Hacer un desarrollo urbano sin planeación en la Ciudad de México tiene un costo alto: afecta la calidad de vida de las personas y pone en riesgo su patrimonio.
En el contexto de la consulta y elaboración del Programa General de Desarrollo Urbano y del Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad, sectores de la población han protestado por lo que consideran un proceso viciado.
El pasado 5 de julio, el Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial, la convocatoria para la consulta del Programa General de Desarrollo Urbano y el Plan de Ordenamiento Territorial que guiarán el crecimiento de la capital durante los próximos 20 años.
Sin embargo, el poco tiempo que se definió como plazo para consulta a la ciudadanía, de solo 7 días, causó las molestias de diversas asociaciones y grupos vecinales.
Además, los habitantes de la capital piden participar en el proceso porque consideran que la problemática de falta de planeación y de urbanización irregular no se puede resolver de manera aislada.
Una de las muestras que ejemplifican la problemática de desarrollo, son los datos de ONUHábitat que en un artículo titulado “Superficie de CDMX crece a ritmo tres veces superior al de su población” se detalla el impacto de la mancha urbana en la capital.
La fuente mencionada revela que la población anualmente en la capital crece a una tasa de 1.1 por ciento y el suelo urbano se incrementa al año 3.3 por ciento.
Lo anterior significa que de 1980 a 2017 las construcciones y la urbanización pasaron de estar presentes en 61 mil 820 hectáreas a 235 mil 267, respectivamente.
Según ONU-Hábitat, lo anterior es causado por la falta de planeación territorial y provoca problemas como la escasez de agua, la pérdida de reservas naturales, entre otras repercusiones
Las víctimas de la mala planeación
Vecinos de la ciudad referida afirman que la falta de programación del desarrollo en la capital también afecta a quienes viven en la ciudad y ven perjudicado su patrimonio por las inmobiliarias.
Una de las víctimas de esta situación, es Luz María Moreno Juárez, habitante de un predio en la calle Playa Miramar 384, en la colonia Reforma Iztaccíhuatl Norte, alcaldía Iztacalco.
En 2015 se construyeron dos edificios de 16 departamentos, sótano y estacionamiento a lado de su casa, sin importar que el uso de suelo no era el permitido.
“Les dieron un certificado irregular porque la colonia está protegida por una norma particular que evita que se hagan construcciones de tantos niveles”, dice Moreno Juárez.
No obstante, amparados en la norma general 26 del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México vigente, construyeron dicho inmueble que tiene siete niveles y rebasa por dos el límite establecido, afirma.
La mujer detalla que tramitó un recurso legal ante el Poder Judicial en contra de la construcción y, en 2017, falló a su favor y la alcaldía le revocó la manifestación de construcción y el certificado a la constructora Lumo.
Moreno Juárez dice que la construcción es irregular porque rebasó los niveles permitidos y supuestamente es vivienda social pero en realidad es un desarrollo de lujo. Destaca que la norma que utilizó la constructora, la 26, es la que está diseñada para incentivar la vivienda de interés social, no la residencial.
“La construcción dañó los muros colindantes de mi casa, busco que me reparen los daños y demuelan los dos pisos extra”, menciona.
Sin embargo, su lucha se vio interrumpida por la pandemia, pues la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) no ha podido concluir la investigación correspondiente a su caso y la alcaldía tampoco ha clausurado la obra aunque ya le revocaron los permisos.
En este sentido, considera, si la planeación y el ordenamiento territorial sigue sin hacerse de la mano con vecinos, las mismas problemáticas permanecerán.
“Si ahora que tenemos normas y leyes que supuestamente nos protegen, pasan este tipo de cosas, qué nos puede esperar si continúa así y no nos toman en cuenta”, señala.
Moratoria urbana y mayor participación
Se necesita que el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto de Planeación Democrática de la Ciudad de México implementen una moratoria de construcción durante la consulta del Programa General de Desarrollo Urbano y el Plan de Ordenamiento Territorial y que también integren a la ciudadanía en la construcción de ambos documentos, dice Édgar Avilés Gómez, integrante del frente civil Salvemos la Ciudad.
“Se necesita que no sólo nos consulten, si no construir los planes en conjunto”, explica.
Avilés Gómez reconoce la decisión de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de enviar una reforma al Congreso de la Ciudad de México para hacer una modificación a la Ley de Planeación y que el periodo de consulta del plan y el programa no sólo sean seis días y se extienda siete meses.
“Es bueno que se haya escuchado esa demanda, pero también se necesita que durante este periodo no haya más construcciones”, explica.
El activista detalla que esto es necesario para que, mientras el Gobierno de la Ciudad y sus habitantes estén afinando las guías del desarrollo urbano dentro de los próximos 20 años, las inmobiliarias no aprovechen.
“Actualmente, están aprovechando la pandemia y vemos muchas construcciones, para que ya no suceda necesitamos la moratoria”, declara.
Por último, considera que una buena planeación de la Ciudad en este momento es trascendental debido a los problemas que padece la capital.
“Más construcciones es más contaminación, menos agua y menos calidad de vida, se necesita que ya se regule mejor todo y se escuche a los principales afectados, los que vivimos en la capital”, considera.
El pasado 21 de julio, Salvemos la Ciudad, junto con otras organizaciones vecinales, entregó un oficio al gobierno capitalino con las demandas mencionadas.
