La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Arthemisas por la Equidad hicieron un llamado al gobierno de Nuevo León a tomar medidas ante los altos índices de violencia sexual en contra de las niñas y mujeres en la entidad.
En un comunicado conjunto, ambas organizaciones piden a la administración encabezada por Jaime Rodríguez Calderón convocar urgentemente a una mesa de trabajo a las instituciones involucradas en la prevención y atención de la violencia y el abuso sexual, así como otra serie de medidas para prevenir y mitigar la problemática.
Denuncian que los últimos casos en el estado, y las cifras de violencia en contra de las mujeres dejan en evidencia la vulnerabilidad e inseguridad en que viven las niñas y las adolescentes en el Estado.
Tan solo de enero a julio de este año, se han reportado ya 460 casos de violación en la entidad, según cifras de la Fiscalía General de Nuevo León. En 2017 el número de denuncias por este delito fue de 644 y en 2016 fue de 676.
Nuevo León es la entidad que ocupa el tercer lugar en feminicidios en los primeros 7 meses del año con un total de 37. Solo lo superan Veracruz con 41 y el Estado de México con 44, según datos de la organización México Evalúa.
Asimismo externan su preocupación ante la institucionalización generalizada de la violencia machista en el país, una problemática de la que no está exento el gobierno de Nuevo León.
“Ejemplo de ello, es la negativa sistemática para activar las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en diversas entidades y la politización de la misma; sin considerar la urgencia de ofrecer respuestas reales que brinden seguridad a mujeres, niñas y adolescentes”, detalla el escrito.
Las organizaciones civiles detallan que esta omisión por parte de las autoridades tiene un impacto directo al garantizar la impunidad y generar las condiciones para que para que continúen incrementando delitos como la violación y el abuso sexual, la desaparición, los feminicidios, entre otros.
“México continúa siendo un país profundamente machista, que carece de políticas públicas para superar las desigualdades entre mujeres y hombres; haciendo imposible el acceso a seguridad, justicia, superación de la pobreza, entre otras”.
De acuerdo con datos del INEGI, los delitos sexuales son principalmente ejercidos contra las niñas y adolescentes. Para el delito de tocamientos ofensivos, 74 por ciento de las víctimas fueron niñas, mientras que en los delitos de violación sexual, en 67 de cada 100 casos la víctima fue una niña.
Además de estos datos, advierten Redim y Arthemisas hay otros delitos en contra de las mujeres que son invisibilizados, ya que en muchas ocasiones, detrás de un matrimonio forzado o un embarazo prematuro suele esconderse el delito de la violencia sexual.
Frente a este contexto, las organizaciones exigen a la autoridad, además de la mesa de trabajo tomar otras medidas como Brindar orientación y acceso a los servicios de salud sexual para las y los adolescentes.
También destacan la necesidad de incluir la educación en salud sexual y reproductiva en los planes de estudio como una medida de prevención de la violencia sexual y de visibilizar la igualdad de género desde la niñez.
Por último, piden establecer protocolos que permitan prioritariamente detectar, atender y acompañar los casos uniones tempranas y matrimonios forzados o embarazos prematuros producto de violencia sexual o de género a fin de que el delito no quede impune y que las víctimas tengan acceso a la interrupción legal del embarazo.
