SUSCRÍBETE
Seis reformas constitucionales del presidente López Obrador ya avanzaron en el Legislativo. Por Rubén Zermeño y Rubén Arizmendi. Foto: Especial

Se enciende la maquinaria del Plan C de AMLO

Lejos de ser solamente un discurso con fines electorales, como lo acusó la oposición, las primeras reformas constitucionales del presidente López Obrador avanzaron sin ningún problema, quedando pendientes las más polémicas

Lo prometido, no será deuda. A menos de dos meses de que termine su encargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador avanza a toda velocidad con lo que será su último legado, una serie de 18 reformas constitucionales que ya comienzan a ver la luz en el Congreso de la Unión.

A pesar de las polémicas, dimes y diretes de meses anteriores, durante la semana pasada los legisladores de Morena y sus aliados lograron materializar las reformas de López Obrador en materia de pensiones, vivienda, salario mínimo, austeridad republicana y transporte ferroviario.

Por lo que el trecho para concretar el Plan C cada vez es más corto, pero será más sinuoso de hoy en adelante ya que en el tintero quedan las reformas más espinosas de la propuesta, como la reforma al Poder Judicial, la reforma al sistema político, la que desaparecería varios órganos autónomos y la que incorporaría la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El primer round, Morena y sus aliados la tuvieron fácil ya que las reformas aprobadas durante la semana pasada fueron avaladas prácticamente por todas las fuerzas políticas.

Aún así, hubo pequeñas diferencias y conatos que seguramente se agravarán cuando se discuta el resto de reformas.

Los objetivos de estas reformas, de acuerdo con el propio presidente López Obrador, son continuar con la política de austeridad republicana y terminar con un entramado institucional que presuntamente no sirve a los beneficios del pueblo.

Cuando se propusieron, el 5 de febrero del 2024, despertaron las alertas de la oposición, organizaciones sociales, especialistas e incluso órganos autónomos, pero lucían muy distantes de concretarse.

Incluso, algunos políticos de oposición comentaron que todo se trataba de un discurso político con miras de ganar el mayor número de puestos posibles el 2 de junio.

Ese día, el de la fiesta democrática más grande e importante en la historia del país, todo cambió. No solo Claudia Sheinbaum resultó electa para darle continuidad al proyecto de López Obrador, sino que la oposición se vio fragmentada y minúscula y Morena y sus aliados consiguieron los números necesarios para no tener freno en el Legislativo y poder aprobar las reformas del presidente.

Tras dichos resultados, incluso el político tabasqueño insistió en que metería el acelerador al cierre de su gestión, porque ya le alcanzaban los números, y que si algo quedaba pendiente, pasaría la estafeta a Sheinbaum para que al inicio de su gestión lo materialice como máxima prioridad.

Automáticamente, las alertas se encendieron, Morena y sus aliados tendrían el poder del Ejecutivo, el Legislativo y amagaban con mermar al Poder Judicial y a los órganos autónomos.

Advertencias y respaldos

A la lista de advertencias a las reformas de AMLO, se sumó Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien señaló que la reforma al Poder Judicial incrementará el riesgo de captura política de dicho poder.

“Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo en contra de ciertos jueces, en las cuales se ha expresado desacuerdo con las decisiones adoptadas por dichos jueces”, dijo la especialista.

Por su parte, el político tabasqueño dijo que no respondería a la ONU ya que en el organismo internacional hay mucha “diplomacia improductiva” y “turismo diplomático”.

“Que no les guste a ellos pues no sé a qué intereses representan, es un problema también de cómo las oligarquías en el mundo han ido controlando todos estos organismos”, agregó.

Internacionalmente, la reforma de AMLO fue avalada por la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

“Pienso que la utopía, una de las dos que tenemos que proponer desde el sur, es la justicia, reformar una justicia que está totalmente cooptada por los factores de poder económico, absolutamente presionada por los medios hegemónicos de comunicación, porque cada uno tiene un muerto en el ropero”, dijo.

El origen del ‘Plan C’

Casi al iniciar el actual sexenio el presidente López Obrador comenzó los amagues en contra del INE y su entonces presidente, Lorenzo Córdova. El 28 de abril del 2022 presentó una iniciativa de reforma electoral para disminuir el número de consejeros en el órgano autónomo, eliminar el financiamiento a los partidos políticos para actividades ordinarias, desaparecer a los legisladores plurinominales y a los organismos públicos locales.

La iniciativa fue desechada el 6 de diciembre de ese año. Casi inmediatamente arrancó el “Plan B” a través de un paquete de reformas a leyes generales, las cuales sí avanzaron pero después fueron declaradas inconstitucionales por violaciones al proceso legislativo.

El “Plan C” de Morena y sus aliados fue conseguir la mayor cantidad posible de escaños y curules para en la próxima legislatura materializar su reforma electoral y otros cambios constitucionales al Poder Judicial y órganos autónomos, escenario que es muy probable.

Puerta giratoria y después candado

Sin ningún problema, avanzaron las primeras reformas constitucionales en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados planteadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la recta final de la actual legislatura para heredarlas a la LXVI legislatura del Congreso de la Unión.

Con ello, los adagios comienzan a tener forma, pues Morena y sus aliados legislativos del PT y del Verde Ecologista, se impusieron a los opositores del Partido Acción Nacional (PAN), pues PRI y MC, en las primeras dos rondas, se sumaron al partido mayoritario.

