El Poder Judicial del Estado de Nuevo León informó que sufrió este fin de semana un intento de hackeo a su sistema, por lo cual se procedió a la activación del mecanismo para proteger los datos.
Por medio de un comunicado, el Consejo de la Judicatura del organismo confirmó que sus plataformas de ciberseguridad detectaron un intento de hackeo, con el que ciberdelincuentes querían ingresar a su sistema por medio de un virus.
Tras corroborar la intrusión se implementó de manera preventiva el Protocolo de Seguridad de Informática el cual contempla varias acciones para proteger los documentos.
La institución detalló que una de las acciones que se implementaron fue un proceso de “vacunación” de los más de 70 terabytes de información que están almacenados en los servidores electrónicos en los más de tres mil 500 equipos de cómputo.
También se bajaron los sistemas de información internos, así como también los externos, en donde se incluye el Tribunal Virtual, con el fin de proteger los datos y que el virus fuera aislado.
Tras la detección del intento de hackeo y la activación del protocolo de manera oportuna, el Poder Judicial confirmó que los hackers no lograron robar ningún tipo de información.
En el comunicado, difundido por redes sociales, el organismo aseguró que toda la información se encuentra segura y en perfecto estado, pues los ciberdelincuentes no lograron extraerla o eliminarla.
Sin embargo, las medidas de seguridad conteplan la reanudación de los sistemas en un lapso de 72 horas, tiempo que las actividades jurisdiccionales trabajarán de manera ordinaria.
Ante ello, el Poder Judicial del Estado explicó que los términos judiciales que mantiene en curso tendrán que ser reprogramados y reanudados en los próximos tres días.
¿Qué hace el Poder Judicial del Estado de Nuevo León?
El organismo público esta constituido por 16 magistrados y funciona en Pleno, Salas Colegiadas y Unitarias, y le corresponde la función de ejercer los juzgados como de Juicio Civil Oral, Familiar, entre otros.
Al Poder Judicial le corresponde hacer valer la constitucionalidad local relacionado con lo civil, familiar y penal, así como también debe garantizar la vigencia de las normas de la Constitución y leyes federales.
