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Por medio de una suspensión provisional otorgada por un juez de Distrito, el Gobierno de Nuevo León podrá participar en la inspección a realizarse en la Refinería de Cadereyta a fin de verificar si sus emisiones son dañinas o no para la población.

De acuerdo con Javier González Alcántara, regidor de San Pedro y candidato de Movimiento Ciudadano a una diputación federal, y quien interpuso el recurso ante el Juzgado Segundo en Materia Administrativa, la Secretaría de Medio Ambiente podrá formar parte del comité de expertos que realice la inspección a la instalación de Pemex.

“Es el día más importante desde que iniciamos esta lucha para que la Refinería de Cadereyta deje de contaminarnos a todos (…) No es sólo una inspección, por primera vez, de un tercero ajeno al Gobierno Federal, sino que también nos concede la medida para el efecto de que, en caso de ser necesario, se puedan imponer medidas de seguridad“, afirmó González Alcántara.

Entre estas medidas destaca, incluso, la del cierre o clausura del inmueble en caso de comprobarse que sus emisiones afectan la salud de la ciudadanía.

La resolución faculta al Estado para recurrir a un tercero o especialista que forme parte de su comitiva oficial, aunque primero tendrá que avisar a Pemex, por lo que todavía no hay una fecha tentativa para la realización de la visita.

“Primero es importante que se le notifique esto a la Refinería y también es importante que el Gobierno del Estado pueda preparar a su equipo para realizar estas acciones (…)  Si para hacer una buena inspección se requiere del apoyo de un tercero, el Gobierno del Estado lo va a poder hacer”, afirmó el funcionario sampetrino.

Se ‘enfrentan’ Estado y Gobierno federal por Refinería

La operación de la Refinería de Cadereyta, inaugurada desde 1979, se convirtió en el último “campo de batalla” entre la administración de Samuel García y el Gobierno federal.

Mientras que el gobierno estatal no ha dudado en responsabilizar a la instalación de Pemex como una de las principales culpables de la crisis ambiental por la que atraviesa la Zona Metropolitana de Monterrey, desde la trinchera federal se ha defendido su existencia, argumentando que genera trabajo y no contamina más que otras empresas privadas instaladas en la entidad.

Aunque la inspección se realizaría a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), dependencia a cargo de la Semarnat, el amparo interpuesto por González Alcántara, quien contó con el apoyo del Gobierno del Estado, logró que a la comitiva se una personal de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, cuyo titular, Alfonso Martínez Muñoz, no ha dudado en criticar que la Refinería siga operando.

“La decisión que había tomado este Colegiado implicaba que debía de comprobar que no había contaminación por parte de la refinería, y ya todo Nuevo León sabe que sí está contaminando el Área Metropolitana de manera importante, y no solo en Nuevo León, sino a nivel nacional e internacional”, afirmó.

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