Al momento, los diputados han avalado el dictamen referente al programa Jóvenes Construyendo el Futuro; la pensión de retiro con un monto del 100 por ciento del último ingreso laboral; la determinación de que los incrementos salariales estarán por encima del crecimiento de la inflación y el apoyo diverso a trabajadores para adquirir una vivienda digna; Vías y Transporte Ferroviario, y Austeridad Republicana. A lo largo de los próximos días se analizarán el resto de los dictámenes.

Mientras legisladores de Morena insisten en que sí o sí concretarán el Plan C del presidente López Obrador, el bloque opositor aclara que sólo avalarán las reformas benéficas para el país y las referentes al Poder Judicial y órganos autónomos las frenarán. Foto: Especial

Es así que el oficialismo se impone a los panistas, quienes anunciaron que solo avalarán algunas propuestas del plan C que benefician a las y los mexicanos, no así las modificaciones legislativas, en sus términos actuales, al Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El senador panista, Damián Zepeda, opina que de manera oportunista Morena presentó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja, los dictámenes que obviamente podrían aprobarse sin dificultad por los diputados, pero dejaron al final la del Poder Judicial y la desaparición de los órganos autónomos, porque saben que no tienen en el Senado, hasta este momento, la mayoría calificada para concretar una reforma constitucional.

En entrevista, el legislador muestra su preocupación por la iniciativa presidencial de reforma judicial, al señalar que es “dañina para el país”, por lo que hizo un llamado a Morena y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para que se analice el tema con detenimiento y se eviten precipitaciones que puedan afectar gravemente al sistema de justicia en el país.

El legislador por Sonora destaca la necesidad evidente de reformar el Poder Judicial, pero advierte que aprobar una propuesta que permita la elección de jueces, magistrados y ministros sin la capacidad necesaria, abriría las puertas para la intervención del crimen organizado en el sistema judicial.

“Es un hecho que necesitamos una reforma al Poder Judicial, no hay que oponernos a eso. Claro que el Poder Judicial necesita mejorarse, como todos los demás, pero esta reforma presidencial en sus términos es dañina”.

‘El Plan C se concretará’

En su momento, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, anunció que su partido propondría una reforma alterna para autonomía del Poder Judicial y de la Corte, sin embargo, los diputados federales del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya y Gerardo Fernández advierten que con o sin oposición el plan C se concretará en el Congreso de la Unión.

Robles Montoya subraya que existen muchos recursos en fideicomisos que pueden ser utilizados para ese noble propósito de garantizar la justicia para el pueblo, refiriéndose a la declaración de la titular del INE, Guadalupe Taddei y la falta de recursos económicos para concretar la elección popular de jueces, ministros y magistrados.

La senadora de Acción Nacional, Kenia López Rabadán considera que reformar al Poder Judicial es un error garrafal y una ocurrencia que podría ahuyentar a los inversionistas.


Además, en respuesta a la declaración del diputado morenista Ignacio Mier en el sentido de que “no hay prisa para desaparecer siete órganos autónomos y entes reguladores antes de que termine el sexenio”, López Rabadán advierte que la oposición en el Congreso rechazará el plan C en este y otros rubros, porque el oficialismo no tiene la mayoría calificada en el Senado.

Ignacio Mier comenta en entrevista que esta decisión se debe a que dichas instituciones fueron creadas en periodos neoliberales,

“Estos organismos los crearon para proteger intereses y como ya cambió la política, ya no queremos ese poder fáctico, dual, paralelo, no queremos un poder formal y uno real, uno de hecho y otro de derecho”, concluye.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, eliminar los órganos autónomos sólo dejará un ahorro de 84 millones de pesos.

Reformas espinosas

El pasado 5 de febrero la oposición se cimbró, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una serie de reformas que cambiarían por completo el andamiaje y la arquitectura del sistema político mexicano.

De materializarse el proyecto, se eliminarían órganos autónomos, los máximos representantes del Poder Judicial serían elegidos por voto popular y se le diría adiós a los legisladores plurinominales, entre muchos cambios.

A partir de ese día y tras varios meses de pugna, el proyecto del político tabasqueño está cerca de materializarse.

Al respecto, el líder priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, critica la postura y propuesta del presidente.

“Se trata de un discurso populista y electorero, pues permitir que desaparezcan todos los organismos autónomos sería un atentado contra la democracia y los derechos humanos”, dice.

Por su parte el coordinador de Movimiento Ciudadano en la cámara alta, Clemente Castañeda, asegura que su bancada seguirá siendo un “dique contra el autoritarismo”, por lo que refrendó el compromiso de los naranjas para no permitir que se debilite ni al Poder Judicial ni a los órganos autónomos.

También, el líder de la bancada naranja asegura que su partido seguirá oponiéndose a la militarización de la vida pública de México y al desmantelamiento de las instituciones democráticas del país, de ahí que una de sus prioridades es  el último tramo de la Legislatura, que finaliza el 30 de agosto, será impulsar una serie de iniciativas en favor de los trabajadores.

Entre ellas, la ampliación de la licencia de paternidad a cuando menos veinte días, la creación de licencias laborales para las personas que son cuidadoras de sus familiares o de otros seres queridos y licencias por menstruación, como ya sucede en otros países.

Movimiento Ciudadano también buscará que se reconozcan los derechos laborales de personas que trabajan en plataformas digitales y la garantía de una pensión digna para las personas que dedicaron su vida al trabajo en el campo.

Castañeda enfatizó que también impulsarán la aprobación de la cobertura universal y gratuita para combatir el cáncer infantil, como ya sucede en Jalisco.

Síguenos en Google News para estar al día
Te puede interesar