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A nivel nacional, estados como Chiapas, Oaxaca y Yucatán ya lo han eliminado de sus ordenamientos jurídicos
La aprobación de la iniciativa del “mini-arraigo” del PRI y el PAN está en puerta. Las alertas rojas están encendidas.
Es posible que este jueves que sesione la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se convalide el proyecto de dictamen de estos partidos referente a reducir el arraigo de 40 a 20 días.
La reforma plantean conservar una versión de arraigo reducida hasta por un plazo de 20 días prorrogables por un período similar; ello en caso de que se acredite la existencia de indicios suficientes que la vinculen con delitos de delincuencia organizada.
La propuesta, que el pasado 9 de abril presentaron los coordinadores parlamentarios Manlio Fabio Beltrones y Luis Alberto Villarreal –y que acompañan los diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños y Consuelo Argüelles Loya– fue calificada por diversas organizaciones de derechos humanos y expertos en el tema con “un estándar muy pobre”.
Denuncian que el dictamen, que se anticipa positivo en la comisión legislativa que preside el perredista Julio César Moreno, resulta “incongruente”, pues por un lado reconoce la inconstitucionalidad de esta figura jurídica y, por el otro, pretende avalar su versión reducida.
Tal pareciera no se quiere dejar en claro que no se abusa del arraigo, sino que el arraigo mismo es el abuso, enfatiza el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Estas organizaciones recordaron ayer en San Lázaro que el consenso sobre la eliminación del arraigo lo respalda una decena de cuerpos de protección de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Mientras que, a nivel nacional, estados como Chiapas, Oaxaca y Yucatán ya lo han eliminado de sus ordenamientos jurídicos.
Desarraigar el arraigo
Ante este escenario, el Insyde –en el marco de la Campaña Nacional para prevenir la Tortura– la CMDPDH y diversos expertos y organizaciones de derechos humanos aliadas presentaron ayer ante la Comisión de Puntos Constitucionales, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y la Junta de Coordinación Política, un proyecto de dictamen para reformar el artículo 16 constitucional.
Esta iniciativa, que se presentó ante el pleno, cuenta ya con la firma de diversos diputados del PRD, PT y el MC, entre ellos Alfonso Durazo, Elena Tapia, Loreta Ortiz, Ricardo Cantú, Ricardo Monreal y Ricardo Mejía.
El proyecto plantea eliminar la figura del arraigo, evaluar la posibilidad de que el Código Penal o la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada pueda establecer medidas cautelares alternativas al arraigo, compatibles con la Constitución y los tratados internacionales, y prohibir la aplicación del arraigo en las entidades federativas, mediante reforma al artículo 11 transitorio del decreto de reforma constitucional de 18 de junio de 2008.
Además, pide demandar a las procuradurías de justicia que corresponda, la adopción de medidas de reparación integral contempladas en la Ley General de Víctimas por error judicial, tortura, desaparición forzada, daños al honor y la reputación, o cualquier otro menoscabo de derechos.
