Piden más refuerzos para vigilar y sancionar

Durante los últimos meses el aumento de la violencia en robos ha encendido los focos rojos de los vecinos de las colonias Americana, Lafayette y Providencia; en busca de alternativas para disminuir la incidencia, los mismos vecinos se han organizado.

La asociación civil Altavoz presentó, junto con el coordinador de regidores de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, una propuesta en donde vinculan dos direcciones del Municipio para combatir la inseguridad, estacionamientos y seguridad pública.

De acuerdo a la asociación Altavoz, el personal vigilante de los estacionómetros podría coordinarse con la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el fin de que sean técnicamente capacitados para la detección y sanción de delitos.

Eso abonaría a la labores de la policía metropolitana que tras las denuncias y los reclamos ciudadanos ha intensificado su patrulleo y vigilancia a pie.

Alrededor de 80 empleados vigilan los parquímetros en donde coincidentemente se han incrementado los robos, como es la Zona Centro, las cercanías de Chapultepec, la Zona Minerva, Cruz del Sur y Santa Tere. 

Sin embargo, Reporte Indigo encontró que dichos empleados responsables de aplicar las multas no son parte de la nómina municipal, sino que pertenecen a la empresa concesionaria Metro Meters.

“Si hay personas  que ya están recorriendo las calles, ¿por qué no impulsar que ellos ayuden a las tareas de seguridad”, cuestionó Alejandro Hermosillo González, presidente de Altavoz.

Además mencionó que antes de haber presentado la propuesta con Movimiento Ciudadano, se creó una campaña en apoyo a la propuesta de vigilancia que llamaron “¡Menos parquímetros, más seguridad!”.

“No es que estemos pidiendo que retiren los parquímetros, sino que el dinero de los parquímetros se utilice para lo que la ciudad necesita, que en este caso es seguridad, infraestructura pública y espacios públicos”, explica Hermosillo González.

Dentro de su propuesta se pide la revocación de la concesión de Metro Meters sobre los parquímetros, ya que la empresa obtiene el 50 por ciento de los ingresos totales de las multas y Altavoz dice que estos podrían ser llevados en su totalidad a las arcas del gobierno para reinvertirse.

Pero también denunciaron el incremento en las tarifas y multas de 2010 a la fecha.

La tarifa en 2010 se cobraba así: por cada nueve minutos era de 1.10 pesos. Actualmente siete minutos de estacionamiento equivale a un peso. 

El aumento en la infracción por parquímetros también aumentó y pasó de 140 pesos  de multa en 2010 a 345 pesos en 2013.

“Nosotros hemos visto que se aumenta la tarifa de 2010 a este año de manera injusta, por así decirlo, desproporcionada” denuncia Hermosillo González.

El entrevistado agrega que mientras el aumento a la tarifa es vigente, y la concesión está dada, los beneficios para el ciudadano no incrementan, por lo que ellos proponen que  las recolecciones de infracciones de este servicio público se reinviertan en el tema de la seguridad.

“De nada sirve que el ciudadano se estacione, pague su cuota o pague la multa en caso de no haber aportado la tarifa de estacionamiento, si ese dinero no se regresa a la ciudad. Si el 50 por ciento va para una empresa privada seguramente hay un porcentaje alto para la burocracia que el mismo gobierno tiene“, agrega el  también exdirector del Instituto Jalisciense de la Juventud.

Quien reconoce que su propuesta no es la solución completa al problema de inseguridad en la zona, pero a su parecer, puede abonar a que el ciudadano se sienta seguro en su entorno y así mismo puede generar vigilantes ciudadanos.

“También entendemos que el gobierno no puede de un día a otro contratar a cien policías más y capacitarlos, pero sí podemos aprovechar lo que ya existe, y lo que ya existe es un ejército de inspectores que está en las calles”, comentó el líder de Altavoz.

Demanda añeja

Para el coordinador de la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, el principal problema con los parquímetros es que tiene la facultad de poner infracciones cuando no son autoridad municipal, eso a su dicho, viola el principio de legalidad.

Refiere que desde el inicio de la administración han estado solicitando información al Municipio sobre lo recaudado en el área de parquímetros, pero no se han obtenido respuestas, y agrega que  gracias a la investigación de Altavoz se logró presentar un esquema general de revisión.

El regidor  de Movimeinto Ciudadano advierte que los parquímetros cobran tarifas más altas que algunos estacionamientos.

Trabajo conjunto

Tanto Movimiento Ciudadano como Altavoz demandan que se debe capacitar técnicamente a los inspectores para realizar tareas de seguridad, sin embargo la demanda del partido no exige la revocación de la concesión a Metro Meters, sino el cambio de quienes realizan la vigilancia para que sean funcionarios públicos y no empleados privados.

Respecto de la participación entre Altavoz y Movimiento Ciudadano, el regidor concluyó que colaborarán con cualquier colectivo o asociación ciudadana que se acerque a ellos pues es su labor como regidores.

Para Caro Cabrera, la propuesta de Altavoz además de aportar soluciones al tema de segurdiad es también una denuncia sólida sobre el manejo discrecional de los estacionómetros.

‘Inspectores ilegales’

El regidor Salvador Caro presentó el pasado lunes una propuesta referente a la concesión de los estacionómetros, demandó que dicha concesión está repleta de irregularidades y pidió al Ayuntamiento de Guadalajara hacer una revisión de la misma.

Metro Merters S.A. de C.V. obtuvo la concesión en abril de 2011, durante la gestión de Aristóteles Sandoval, en donde estipula que el contrato tendrá una duración de 10 años y obtendrá el 50 por ciento de ingresos totales por concepto de estacionómetros.

Sin embargo, de acuerdo a la investigación de la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano, el Ayuntamiento no tiene conocimiento del ingreso total de la recaudación por concepto de estacionómetros.

Además existe una irregularidad según el coordinador de regidores de Movimiento Ciudadano, pues quienes inspeccionan dichos estacionómetros son empleados de la concesionaria y no funcionarios públicos.

Agregó que por lo tanto están incurriendo en una ilegalidad, pues los únicos facultados para imponer multas son funcionarios del estado y no personal privado.

La empresa cuenta con alrededor de 80 empleados, según Altavoz, repartidos en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad, quienes se reparten en dos turnos para la inspección.

Y es que de acuerdo al contrato de concesión, el Municipio no se hará responsable de los empleados, sino la empresa concesionaria, incluyendo un fragmento en donde “se libera de cualquier responsabilidad al Municipio y obligándose a dejar en paz y a salvo respecto de cualquier reclamación y/o demanda”.

A pesar de encontrar irregularidades en los reglamentos y en el contrato de concesión, Caro Cabrera agrega que no se pide la remoción de la concesión, sino que piden ir por partes. Exigiendo en un primer momento en que se cambie a empleados de la empresa por inspectores del Municipio de Guadalajara.

Concluye que el Municipio no se ha pronunciado al respecto y agrega que este problema ellos lo han denunciado desde el inicio de la administración. Acusando de complicidad a las “administraciones priistas”, que fueron las que otorgaron la concesión.