El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, está decidido a hacer una limpia al interior del Poder Judicial de la Federación.
Durante las últimas semanas, el ministro expresó de manera pública la necesidad de promover una evaluación sobre el actuar de los funcionarios que laboran en juzgados y tribunales, y combatir los actos de corrupción.
Esta postura reformista adoptada por Zaldívar tiene el objetivo de legitimar las determinaciones que se toman en el Poder Judicial, el menos vigilado de los tres que conforman la Federación.
El lunes, el ministro presidente recalcó que su apuesta es acabar con el nepotismo ya revelado desde hace años en el sistema encargado de impartir justicia en el país; agregó que es necesario que jueces y magistrados ya no sean ajenos y carentes de empatía con la sociedad.
La propuesta de promover una evaluación sobre el actuar de los funcionarios que laboran en juzgados y tribunales tiene el objetivo de legitimar las determinaciones que se toman en el Poder Judicial
“En un país donde la gente nos observa a los jueces alejados, ajenos al dolor de los ciudadanos, ajenos a los cambios sociales que requiere nuestro país, me parece que los jueces no podemos quedarnos estáticos y no podemos quedarnos encerrados y me parece que los ministros no podemos seguir viviendo en una esfera de cristal a la cual no puede acceder nadie”, mencionó Zaldívar en la inauguración del XI Encuentro Universitario con el Poder Judicial.
Sin embargo, esta estrategia de erradicar los malos actos no es lo único que debe preocuparle a Arturo Zaldívar, ya que inicia en un complejo contexto por los cambios ocurridos en los últimos días en la esfera judicial mexicana.
La reciente renuncia de Eduardo Medina Mora a la Sala Superior de la Corte, por supuestas presiones emitidas desde el Poder Ejecutivo, y la suspensión indefinida de Jorge Arturo Camero Ocampo, magistrado federal del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, quien antes de esta sanción otorgó amparos para frenar la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, colocaron en el centro del debate la independencia y autonomía del Poder Judicial
Después de que el propio Medina Mora dio a conocer públicamente su dimisión al cargo, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, exigió que se aclararan las causas y denunció presiones por parte del Gobierno federal, por las investigaciones abiertas sobre un presunto enriquecimiento inexplicable que inició la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ahora exministro.
“No corresponde al titular del Poder Ejecutivo facilitar la salida de un ministro de la Suprema Corte que no haya expuesto en su renuncia causa grave. Por lo anterior es violatoria a nuestra Constitución la pretendida aceptación inmediata del Ejecutivo Federal”, se lee en un documento difundido por Marko Cortés en el que también exigió respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial.
De acuerdo con el párrafo tercero del Artículo 98 Constitucional, “las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”
Es por ello que el Partido Acción Nacional no consideró que se hayan resuelto las causas sobre la dimisión de Medina Mora.
En tanto, el 8 de octubre el Pleno del Senado aprobó la renuncia del exministro ante las exigencias de la oposición por esclarecer los motivos.
Arturo Zaldívar informó en días posteriores que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió de manera indefinida al magistrado Camero Ocampo por conductas indebidas.
Este magistrado (Jorge Arturo Camero) venía siendo una pieza muy relevante por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial para una red de conductas indebidas que no serán toleradas en el Poder Judicial de la Federación
Sobre la renuncia de su compañero de la Sala Superior, Zaldívar solo expresó que por respeto a Medina Mora no podía pronunciarse al respecto.
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Independencia del Poder Judicial en duda
Las polémicas suscitadas en el Poder Judicial que llegaron hasta el Máximo Tribunal de Justicia, mantienen los ojos de la oposición en las futuras resoluciones de las controversias constitucionales presentadas.
De comprobarse que existió presión por parte del Gobierno federal para que un Ministro renunciara como parte de una estrategia política, la SCJN quedaría en una posición muy vulnerable
Para Gustavo Madero, senador del PAN, la deserción de Medina Mora no es una casualidad ya que sí hubo presión del Ejecutivo para que tomase esa decisión, luego de que la UIF abrió investigaciones en su contra.
“No es algo normal que un Ministro de la Corte renuncie de esta manera. Y era un ministro que además estorbaba a este gobierno que requería ese espacio (…) De repente el Poder Judicial empieza a cambiar los amparos que están en contra del Aeropuerto de Santa Lucía y la suspensión de Texcoco”, expresa.
El legislador panista agrega que esto abre la puerta para que el presidente de la República tenga injerencia en la SCJN y con ello dirigir los votos necesarios para inclinar la balanza en eventuales resoluciones de controversias constitucionales; expresa también que el Poder Ejecutivo busca sembrar miedo en sus adversarios que pretenden dar una batalla judicial por considerar malas algunas de las acciones por parte del gobierno.
“Todo esto es una misma y armoniosa melodía que está orquestando el Gobierno federal para imponer el terror al Poder Judicial y no haya quien se atreva a ir adelante en algún voto o de algún recurso en contra de este Gobierno, porque ya sabe lo que le espera”, comenta Madero.
