En México el 68.8 por ciento de la población, es decir, 75.1 millones de habitantes, viven en tan solo 74 de los 2 mil 464 municipios que conforman el país. Gran parte de ellos en la precariedad y pobreza.
En estas zonas metropolitanas es común la carencia de servicios básicos, de calidad de vida, la pobreza y la segregación.
Estas problemáticas cultivadas desde hace varias décadas, se han convertido en uno de los principales retos de los tres órdenes de gobierno, los cuales, con un presupuesto muy reducido y con fallas en la coordinación, intentan hacerles frente.
“La mayor parte de la población vive en las zonas urbanas y especialmente en las zonas metropolitanas. Considero que en muchas ocasiones hay una falta de mecanismos de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para poder atender las grandes necesidades y carencias.
La pobreza urbana es de las pobrezas más dolorosas que tenemos a nivel nacional porque a comparación de la pobreza rural, la pobreza urbana se enfatiza más y es mucho más dramática por el tema de la falta de espacios y servicios públicos, de equipamiento, algo que es meramente notorio
Cristina Mejía tiene que despertarse 6 días a la semana a las 04:00 de la mañana para poder llegar a tiempo a su trabajo. Ella junto a su familia pensaron hace dos años que estaban comenzando a hacer su sueño realidad: vivir en su propio hogar después de pasar toda una vida con la abuela.
Sacando créditos y gastando sus ahorros, la familia García Mejía compró una casa en el Fraccionamiento Rancho Alegre en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco, una de las zonas en la entidad en donde más ha proliferado el boom inmobiliario y donde hay más carencias de servicios básicos y transporte.
Durante la primera semana de su nueva vida, Cristina se dio cuenta que para poder tomar cualquier autobús tenía que caminar cerca de media hora hasta la carretera que conecta a Chapala con Guadalajara.
Después de la caminata, la vendedora de una tienda de vestidos para novia en el centro de la capital del estado, tiene que tomar tres autobuses que recorren 30 kilómetros en 3 horas para poder llegar a su empleo.
En dos ocasiones y después de llegar de una larga jornada de trabajo, se dio cuenta de que se habían metido a robar a su casa y que se habían llevado hasta el refrigerador. Ella se lo achaca a la falta de seguridad en el fraccionamiento y a las constantes fallas en el alumbrado público.
“Ya no quisiera vivir aquí, pero no tengo de otra”, comenta Cristina.
La semana pasada la Sedatu presentó el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024, un proyecto derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la estrategia del Gobierno federal para solucionar los problemas de Cristina y de otros millones de personas más que viven en la pobreza.
“Algo que hemos venido haciendo con el área de mejoramiento urbano es, en la medida de lo posible y con los recursos que disponemos, disminuir las grandes brechas económicas que tenemos en el ámbito urbano, sobre todo en aquellas colonias de mayor marginación.
“Pero el nivel de necesidades es abrumador y no hay recursos presupuestales suficientes para poder atenderlas todas”, revela Meyer.
¿Y el financiamiento contra la pobreza?
En el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024, la Sedatu propone como fuente de financiamiento el fortalecimiento de la aplicación del Fondo Metropolitano y establecer acuerdos con la banca de desarrollo y con organismos de cooperación nacional e internacional para generar proyectos, programas y políticas.
Pero para Román Meyer, gran parte de los recursos para los municipios deben de venir de las arcas de los mismos municipios.
Se deben fortalecer sus capacidades técnicas y acompañarlos en diferentes mecanismos para que puedan hacerse de mejores herramientas y de una mayor capacidad presupuestal.
“Muchos proyectos están financiados por el Gobierno federal pero hay una carencia de recursos a nivel local, se tienen que reforzar más, los gobiernos municipales tienen que encontrar mecanismos para recabar ingresos a sus propias arcas para que puedan detonar el desarrollo económico y social”, comenta Meyer.
Una de las principales fuentes de financiamiento en los municipios es el predial, un impuesto que debe de pagar cualquier persona que sea dueña de una propiedad y cuyo dinero va de regreso a la sociedad a través de servicios públicos locales como alumbrado, pavimentación y recolección de residuos.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es uno de los países que menos recauda este impuesto con apenas el 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto. El promedio de los países miembros de la OCDE es de 1.9 por ciento.
El ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, reveló hace unos días en su columna que solo el 5 por ciento de los 2 mil 464 municipios tienen la capacidad administrativa para recaudar el predial de manera eficiente.
“Los municipios poco a poco fueron perdiendo capacidad técnica y capacidad de recaudación fiscal, estamos hablando del predial. El predial es el ejemplo más simple y más fácil de entender de cómo un municipio puede captar plusvalías que el uso de suelo va generando en su propio territorio.
“Tenemos que fortalecer la planeación urbana a través de los programas de desarrollo urbano municipales y que ellos tengan también claridad de cómo regularizar poco a poco el tema de la tenencia de suelo (…) porque hay autoridades que no son formales y que no cobran este impuesto”, agrega Meyer Falcón.
