En el marco de la reciente reunión entre Andrés Manuel López Obrador y los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicaron al Presidente electo que planean ser una oposición constructiva durante el próximo sexenio, pero pidieron aclarar la posición de la próxima administración en torno a temas como el gasto público, la estrategia de seguridad, la consulta en torno al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y la figura de los nuevos coordinadores estatales.
Aunque Manuel Velasco, gobernador del Chiapas y presidente de la Conago señaló que los mandatarios estatales que integran el organismo no se opusieron a la figura de los coordinadores estatales, en un mensaje, los priístas señalaron que son “defensores del federalismo republicano, entendido como la coordinación entre órdenes de gobierno en favor de la ciudadanía, en el marco del respeto estricto a la soberanía estatal, como lo mandara nuestra ley suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En su texto, los gobernadores del PRI adelantaron que su trato con el Gobierno Federal será constructivo, respetuoso, y directo con el Presidente, así como con los miembros de su gabinete, pero advirtieron que el Pacto Federal no conoce de autoridades intermedias: “El adelgazamiento de la burocracia, con el que estamos de acuerdo, no puede obstruir el diálogo entre los estados y la federación”.
Aunque en el PRI indicaron que es necesario que diversos funcionarios participen en las labores de coordinación, se aclaró que éstos nunca deben sustituir “a las autoridades democráticamente electas, tampoco enfrentándolas, pues esto puede representar una parálisis o desaceleración de la administración pública federal en los estados de la república”.
De este manera, los políticos solicitaron conocer la naturaleza y alcance de las funciones de los Delegados de Programas Integrales de Desarrollo: “El federalismo político debe verse reflejado en un federalismo económico, en el que, de manera transparente, los estados cuenten con mayores recursos para atender las necesidades específicas de su población, y que por su naturaleza requieren la atención directa del gobierno local”.
El escrito dirigido a López Obrador fue firmado por Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora; Rafael Moreno, gobernador de Campeche; Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima; Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México; Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero; Omar Fayad, gobernador de Hidalgo; Jorge Aristóteles, gobernador de Jalisco; Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca; Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí; Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa; Marco Antonio Mena, gobernador de Tlaxcala; Rolando Zapata, gobernador de Yucatán; y Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas.
En el texto, los priístas dijeron que “coincidimos en que se debe integrar un presupuesto con enfoque social y priorizar la educación, la salud, y el combate a la pobreza, pero indicaron que para ampliar el apoyo a sectores vulnerables “es importante definir con claridad las fuentes de financiamiento, y conocer qué implicaciones tiene para fondos como las Provisiones Salariales y Económicas, conocido como ‘Ramo 23’”.
De igual forma, mostraron su interés en conocer la propuesta del gobierno electo sobre el gasto en infraestructura, “porque usado correctamente tiene un efecto multiplicador importante, para generar empleos y dinamizar las economías locales”.
Los mandatarios del tricolor expresaron que el tema de la Seguridad Pública es prioritario, porque “hoy es el que más preocupa a las familias mexicanas”; al respecto agregaron que “esta delicada tarea va más allá de las policías y abarca temas como el funcionamiento del sistema penitenciario o el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, por lo que pidieron saber si AMLO impulsará la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, “que en su contenido le da marco de participación a la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina en el combate a la delincuencia organizada”.
En el PRI también pidieron conocer la metodología, el presupuesto, y el equipo responsable de ejecutar la consulta en torno al NAICM, y terminaron hablando sobre el combate a la corrupción:
“Tenemos claro que existe la percepción en el país que la corrupción y la impunidad han debilitado a las instituciones del estado y han minado la confianza de la sociedad en ellas”.
Para los gobernador del tricolor, combatir la corrupción requiere la aplicación de reglas y normas legales que dificulten la comisión de estos actos: “Por ello, hemos pedido a nuestros legisladores federales y locales que hagan de este tema una prioridad en sus agendas”.
