Planeación en juego
El Instituto de Planeación definirá la política pública para los próximos 20 años en la ciudad, pero no hay consenso entre el Gobierno, la oposición y la ciudadanía para aprobar su operación
David MartínezLa Ley de Planeación de Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, que marcará el rumbo de los proyectos de la capital, está en juego. Tanto el Congreso local como la sociedad civil y la jefatura de Gobierno buscan plasmar su propia visión sobre el tema para los próximos 20 años.
Por una parte, el Gobierno de la Ciudad de México mandó su propuesta, pero el diputado panista Federico Döring acusa que da facultades a la ejecutiva local para nombrar al titular del Instituto a modo sin un perfil restringido.
Mientras que el mismo Döring, presidente de la Comisión de Planeación del Congreso, junto con el diputado perredista Víctor Hugo Lobo, mandó otra donde se define un perfil académico y ciudadano para quien lo encabece.
Por otra parte, la sociedad civil busca que el director del Instituto de Planeación no tenga un perfil que los responsables del desarrollo inmobiliario de la capital cumplan y al que puedan aspirar.
La ley de planeación tiene que ser aprobada en septiembre de este año o a más tardar en diciembre.
Su importancia es que dará seguimiento a los proyectos de infraestructura, movilidad, sustentabilidad, medio ambiente y desarrollo urbano durante 20 años, de acuerdo con la Constitución de la capital que recién entró en vigor.
Congreso vs Gobierno
Los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron el 30 de mayo una nueva propuesta de Ley de Planeación de la Ciudad de México debido a que presuntamente la que mandó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no contempla los temas trascendentales de la capital.
En entrevista con Reporte Índigo, el panista Döring indicó que la propuesta de la jefa de Gobierno es “maltrecha” porque sólo le interesa la designación del titular.
Durante la sesión de la Comisión de Planeación del 14 de mayo de 2019, cuando se presentó en una mesa de trabajo la propuesta, se informó cómo podría a ser el proceso de selección del titular del Instituto.
La junta de Gobierno, presidida por la Jefatura de Gobierno y conformada por los titulares de las Secretarías de Administración y Finanzas; de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Gobierno; Medio Ambiente; y de Movilidad, mandaría una terna de Comité de Selección.
Los miembros del Comité serán seleccionados por el titular de la Jefatura de Gobierno y ratificados por el Congreso capitalino.
A su vez, dicho órgano mandaría a la jefa de Gobierno otra terna con cinco candidatos para ocupar la dirección, cuya elección tendría que ser ratificada por mayoría calificada.
Sin embargo, Döring señaló que en los requisitos se deja la puerta abierta para que el director sea uno de los responsables de la corrupción inmobiliaria durante la administración pasada.
“Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener cuando menos 35 años cumplidos, contar con formación académica en materia de planeación, desarrollo, ciencias sociales, humanas, públicas y estadísticas, contar con reconocimiento y experiencia en la materia de planeación y desarrollo, tener experiencia probada en el sector público en funciones no directivas, y obviamente no estar inhabilitado para ocupar cargos públicos”, son los requisitos propuestos por la jefa de Gobierno para ocupar este cargo.
El legislador indicó que pedir experiencia en el sector público abre la posibilidad para que exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda involucrados en el llamado “cártel inmobiliario” tomen las riendas del órgano planificador.
Por lo cual, entre los cambios más importantes que estipula la propuesta que presentó junto con el legislador perredista Víctor Hugo Lobo están en los requisitos para designar al director.
“No puede ser que sea alguien que fue o pudo ser parte del cártel inmobiliario, nosotros ponemos una serie de candados para que sea alguien de experiencia en planeación con neutralidad política (…) que no tenga conflicto de interés ni que haya sido parte la nomenclatura del desarrollo inmobiliario”, explica el presidente de la Comisión de Planeación del Congreso.
Sin embargo, la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es la que definirá si se aprueba la propuesta de Sheinbaum o la de la oposición.
La visión ciudadana pata la Ley de Planeación
María Teresa Ruiz, urbanista y activista de la asociación Suma Urbana, coincide en que el perfil propuesto por Sheinbaum era el de un funcionario vinculado con el desarrollo inmobiliario.
La activista también señala que la propuesta gubernamental es poco rigurosa en la elección de los comités técnicos del instituto pues se quieren dejar a mayoría simple del Congreso. Además, acusa que la participación ciudadana está reducida dentro de la Junta de Gobierno del órgano, que plantea la presencia de un Consejo Ciudadano.
“Les hace falta definir la participación de la ciudadanía, porque actualmente es un ‘te pedimos opinión y ya luego les decimos por qué no la tomamos en cuenta’, queremos que se haga una ley de planeación donde se nos tome en cuenta con mecanismos para ello, en la ley se debe tomar en cuenta el Atlas de Riesgo para el desarrollo urbano”, argumenta Ruiz.