El artículo 21 del proyecto de Constitución plantea que el aumento del valor de un inmueble sea patrimonio de la ciudad
El artículo 21 del proyecto de Constitución para la Ciudad de México que se discute en la Asamblea Constituyente ha generado malestar entre ciudadanos que temen golpeé su patrimonio.
Una petición ciudadana en la plataforma change.org, en donde le solicitan a Miguel Ángel Mancera la derogación de polémico artículo, ya cuenta con cerca de 30 mil firmas.
En el citado artículo, tal y como lo envió el jefe de Gobierno, se plantea que cualquier aumento en el valor de un inmueble pasaría a ser patrimonio de la ciudad.
En el artículo 21 inciso C, fracción 7 del proyecto de Constitución entregado el pasado septiembre por Miguel Mancera se establece que:
“Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas de la ciudad”.
La ambigüedad en la redacción ocasionó que los detractores iniciaran la petición en la plataforma, ante lo que consideran un “atentado a la propiedad privada”, por lo que exigieron la eliminación de este apartado.
Son al menos dos comisiones las que están discutiendo el tema de plusvalías, la de Principios Generales y la de Desarrollo Sustentable.
El dictamen que podría presentarse el día de hoy contempla ligeras modificaciones a la redacción del proyecto del jefe de Gobierno.
“Los incrementos en el valor del suelo derivados de la inversión y los servicios públicos y los cambios en las normas y regulaciones en el uso de suelo son parte de la riqueza pública de la ciudad.
“Considerando su aplicación equitativa en beneficio de la población de menores ingresos, su destino a la zona que los genera y a las áreas más degradadas de la ciudad”.
De esta forma, el dictamen aún tendría que ser llevado ante el pleno, pero es muy probable que se apruebe para su integración en la Constitución, y será en las legislaciones secundarias donde se establecerán porcentajes y el destino final de los ingresos.
“No importa cuánto nos esforcemos por comprar un bien inmueble, todo el margen de valor que aumente con los años, comúnmente conocido como plusvalía, será propiedad y parte de la riqueza del Gobierno de la Ciudad de México… adiós a la propiedad privada”, señala la petición.
Los diputados constituyentes aseguran que el tema aún se encuentra en discusión, y que de ninguna manera se trata de un afán confiscatorio, sino una medida de equilibrar el desarrollo inmobiliario en la ciudad.
Los legisladores desmienten que en el proyecto de Constitución se intente atentar contra la propiedad privada, sin embargo es la propia desinformación sobre la discusión del proyecto la que está generando estas manifestaciones en contra.
Mientras en la Constituyente se siguen desahogando los dictámenes en las comisiones, en ocasiones con gran hermetismo, la ciudadanía da muestras de no dejar que se pase por encima de sus derechos.
Equilibrar el desarrollo
El vicecoordinador de la bancada del PRD en la Asamblea Constituyente, Raúl Flores, asegura que la medida no atenta de ninguna forma en contra de la propiedad privada, y considera que dicha afirmación es un exceso.
“Nadie está hablando que tu propiedad, o del departamento de interés social o del casateniente en general tengan la pérdida del plusvalor de su vivienda por efecto de la apreciación inmobiliaria”, dice Flores.
De lo que se trata este artículo, afirma el legislador, es de formalizar contribuciones que ya se están regulando.
“Ya se prevé que cuando hay una ganancia, cuando va a haber un proyecto comercial, que tiene que ver con una ganancia, haya una previsión de los efectos que va a causar, o de aquellas acumulaciones de valor que regula la propia ley de desarrollo urbano.
“Lo que se está intentando es que haya una contribución mayor a aquellos que hacen un uso más intensivo y comercial del espacio de la Ciudad de México”, explica.
El perredista afirma que la importancia de este debate es que se tiene que buscar la forma en que los grandes desarrolladores y constructores aporten para mitigar el impacto de sus proyectos, de buscar una política que trate fiscalmente de equilibrar el desarrollo.
“De lo que se trata es hacer que las medidas de mitigación que ya existen de los grandes desarrollos inmobiliarios ya vengan señaladas en la Constitución. Pero a los propietarios, nadie les va a ir a requisar”, detalla.
Beneficio social
El diputado constituyente por Morena, Jaime Cárdenas, descartó que el citado artículo pretenda establecer una medida confiscatoria sobre la plusvalía de la propiedad privada inmobiliaria.
“Desde luego que eso es equivocado. No se podría hacer una cosa confiscatoria, en contra de los derechos de las personas. No puede el Constituyente violar la Constitución de la República, ni violar el derecho de propiedad, ni establecer un gravamen confiscatorio”, aclara.
Considera que el tema de la plusvalía es uno de los más sensibles en la Constitución, y que esta inquietud ciudadana obedece a una falta de información.
Dice que aún está por definirse porcentajes y si será parte del predial o será una contribución diferente, la cual sería única y no una contribución periódica.
“La finalidad de ese gravamen o esa contribución es beneficiar al resto de la población, es decir, sí hay una plusvalía, por supuesto que el propietario o el adquirente obtiene parte de la plusvalía, pero otra parte de la plusvalía va a tener propósito social”.
“La idea es que, desde luego, el propietario tenga su plusvalía, pero que haya una parte que se destine al beneficio social”, abunda Cárdenas.