Plaguicidas: la pugna que pone en riesgo el campo mexicano

En México no existe una ley que regule el uso de plaguicidas y fertilizantes considerados de alto impacto para el campo, por lo que su posible regulación y prohibición ha generado posicionamientos encontrados de agricultores, productores y hasta empresarios que se dedican a este sector en el país.

La disputa para vetar este tipo de productos — considerados como altamente peligrosos — a nivel nacional, puso en la mesa el debate sobre las repercusiones que esta medida tendría para productores y los cultivos, así como los efectos nocivos del uso prolongado de estas sustancias.

La escalada de precios en los alimentos sería uno de los efectos inmediatos en caso de que este impedimento legal logre prosperar en el Legislativo.

La reacción en cadena de empresarios y agricultores se traduce en una advertencia general: no hay alternativas de pesticidas en México.

Luis Eduardo Gonzáles Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores Agroquímicos (UMFFAAC), asegura que la regulación que se plantea desde el Congreso de la Unión no contempla el impacto negativo que tendría para la actividad comercial y la industria que desarrolla este tipo de productos, pues en la actualidad no hay un catálogo de productos a bajo costo.

“Nadie está peleado con prohibir lo que pudiera ser tóxico o dañino para los campos de México, sin embargo, las autoridades carecen de estudios en estos momentos, por eso es tan grave que se pretenda votar una iniciativa o reforma.

“El impacto sería grave para los agricultores de todo el país y, por supuesto, habría un incremento en toda la cadena de producción”.

Para tener contexto de lo que significa este mercado, la producción en promedio de estos pesticidas a nivel nacional de 2007 a 2010 fue de aproximadamente 112 mil toneladas.

De ahí la importancia de actualizar el catálogo de productos que se ofertan en la actualidad.

Mientras tanto, el Consejo Nacional Agropecuario, coincidió que el prohibir los plaguicidas químicos sin una discusión “seria y científica” sobre el tema pone en riesgo la seguridad alimentaria a nivel nacional, porque es justo en este sector que se definen los precios de los alimentos que conforman la canasta básica.

Mercado ilegal

A la par de este mercado de plaguicidas se ha ido cocinando otro con productos pesticidas que se ofertan a un precio más bajo pero que son el doble o triple de dañinos para los terrenos donde se cultivan alimentos y para los trabajadores que labran la tierra.

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, reconoce que el uso eficiente de estos pesticidas es vital para los costos de los alimentos, pues se abaratan conforme funcionen o no.

Detalla en entrevista con Reporte Índigo, que restringir el catálogo de los productos que ahora disponen los productores y empresas agravaría el mercado ilegal que ya existe en la República.

“Los agricultores tienen acceso a plaguicidas más baratos, pero que son piratas o ilegales. Si pensamos que prohibir estas sustancias va a resolver los problemas de salud están equivocados, lo que se necesita es elevar la cantidad y calidad de los productos. Que algunos de ellos se vendan bajo ciertas reglas”, sostiene el investigador.

Organizaciones civiles han alertado en diversas ocasiones que el uso excesivo y la falta de mínimas medidas de seguridad de los plaguicidas han provocado problemas nocivos a la salud para quien los maneja y la contaminación de grandes extensiones de terreno fértil en el país, aunado a la contaminación de frutas, verduras y alimentos.

¿Un mal necesario?

Las plagas y enfermedades pueden arruinar hasta el 70 por ciento de un cultivo, de acuerdo con productores agrícolas consultados por este diario.

Los trabajadores exponen que la afectación — en caso de una prohibición — tendría alcances inimaginables y una merma para más de 60 mil familias que dependen directamente de esta actividad.

A ello se le suman los costos que tienen que asumir los trabajadores de estas tierras cuando una cosecha o cultivo no se logra por plagas, condiciones climatológicas u otros factores que dificultan la producción de alimentos.

“La prohibición de plaguicidas haría inviable la producción de alimentos, inevitablemente también se encarecerían. Los cultivos son cada vez más difíciles al no contar con apoyos y herramientas que faciliten nuestro trabajo”, afirmaron agricultores.

Greenpeace, organización civil dedicada a la defensa del medio ambiente, reveló que a consecuencia del uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos, el daño a los suelos y ecosistemas de México es irreversible, por lo que a corto plazo se vivirá una crisis de la producción de alimentos y un problema de salud pública debido a la alta toxicidad que se emplea en las tierras de cultivo.

“Se cuenta con un solo catálogo oficial de plaguicidas que no ha sido actualizado en diez años, por eso es que se habla de un nivel alto de la peligrosidad ante su uso prolongado”, afirman en entrevista los trabajadores del campo.

La importancia de la producción agrícola es tal que esta cadena es la principal suministradora de alimentos a mercados locales, supermercados, negocios de comida y empresas más grandes en el territorio nacional.

La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) refiere que en el suelo mexicano se emplearon en promedio 4.55 toneladas de plaguicidas por cada 100 hectáreas entre los años 2009 y 2010.

Cofepris, la traba burocrática

El tiempo que se registra en promedio por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para obtener el aval y comercializar un nuevo pesticida ha orillado a los productores y empresarios a continuar con el uso de los productos tradicionales.

La Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores Agroquímicos precisa que son alrededor de dos mil 700 trámites de nuevos productos fitosanitarios que se encuentran en la congeladora por la Cofepris.

“Hoy en día un insecticida para una hectárea cuesta alrededor de 250 pesos; si sacamos de la lista estas sustancias, los agricultores ahora tendrían que pagar de 600 a 800 pesos por productos en el mercado ilegal y que son más dañinos”, sostiene.

Y es que son de cuatro a cinco años los que tarda un trámite de registro ante esta autoridad, según refieren las cámaras de agroquímicos y plaguicidas a nivel nacional, por lo que prefieren usar los que ya existen en el mercado.

Datos oficiales revelan que el 60 por ciento de la producción en los campos mexicanos es de pequeña superficie, es decir, de cinco hectáreas o menos.

Mientras que las personas que trabajan estas tierras en su mayoría no cuentan con tractores o herramientas sofisticadas; labran sus tierras con herramientas y químicos caseros.

“Lo que mata al agricultor mexicano son este tipo de iniciativas que castigarían al campo y al bolsillo de todos los mexicanos”, externó en un comunicado la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores Agroquímicos.

Fernando Bejarano, de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), explica que la eliminación de plaguicidas considerados como dañinos tiene el objetivo de evitar malformaciones, abortos, problemas de alteración hormonal y otros padecimientos que se manifiestan a lo largo de los años por su uso prolongado.