En un cuestionado operativo ministerial del 7 de agosto de 2013, la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Procuraduría, aprehendió a los propietarios del centro de apuestas
Los propietarios del casino La Fortuna enviaron al gobernador Rodrigo Medina una carta en la que piden su intervención en el caso del disputado centro de apuestas, despojado por una banda comandada por el juez Luis Armando Jerezano Treviño.
Los dueños, actualmente presos en el penal de Cadereyta, solicitaron ayer al mandatario que la Procuraduría de Nuevo León, encabezada por Adrián de la Garza Santos, se desista de la acción penal que ejerció contra ellos.
La dependencia fue acusada dentro de una investigación federal de coadyuvar con la agrupación del juez casinero Jerezano Treviño, investigado por lavado de dinero y delincuencia organizada, a través del abogado Jacobo Isaac Rodríguez Obregón, responsable de operar una averiguación previa en su contra.
La misiva fue firmada por los hermanos Arturo y Pedro Cardona Calderón, y Jesús Andrés González González, acusados por el grupo de Jerezano de despojo de cosas inmuebles agravado.
El escrito fue presentado cerca de mediodía en la oficina del gobernador por la hermana de dos de los socios, Margarita Cardona Calderón, y uno de sus representantes legales, Raúl González Martínez.
La carta hace referencia a las declaraciones ministeriales del testigo Erick Garza Treviño, un operador de Jerezano Treviño que compareció ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
En la comparecencia, el también litigante confesó que detrás del despojo del centro de apuestas estaba el juez suspendido y que la Procuraduría de Nuevo León fue cómplice de ello.
“La Procuraduría de su Estado coadyuvó con la banda delincuencial que nos ha pretendido despojar de nuestros bienes, consistentes en una sociedad mercantil denominada Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V., en el casino ‘La Fortuna’, y en una oficina administrativa ubicada en Valle Oriente”, se lee.
“Pedimos que tome las medidas necesarias para que no se sigan cometiendo estos atropellos dentro de la institución que procura justicia y, en la medida de lo posible, para que intervenga y se pida nuestra inmediata libertad”.
En el documento piden que se instruya al procurador a desistirse de la acción penal que se giró contra ellos, luego de que el gobernador públicamente declaró que podía intervenir en el asunto si los familiares lo pedían.
Los tres socios están dentro de la causa penal número 115/2013, que se lleva en el Juzgado Segundo de lo Penal en el Estado, a cargo de Raymundo Martínez González, quien también ha sido señalado por los casineros como cómplice de la agrupación.
“Nos ha quedado plenamente demostrado que el delito que nos imputan es totalmente simulado”, añaden.
“Tras haberse demostrado plenamente en la causa penal, que no existe delito que perseguir, ni responsabilidad penal que reprochar, dada la inexistencia del delito de despojo de cosas inmuebles agravado, por el cual nos encontramos presos sin derecho a la libertad provisional bajo caución”.
En un cuestionado operativo ministerial del 7 de agosto de 2013, la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Procuraduría de Nuevo León, aprehendió a los propietarios del centro de apuestas.
Desde entonces permanecen en prisión preventiva.
El despojo de La Fortuna puso al descubierto una red de complicidades entre el Ministerio Público estatal y Jerezano Treviño, investigado por la Agencia Antidrogas Estadounidense, la DEA.
Según declaraciones de testigos, el abogado Jacobo Isaac Rodríguez Obregón operó la denuncia penal contra los propietarios, gracias a sus conexiones en la Procuraduría estatal, que permitieron inclinar el proceso a favor del grupo.
Entre otros de los beneficios que consiguió, está el inejercicio de la acción penal en el expediente 81/2012, abierto por el secuestro de Arturo Cardona Calderón, que tuvo la intención de despojarlo de sus acciones en el casino.
