La organización sostiene que el uso de la fuerza por parte de la policía fue desmedido
Los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera Espinosa cuentan con una gran oportunidad: demostrar que no tolerarán la impunidad y la injusticia.
“Para ello deberán investigar seria e imparcialmente los informes de violaciones de los derechos humanos, hacer públicas sus conclusiones y llevar a rendir cuentas a los responsables de estos hechos”, dice Daniel Zapico, coordinador de Movilización e Impacto de Amnistía Internacional México.
Representantes de esta organización entregaron el viernes pasado al presidente de México y al alcalde del Distrito Federal un documento que denuncia los hechos violentos en las manifestaciones del pasado 1 de diciembre.
El documento está firmado por 20 personas que exigen a las autoridades “investigar los informes de abusos a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, tortura y malos tratos y detenciones arbitrarias realizadas por agentes de policía”.
Además, se pide a las autoridades que no se procese a ningún ciudadano, a menos que exista evidencia sólida y fidedigna de su participación en los disturbios ocurridos durante la toma de posesión de Peña Nieto.
Ello porque –enfatiza Amnistía Internacional– los procesos judiciales deben dar garantías como el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia.
“Todo inocente detenido, acusado de un delito que no cometió, no solo representa una tragedia en sí misma y una clara violación de derechos humanos, sino que también es el reflejo de un sistema de justicia que ha fallado en procesar al verdadero responsable y mantiene la impunidad”, destaca Zapico.
Durante la investidura de Peña Nieto hubo actos de protesta en distintas ciudades del país frente a los cuales, según AI, la policía reaccionó con un uso excesivo de la fuerza.
Por ello se conmina a la autoridad a investigar “en forma pronta, imparcial y exhaustiva”, los casos donde hubo fuerza desmedida.
El balance final de los enfrentamientos fue de 97 detenidos en Ciudad de México, de los cuales 67 seguían presos hasta el pasado viernes. En Guadalajara, Jalisco, 25 personas fueron arrestadas y, posteriormente, liberadas.
El titular de la CDHDF, Luis González Placencia, hizo público la semana pasada un informe sobre las detenciones arbitrarias y Amnistía Internacional avala esta investigación, argumentando que también ha recibido denuncias de personas que, sin estar involucradas en ninguno de los actos violentos, fueron encarceladas.
“Las preocupaciones de Amnistía Internacional son compartidas también por otras organizaciones. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su informe preliminar identifica al menos 22 personas detenidas de forma arbitraria al no estar participando en los hechos violentos, y 4 casos de posible tortura”, sostiene Zapico.
De ahí que, enfatiza la organización, “las autoridades deben asegurar procesos justos para todas las personas detenidas y garantizar su derecho a la presunción de inocencia, asistencia letrada, el acceso a sus familias y a recibir atención médica”.
La petición de Amnistía Internacional seguirá vigente, para continuar reuniendo más firmas hasta que se determine la situación de las personas detenidas.
