Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de diputados presentaron un punto de acuerdo para dar
seguimiento a la denuncia presentada por Marcelo Ebrard en contra de Claudia Sheinbaum, duran el pasado proceso interno para la selección de su
candidata presidencial.
En la acusación que presentó Ebrard Casaubón en agosto de 2023 advirtió la indebida intervención de funcionarios públicos del orden federal,
estatal y municipal para favorecer las pretensiones electorales de Sheinbaum Pardo.
En específico, Marcelo Ebrard denunció la intervención de la Secretaría de Bienestar del Gobierno federal a través de brigadistas denominados “Siervos
de la Nación”.
En la acusación el denunciante hizo claros señalamientos como
los siguientes:
“Lo que estamos viendo ahorita, están usando masivamente
a la Secretaría de Bienestar, en todo el país”.
“Están utilizando a las brigadas para decirle a la gente que el
Presidente quiere que sea Claudia (Sheinbaum)”.
“Están haciendo un acarreo monumental”.
“[…] permitan que la ciudadanía libremente elija, porque si no
va a ser un desastre para MORENA”.
Los denominados “Siervos de la Nación” se encargan del acceso de derechohabientes a los programas sociales del Gobierno federal, convirtiéndose aparentemente en una maquinaria electoral en beneficio del partido político de MORENA y en este caso específico de Claudia Sheinbaum Pardo.
La presuntamente ilegal intervención de los “Siervos de la Nación” en diversos procesos electorales ha sido denunciada en diversas ocasiones por
las y los legisladores federales del Partido Acción Nacional.
En el punto de acuerdo, las y los diputados del PAN, advierten diversos supuestos hechos, principalmente que MORENA y sus funcionarios partidistas estarían incumpliendo diversas disposiciones de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos.
“Las y los que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, además señalamos que se trataría de un uso
indebido de los recursos públicos en perjuicio de las y los derechohabientes que debe ser sancionado con las penas máximas señalas en nuestras leyes”.