Pide oposición a INE acatar suspensión de reforma judicial; advierten serios errores

29 de Sep, 2024

Legisladores de oposición hicieron un llamado al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acatar la suspensión ordenada por un juez y no prosiga con el proceso electoral de la reforma judicial para la elección de jueces, ministros y magistrados.

Tanto el PAN como el PRI en la Cámara de Diputados lamentaron que el INE ignore el mandato judicial y siga adelante con la organización de la elección, pese a que la reforma al Poder Judicial tiene errores, como la falta de presupuesto.

Al respecto, el panista Héctor Saúl Téllez, recordó que un desacato al ordenamiento judicial por parte de los consejeros electorales constituye, de conformidad con el Artículo 262 de la Ley de Amparo, penas de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.

Dio a conocer que la siguiente semana presentará ante el pleno camaral un punto de acuerdo para pedir que se detenga el proceso, ya que el órgano electoral no cuenta con presupuesto etiquetado para empezar a ejecutar el proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros.

Oposición insiste a INE en poner freno

Indicó que el Consejo General determinó iniciar los preparativos de dicha elección debido a que los artículos transitorios de la reforma ordenan al árbitro electoral pronunciarse en un plazo menor a siete días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y las consejeras Dania Ravel, Carla Humphrey y Claudia Zavala comentaron que el INE aún no ha sido notificado de la suspensión dictada por un juez, relativo a la organización de las elecciones para el Poder Judicial, sin embargo, hay tesis que sustenta que la suspensión de amparo indirecto surte efectos desde que se concede y no cuando es notificada a las partes y a la autoridad responsable”, puntualizó.

Indicó que el Consejo General del INE emitió un acuerdo sin tener información precisa sobre los cargos que se van a elegir, sin tener el presupuesto para tal efecto y sin haber, hasta el momento, reformas a la ley secundaria, lo que constituye el inicio de un proceso viciado que puede llegar a transgredir los derechos político-electorales de los aspirantes a dichos cargos.

“Estamos ante un desacato masivo a suspensiones a la reforma al Poder Judicial, a la suspensión de su discusión, aprobación y entrada en vigor, las cuales fueron ignoradas por las Cámaras de Diputados, Senadores, los Congresos Locales de los 32 estados, el director del Diario Oficial de la Federación y el Presidente de la República, quien ordenó la publicación de dicho decreto”, indicó el panista.

Ve PRI producto de improvisación en reforma judicial

Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, manifestó que los errores que presenta el texto de la reforma al Poder Judicial solo muestran que es producto de la improvisación.

Indicó que al volver a revisar la reforma encontraron omisiones. Refirió que el artículo 94 establece que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se renovará cada dos años, pero se les olvidó que esta renovación la aborda el artículo 97 con un periodo de cuatro años y no se modificó, por lo que cuestionó cuál de los dos artículos se va a aplicar.

Además, criticó que no se haya contemplado la votación en el extranjero; la participación de representantes de casilla; no establecido un presupuesto especial para armar la elección, además de que no consideró el uso de urnas electrónicas, que sería una de las posibles soluciones para la votación.

Dijo que los legisladores oficialistas argumentan que es cuestión de interpretación, pero la reforma avalada en su décimo primer transitorio específica que esto no aplica.

Indicó que esto fue otro error o lo hicieron adrede, porque también encontró que no está estipulada la elección de magistrados del tribunal administrativo ni de los agrarios o de los militares, será porque los primeros resuelven temas fiscales y el gobierno no quiere que sean electos.