Con la posibilidad latente de que una de sus iniciativas de reforma a la Constitución no sea aprobada, el presidente López Obrador ya anunció que buscaría concretar la nacionalización del litio por medio de una mera reforma legal. Esto en vista del relativo éxito que tuvo su Ley de la Industria Eléctrica ante el escrutinio del Poder Judicial.
Como preámbulo a la discusión de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendió la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Industria Eléctrica promovida hace exactamente un año por legisladores del bloque opositor Va Por México y de Movimiento Ciudadano.
Aunque no se logró la mayoría calificada de ocho votos en contra, lo cuales habrían declarado la inconstitucionalidad de dar preeminencia a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para la compra y despacho, tampoco se alcanzó el mínimo de seis votos a favor que habría avalado la norma, lo que habría puesto fin a amparos y litigios contra la llamada “Ley Bartlett”.
Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y académico del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, comenta a Reporte Índigo sobre los efectos de esta ambigua votación por parte de la Suprema Corte.
“El alcance es doble. Por un lado, la Corte renuncia a declarar lo que es más o menos evidente y que dijo la mayoría: la preferencia injustificada a la CFE que viola la libre competencia y el derecho a un medio ambiente sano. Por la otra, deja en manos de los juzgados de distrito y los tribunales colegiados la resolución de los asuntos”.
Esta ambigüedad no impidió que el primer mandatario celebrara la que llamó una “decisión histórica y patriótica” del Poder Judicial y, dando por hecho que esta se repetirá, anunció que empleará una estrategia similar para blindar la explotación del litio mediante la Ley Minera, en caso de que su reforma eléctrica tampoco logre la mayoría calificada en el Legislativo.
“Si es una reforma legal, no constitucional, entonces podrá ser impugnada ante al Poder Judicial, ya sea a través de amparos o de acciones de inconstitucionalidad, cosa que no sucedería si es una reforma constitucional. Dicho de otra manera, si es una reforma legal, el presidente no podrá ‘blindarla’”.
Aunque en los hechos López Obrador lograría, mediante meras modificaciones a leyes, lo que plantea su reforma eléctrica respecto a la rectoría del Estado en materia eléctrica y de explotación del litio, esta estrategia también abriría la puerta a disputas legales que, a su vez, generarían una gran incertidumbre en torno al sector energético mexicano.
“Absolutamente. La Corte decidió no concluir el problema, eso prolonga la incertidumbre, pues los amparos podrían darse en cualquier sentido. Incluso el asunto podría regresar a la Corte justo por la vía del amparo”; advierte el abogado por la UNAM y miembro de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.