Para Mariano Calderón, socio especialista en derecho constitucional del despacho Santamarina y Steta, de comprobarse que existió una presión por parte del Gobierno federal para que un Ministro renunciara como parte de una estrategia política, la SCJN quedaría en una posición muy vulnerable.
Es fundamental e indispensable que la Suprema Corte y todo el Poder Judicial demuestren una imparcialidad a la Constitución y a las leyes, conforme a criterios jurídicos y que no ponga en consideración criterios o elementos de índole político
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Borrar las sospechas
Especialistas en derecho constitucional consideran que la forma en la que el Poder Judicial puede desmarcarse de las acusaciones sobre su falta de independencia es ejerciendo sus funciones apegándose con rigurosidad a las leyes al resolver las controversias.
Para José Luis López Chavarría, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, el Poder Judicial no debe de fungir como un contrapeso debido a que su función no es de carácter político opositor.
“Los integrantes del Poder Judicial no tienen que ser, en estricto sentido, un contrapeso político de la Presidencia, su fuente de legitimidad corre por caminos diferentes.
“La Presidencia se sustenta y se legitima a través del voto popular; al Poder Judicial por su parte le corresponde velar la observancia y la aplicación de lo que dice la Constitución y las leyes. Es así como opera el equilibrio de las tareas del Estado”, explica López Chavarría.
Mariano Calderón afirma que es necesario que políticos y jueces respeten la división de poderes. Añade que aun cuando el mismo sistema judicial audite a sus integrantes, como lo plantea Arturo Zaldívar, será medular que las investigaciones se realicen con apego a la ley.
“Si queremos un Poder Judicial fuerte, se debe actuar conforme a la ley antes de sancionar a cualquier magistrado o juez que se señale por cualquier acto de corrupción”, menciona.
Futuras controversias para el Poder Judicial
En el futuro cercano la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá varias oportunidades para demostrar que no existen presiones externas al resolver controversias constitucionales de relevancia para la ciudadanía de manera clara.
Una de ellas es la revocación de mandato del presidente que ayer fue avalada en el Senado de la República.
En el mes de junio, los partidos de oposición a Morena expresaron que de aprobarse la revocación buscarían impugnarla ante la SCJN.
A pesar de que la iniciativa fue aprobada ayer con 98 votos a favor, el PAN decidió no avalarla, a excepción de su senador Damián Zepeda.
La llamada “Ley Bonilla” es otro caso que podría escalar hasta le Máximo Tribunal de Justicia del país.
Esta Ley fue aprobada por el Congreso de Baja California en agosto pasado y tiene por objeto que el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdéz, ocupe ese cargo por cinco y no por dos años, lapso para el que fue designado originalmente
Aunque ya existen intenciones de grupos opositores a Bonilla para impugnarla, el Ejecutivo local no ha publicado la reforma que amplía el mandato, lo cual podría suceder hoy.
En su conferencia matutina de ayer, López Obrador dijo que no impugnará la Ley, pero sí mencionó que está seguro de que será impugnada.
“Nuestra opinión desde el Ejecutivo es que se tiene que publicar la ley porque no se ha publicado. Se llegó al extremo de que el Congreso (local) o algunos diputados dijeron que no se publicaba porque no la encontraban; es decir, que se traspapeló, pero son ‘chicanadas’ porque al momento que se publique se va a impugnar y tiene que ir a la SCJN y ahí se va a resolver de manera definitiva”.
Antes de su renuncia a la SCJN, Eduardo Medina Mora suspendió las sanciones del Congreso de Nuevo León en contra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.
La determinación del exministro ocurrió a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el Congreso neoleonés debía sancionar a Rodríguez Calderón por haber hecho uso de recursos humanos del gobierno de la entidad cuando reunía firmas para obtener su candidatura independiente a la Presidencia.
Por su parte, el Congreso de Nuevo León presentó un recurso de reclamación ante la SCJN para que el fallo emitido por Medina Mora se elimine y se eche abajo la suspensión para continuar con el procedimiento de imposición de sanciones a El Bronco.
La impugnación de la Ley Bonilla, de la revocación de mandato y del fallo emitido por Medina Mora para evitar se castigue a El Bronco son actualmente algunos de los temas más complejos y polémicos que el Poder Judicial deberá resolver
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El presidente de las ternas
Para sustituir a Medina Mora el presidente deberá enviar una terna al Senado de la República, donde se designará al nuevo ministro con los votos de dos terceras partes del Pleno.
Esta será la tercera terna que enviará López Obrador para un ministro de la Corte a solo 10 meses de que inició su gobierno.
Juan Luis González Alcántara Carrancá fue al primero que se designó con la terna presentada por el presidente en diciembre de 2018 y Yasmín Esquivel Mossa fue la segunda en marzo pasado.
Para el año 2022, López Obrador deberá enviar una nueva terna por el término de mandato del ministro José Fernando Franco González Salas. Es decir, que al final de su sexenio, el político tabasqueño habrá propuesto a cuatro de los 11 ministros de la SCJN.
