Olvidados por la sociedad y menospreciados por las autoridades se encuentran las personas recluidas en centros penitenciarios. La pandemia actual ha evidenciado cómo este la población penitenciaria ha sido invisibilizado incluso en temas de salud.
Durante la mesa de análisis ‘Las cárceles: una bomba de tiempo en la contingencia’ la organización Causa en Común, en compañía de otros expertos, denunciaron la falta de recursos a los que se enfrenta la población penitenciaria para hacer sobrellevar la emergencia sanitaria que se vive en el país por el coronavirus.
Apolonio Armenta, titular de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario de Coahuila y participante de la mesa, aseguró que hasta el día de hoy la población penitenciaria o trabajadores no han recibido un cubrebocas, careta, par de guantes o gel antibacterial por parte de las autoridades para cuidarse y prevenir contagios de coronavirus.
“Hemos tenido que enfrentar la pandemia con nuestros propios recursos. Hablamos de una población de alrededor de 200 mil reclusos, entre prisiones federales y estatales que cuidamos con lo que tenemos al alcance. Hasta ahora tenemos confirmados 78 casos, esto quiere decir que pese a todo hemos controlado los contagios porque se dispuso de la cancelación de visitas para no exponer a los reclusos ni a sus familias”, afirmó.
De acuerdo con Armenta, las cárceles en México no tienen recursos suficientes en materia de salud para sobrellevar una pandemia y lamentó que dicha situación se deba a que se les considere como el último eslabón en la cadena de justicia.
Población penitenciaria olvidada
No contar con el presupuesto ni el compromiso adecuado ha generado que las personas en prisiones sean invisibilizadas por el gobierno y la sociedad. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, enfatiza que una de las razones por las que esta población no es tema de agenda es debido a que los internos no votan en elecciones, y por ello a los políticos les da igual.
Para Eduardo Guerrero Durán, asesor en materia penitenciaria, seguir sin prestar atención a las cárceles en el país es dejar que éstas se conviertan en escuelas del crimen, pues se han dado casos en que una persona ingresa por delitos como robo y una vez dentro se especializa en secuestro o extorsión.
“Si las cárceles no se cuidan se vuelven centros de operación de la delincuencia organizada, se registran delitos de alto impacto desde ahí y esto no puede seguir así. Debe de haber voluntad política de cambiar esta realidad, urge un diagnóstico real de lo que sucede en los centros penitenciarios, es lamentable que no se haya dado un protocolo de atención en cárceles por el Covid-19 desde la Fase 1 de la pandemia”, sentenció.
Para Saskia Niño de Rivera, directora general de Reinserta AC, no cabe duda de que la pandemia vino “a sacar los trapitos al sol” de las lamentables condiciones en que se encuentran las cárceles.
Niño de Rivera afirmó que pese a que el Gobierno Federal había iniciado desde finales de marzo la medida Quédate en casa, las cárceles seguían operando con manera regular en el tema de visitas a los internos.
“Los centros no se cerraron porque son la caja chica del gobierno. Que una familia visite a un interno implica un ingreso para un custodio a quien se le soborna para ingresar entonces ese dinero extra, por llamarlo así, no lo quisieron perder los custodios porque hay quienes tienen un sueldo de ocho o hasta seis mil pesos al mes”, detalló.
Si bien Ana Pecova, directora de EQUIS Justicia para las Mujeres, coincidió en que la población penitenciaria es invisibilizada, subrayó que para las mujeres en situación de cárcel el olvido se acentúa aún más.
“Aunque las mujeres en cárceles representan una minoría de la población privada de la libertad, hay un incremento mayor en la tasa de crecimiento. Entre los aspectos más preocupantes que hemos encontrado es que no se toma en cuenta el contexto de las acusadas al enviarlas a prisión, se ignora que en su mayoría se trata de mujeres con poco acceso a trabajo, escasos recursos, la gran mayoría se dedican a labores del hogar, cuentan con bajos niveles de educación o que incluso más del 75 por ciento son madres y de éstas más del 90 por ciento son madres solteras”, expresó la especialista.
“En México no existe una institución que se ocupe exclusivamente de saber qué pasa con los hijos una vez que la madre va a prisión”, añadió.
A manera de conclusión, las organizaciones urgieron a las autoridades a implementar medidas para reducir la población penitenciaria, como colocar un brazalete a personas acusadas de delitos que no sean de alto impacto, resguardo domiciliario, presentación periódica, y así resolver el problema de la sobrepoblación en centros penitenciarios.
También recalcaron la importancia de disminuir el número de delitos a prisión preventiva oficiosa y recomendaron como un proyecto de largo plazo el rescate y mejoramiento de las instalaciones, constante capacitación al personal, la creación e implementación de programas de prevención de adicciones y sobre todo no dejar de invertir en los centros de reclusión.
