La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, denunció que, actualmente, el Poder Judicial “no coopera, sino que bloquea las transformaciones que requiere el proceso democratizador actual y no está en armonía con las demandas de la ciudadanía”.
En ese sentido, dejó en claro la importancia de poner especial atención en los procedimientos y jueces de distritos locales, ya que, en su opinión, muchos de los vicios y corruptelas ocurren ahí.
“La administración de justicia en favor de los más desfavorecidos encuentra a ese nivel sus primeros obstáculos, pues quien puede comprarla obtiene los fallos judiciales a su favor y quienes no, frecuentemente, solo obtienen el oprobio, el presidio o el olvido”, señaló.
Al respecto consideró que por ello “es justa y necesaria” una reforma democratizadora del Poder Judicial, toda vez que el pueblo de México exige poner fin a la impunidad, la corrupción, la violencia y el contubernio entre autoridades, jueces y criminales de todo tipo, aseveró.
Separación de poderes bajo cooperación
La legisladora por Morena advirtió que la separación de poderes debe tender a la cooperación armónica entre los órganos del Estado, para que la voluntad popular se exprese y materialice en leyes, instituciones y decisiones para beneficio del pueblo.
Rivera detalló que la reforma propuesta tiene entre sus principales elementos que todos los jueces y magistrados, desde los locales hasta los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sean electos mediante voto directo de la ciudadanía.
Dijo que eso no significa que los jueces y magistrados vayan a emprender campañas electorales a través de algún partido político, sino que, para dar a conocer sus propuestas, programas de trabajo y perfiles profesionales tendrían acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión.
Reducciones, el primer paso
Otros puntos importantes de la reforma, detalló, son la reducción del número de ministros de la SCJN, de 11 a nueve; la disminución de su periodo como magistrados de 15 a 12 años; y la eliminación de las dos salas superiores de la Corte, detalló en un artículo titulado “Transformar el Poder Judicial para garantizar la justicia y consolidar la democracia”.
Además, las y los candidatos a ministros de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral serían propuestos de la siguiente manera: 10 por el Poder Ejecutivo, 10 por el Poder Legislativo (cinco por cada Cámara) y 10 por el pleno de la Corte, y en todos los casos, con respeto a la paridad de género.
En lo que respecta al Consejo de la Judicatura Federal, puntualizó, se propone sustituirlo por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial.
Con esta modificación se logra que ningún magistrado o magistrada concentre atribuciones y facultades que puedan derivar en autoritarismo y arbitrariedades, explicó.
La legisladora tlaxcalteca, quien continuará ocupando un escaño por segundas ocasión consecutiva, indicó que la reforma propone garantizar la justicia pronta y expedita al establecer como máximo un año para que los jueces y magistrados resuelvan asuntos en materia penal y seis meses en materia fiscal, y así evitar demoras que terminan por afectar a los más pobres y favorecer a los oligarcas que pueden pagar abogados durante años para no ser afectados en sus intereses.
La ruta
En cuanto a los nueve foros sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), con los cuales se ampliará el parlamento abierto sobre dicho tema, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados detalló que éstos empezarán el próximo jueves en San Lázaro.
▶️ Esta semana la Primera Comisión de la Permanente analizó un acuerdo para ampliar el estudio de la reforma al Poder Judicial a través de diálogos y el ejercicio del parlamento abierto. pic.twitter.com/MnPKgVAw1p
— Senado de México (@senadomexicano) June 22, 2024
El resto se hará en julio: El primero en Jalisco; el día 2 en Toluca, el 9 en Chiapas, el 12 en Veracruz, y el 23 en Puebla.
En tanto, el 30 se realizará en la Cámara de Diputados y los dos últimos se harán el 6 de agosto, en Saltillo, Coahuila, y el 8 de ese mes, en Sinaloa.
