Pijy, un caso más de revictimización e impunidad

La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Oaxaca están en la mira de organizaciones y defensores de derechos humanos para que investiguen y resuelvan el caso de una víctima de violencia sexual y robo de identidad.

Pijy, que significa flor en ayuujk, es el sobrenombre de la joven de origen mixe quien sufrió una violación agravada a la edad de 15 años y ahora, nueve años después, no sólo exige justicia para que se restituya la orden de aprehensión en contra de su presunto agresor identificado como Plácido M.S., sino también para que se sancione a la persona que suplantó su identidad y a quienes lo permitieron.

A fin de revisar el estado de la carpeta de investigación por su denuncia, en días recientes la mujer acudió ante las autoridades ministeriales de Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec, y fue notificada por el Juzgado de Control y el Ministerio Público (MP) que su caso está sobreseído –resolución que pone término total o parcial al proceso–.

Las autoridades le informaron que “la denunciante” otorgó el perdón al imputado el 20 de septiembre pasado, por lo que la orden de aprehensión emitida también quedó suspendida.

“Pijy quedó desconcertada, pues ella no había otorgado el perdón ni había acudido ante el juez ni al MP en dicha fecha. Se narra en la comparecencia que la violación era falsa y que incluso la víctima se había casado con Plácido después de la acusación”, denunció Joaquín Galván, representante legal de la joven, en redes sociales para hacer pública la situación y recibir apoyo.

Actualmente el expediente cuenta con dos credenciales de identificación: la de la víctima y la de la mujer que suplantó su persona, por lo que acusan actos de negligencia o corrupción.

Destaca que la supuesta responsable del robo de identidad responde al nombre de Karla N. N. y se presume que es la actual pareja de Plácido, señalado también por ser un operador político en la región.

Respaldo con cautela

En entrevista con Reporte Índigo, el también defensor de los derechos humanos dice que, desde que se difundió la historia, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Fiscalía General del Estado se acercaron a la víctima para conocer más detalles de lo sucedido.

Sin embargo, señaló la ausencia de un posicionamiento público por parte del organismo judicial.

“Me llama mucho la atención este silencio institucional, que no me había pasado en otros casos, y que, más allá de cuidar algún aspecto del proceso, creo que están buscando que esta información no se difunda a mayor escala porque estaríamos hablando, o de una gran negligencia de las instancias judiciales y de investigación, o de un gran acto de corrupción de estas mismas autoridades”, expresa.

Por su parte, la tarde del 12 de octubre pasado, la DDHPO informó que dio inicio a una investigación “ante la presunta suplantación de identidad de una mujer víctima de un delito de índole sexual, que derivó en el sobreseimiento del juicio contra su agresor”.

Detalló que mediante el expediente DHPO/0043/RIJ/(10)/ OAX/2022, solicitó informes a la Fiscalía y al TSJ estatales sobre lo sucedido, además de pedir que se dicte una medida cautelar para garantizar la seguridad de la víctima.

Doble revictimización hacia la joven mixe Pijy

Joaquín Galván comenta que la joven está viviendo dos casos de revictimización; primero, para poder reactivar su primer caso por violación y, segundo, para probar que ella es la misma persona que interpuso la denuncia.

Asegura que el responsable directo es el sistema judicial, mientras que hace un llamado enérgico a Arturo Peimbert Calvo, fiscal general del estado, para que atienda las denuncias.

“Ha dado gala de una inoperancia increíble, sobre todo en el tema de mujeres, y es importante que sepamos cómo le van a explicar a la sociedad que ocurrió esto”, manifiesta.

A su vez, señala la posible responsabilidad del juez de Control de Matías Romero, Omar Morales Simón.

Respecto al estado emocional y físico de Pijy, expresa que se encuentra procesando la situación, pero, pese al coraje e incertidumbre, está decidida a que su caso se resuelva.

“Ella nos ha dado la autorización de poder ayudar a compartir su historia, muchas veces preferimos no exponerla para que no vuelva a sufrir revictimización, pero está firme en que quiere justicia. Si ella nos dice adelante, adelante, si nos dice, hasta ahí, lo respetamos”, menciona.

Sentar un precedente

El representante legal de la víctima subraya la gravedad de lo ocurrido al indicar que no solo afecta a Pijy, sino a todas las personas que están viviendo procesos judiciales importantes.

De este modo, asegura que la situación tiene que sentar un precedente en varios elementos procesales en materia penal y judicial, principalmente para proteger a las poblaciones vulneradas.

En ese sentido, expresa que las mujeres indígenas tienen que lidiar con el primer hecho de ser mujer y añadirle que son indígenas, que viven en condiciones de pobreza o que son hablantes de una lengua indígena.

“Esta violencia estructural es la que las afecta a ellas y a sus comunidades. Curiosamente, y es algo que debemos de tomar en cuenta, el Código de Procedimientos Penales no establece que se verifique a la víctima, que sea precisamente ella la que está compareciendo.

“De ahí lo importante de que se siente un precedente que llegue hasta la Suprema Corte para que puedan establecerse los lineamientos necesarios, incluso para los legisladores, y evitar que esto vuelva a pasar”, explica.

Precisa que, aunque el Poder Judicial y el Gobierno, a nivel federal, presuman de llevar a cabo acciones y políticas públicas en beneficio de las mujeres, una ley o una determinación del Estado no necesariamente modifica la conducta social.

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