El plan migratorio propuesto por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es calificado como una estrategia para segregar y vigilar a las personas en movilidad en vez de una posible solución a la crisis.
Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) se pronunciaron en contra de la medida aceptada por el Gobierno mexicano de recibir cada mes a 30 mil personas de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela, deportadas de Estados Unidos.
“Esto va a generar un caos terrible en la frontera. ¿Con qué recursos? ¿Con qué infraestructura? Esto debe motivarnos a buscar y dar apoyo al Gobierno mexicano para que esto no se permita o, si se va autorizar, pues que vengan con los recursos necesarios, de tal manera que nuestros presidentes municipales y gobernadores fronterizos puedan enfrentar esta situación”, señaló el diputado Santiago Creel Miranda.
Alerta entre migrantes por CBP1
El pasado 5 de enero, Joe Biden hizo un llamado a los migrantes que solicitan asilo a realizar el trámite desde su país de origen, a través de la aplicación móvil CBP1, una estrategia que genera incertidumbre y críticas.
“La app CBP1 recaba mucha información de los solicitantes de asilo, que luego es usada en su contra en las Cortes de Migración”, señala Paulina Olvera Cáñez, directora ejecutiva de Espacio Migrante, en Tijuana, Baja California.
Olvera Cáñez asegura que las organizaciones promigrantes desconfían de esta aplicación y da lectura a un comunicado en el cual organizaciones de abogados en Estados Unidos señalan que CBP1 es parte de un sistema amplio de recolección y vigilancia que está siendo utilizada para violar la privacidad y deportar a las personas migrantes a sus comunidades.
“CBP1 requiere que las organizaciones que tramitan estos procesos para los migrantes envíen una foto que será vinculada a los programas de reconocimiento facial de CBP.
“Nos comentaban que la utilización de reconocimiento facial tiene muchos riesgos hacia la privacidad, cuando CBP tiene en su poder el reconocimiento facial de una persona está comprobado que crea el riesgo de una vigilancia persistente donde el gobierno puede seguir monitoreando los movimientos de esta persona sin su conocimiento.
“Bajo el programa MPP (Quédate en México), los oficiales de CBP llegaron a tener una galería de 70 mil solicitantes de asilo que se envió inmediatamente al ICE, entonces estas agencias también comparten esta información, lo cual se vuelve perjudicial, pues se incrementa el riesgo de ser vigilados y deportados, por ello las organizaciones no confiamos en esto”.
Dificultades de origen
Paulina Olvera Cáñez señala otra de las dificultades a las que se enfrentarán las personas solicitantes de asilo: la falta de recursos y la incertidumbre por tener que volver al país del que están huyendo.
“Al mismo tiempo que Estados Unidos abrió el camino de la vía legal, en la práctica es muy difícil que las personas que están huyendo puedan hacer el trámite de esa manera”.
Olvera Cáñez detalla que quienes realicen el trámite tienen que ser personas que no han atravesado por Panamá o México.
“Uno: quienes ya se encuentran en territorio mexicano no califican para esto. Dos, se les pide un pasaporte vigente, lo cual puede ser un trámite sencillo, pero en casos como Venezuela los pasaportes son muy contados, ahorita hay un gobierno que no puede tramitar este documento, lo mismo sucede en Haití y en Nicaragua.
“El hecho de que deban quedarse en su país de origen, donde corren peligro y sufren amenazas de muerte, el hecho de esperar a que les otorguen el pasaporte, el cual llega a ser muy costoso, descalifica a las personas más vulnerables”.
Gobierno cómplice y rebasado
Cada 60 minutos, se internaron de manera ilegal cuatro migrantes centroamericanos en territorio mexicano durante 2022, según el Instituto Nacional de Migración.
La falta de atención y de derechos es una constante que critica Paulina Olvera, pues a ellos se sumarán los prácticamente mil diarios que enviará Estados Unidos.
“México, al recibir a estas personas, se está volviendo cómplice, pero a la vez no está garantizando a las personas sus derechos, no les está dando tampoco opciones para permanecer en México, solo está ayudando a las políticas de Estados Unidos para bloquear las peticiones de asilo”.
Señala que los estados de la frontera norte de México se han convertido en salas de espera, pues mientras más se endurecen las medidas para cruzar de manera legal las personas se aglomeran y, sin documentos para su estancia legal, terminan siendo blanco del crimen organizado.
Paulina pone sobre la mesa un fenómeno derivado de las deportaciones: México está creando una población indocumentada en su territorio.
“No tiene acceso a trabajo, muchas personas en Tijuana elogiaban a la comunidad haitiana que se estableció y adaptó, pero ahí México tuvo una gran estrategia al brindarles apoyo y documentación.
“A partir de 2019 ya no fue así, creo que si México creara programas de información e integración de la población sería distinto, pero ahorita lo que está haciendo es prácticamente ayudar a Estados Unidos a bloquear el derecho al asilo”, concluye.