Decretar como zona de recuperación las 900 hectáreas de El Bajío del Arenal, al noreste de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), es una medida insuficiente contra la urbanización, dicen especialistas.
Reporte Indigo publicó que en el decreto de Zona de Recuperación Ambiental, emitido el pasado 4 de septiembre, hay lagunas normativas que incluso exentan de medidas de protección a las construcciones de condominios que ya estaban autorizadas antes de la entrada en vigor de esta normativa.
Expertos locales coinciden en que este tipo de acuerdos gubernamentales favorecen la habitabilidad del área de recarga natural de agua y ponen en riesgo la sustentabilidad de la ZMG.
El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco, integrado por investigadores y expertos de distintas universidades de la entidad, ha propuesto que El Bajío del Arenal sea decretado como un Área Natural Protegida (ANP) federal y no local, pues existe el riesgo de que se puedan negociar los ordenamientos ambientales.
Lee: El Bajío ¿protegido de la amenaza urbana?
La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala la imposibilidad de autorizar la fundación de nuevos centros de población, uno de los riesgos más importantes que corre actualmente El Bajío.
Además, en su artículo 49 se especifica que al declararse un ANP, en esa zona quedará prohibido verter o descargar contaminantes en los acuíferos, así como interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos, tal como podría ocurrir en esta parte de la ciudad.
Sabemos cómo se dan esas relaciones a nivel estatal y a nivel municipio con empresarios y gobierno. Eso ha facilitado de alguna manera los planes y (el ANP) lo dificultaría enormemente.
Blindar contra inmobiliarias
Uno de los objetivos principales es blindar los procesos de negociación que puede haber entre las autoridades estatales y municipales por la presión de las empresas que buscan construir sus obras en zonas de riesgo y vulnerabilidad ambiental, explica el coordinador del Observatorio, Juan Guillermo Márquez.
Un cambio en los ordenamientos sería más difícil con una vigilancia federal basada en las metodologías de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su inclusión en la protección
de El Bajío, ya que no estaría a consideración de los gobernantes estatales y municipales y sus intereses cada tres o seis años.
“Sabemos cómo se dan esas relaciones a nivel estatal y a nivel municipio con empresarios y gobierno. Eso ha facilitado de alguna manera los planes y esto (el ANP) lo dificultaría enormemente. Por eso hay una resistencia a este tipo de prácticas porque ya no tendrían el nivel de manipulación a como lo tienen en la actualidad”, detalla.
En un documento de análisis entregado en 2015 a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, se proponía que un área de 7 mil 500 hectáreas de El Bajío fuera declarada Área Natural Protegida bajo la figura estatal de protección hídrica, sustentado, a su vez, en recomendaciones del mismo tipo que databan del 2008.
La actual sugerencia del Observatorio Ciudadano del Agua señala la importancia de una ANP federal debido a que este acuífero corresponde a este tipo de jurisdicción, con la cual se evitaría la negociación de los planes municipales de desarrollo.
“Lo que se hizo en días recientes se acerca más a un catálogo de buenas intenciones porque eso está acorde a la normativa estatal y acá se pondría a una autoridad por encima de la estatal, que es la federal. Lo interesante es el proceso que se daría para los ordenamientos hídricos, que son tan necesarios”, señala.
Faltan mediciones científicas
El experto en agua y académico de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason Espíndola, dice que el reciente decreto está hecho de buenas intenciones pero sin evidencia metodológica, de calidad y profundidad.
Uno de los grandes problemas que percibe es la falta de rigor científico para justificar la medida estatal, por lo que se requiere de un análisis serio y profundo previo a cualquier decisión sobre lo que pueda ocurrir con El Bajío.
“Independientemente del argumento jurídico, desde la perspectiva científica, la zona necesita una intervención de diagnóstico y monitoreo profunda. Es deseable que fuera área natural protegida, pero con este argumento de recuperación ambiental pues dan chance a decir ‘ya se urbanizó y protejamos lo que queda.
“Pero yo pienso que antes de utilizar ese argumento legal lo que se debió haber hecho es entrarle a fondo al estudio y saber qué nivel de daño hay”, expresa Arturo Gleason.
El experto considera riesgoso que la figura de zona de recuperación abra la puerta y legitimice los procesos de urbanización que tanto acechan actualmente a El Bajío, donde uno de los más fuertes es la habitabilidad de las Villas Panamericanas.
Riesgos latentes
El Bajío está “en un punto estratégico para el aprovechamiento de agua subterránea y representa una fuente de abastecimiento de excelente calidad para el acuífero de Atemajac”, señala el actual diagnóstico de esta zona elaborado por el Gobierno de Jalusco.
Pero hay riesgos importantes si se urbaniza.
El especialista en agua, Arturo Gleason, enumera tres escenarios: en el corto plazo podría haber inundaciones, una potencial contaminación de aguas subterráneas y la baja disponibilidad de este recurso impactaría en el resto de la metrópoli.
Por ahora el riesgo del crecimiento urbano es latente y medible ante la posibilidad de que los condominios de las Villas Panamericanas sean ocupados.
Los planes parciales vigentes hablan de que la densidad de vivienda máxima permitida en El Bajío es plurifamiliar y mínima, con un límite de 15 viviendas y 75 habitantes por hectárea.
Esto difiere con el potencial de las Villas Panamericanas, complejo que cuenta con cuatro edificios de distintos pisos que podrían albergar hasta 3 mil 600 personas. Tan solo el inmueble principal tiene 20 niveles.
