“Estoy consciente que generaron la apariencia de algo indebido, algo que de verdad no ocurrió. Esto se generó porque no tenemos los mecanismos normativos para declarar conflictos de interés”
El presidente Enrique Peña Nieto ordenó investigar los contratos otorgados a las empresas que construyeron su residencia en Ixtapan, la llamada “casa blanca” propiedad de su esposa Angélica Rivera y la que financió la vivienda de Luis Videgaray.
Esto como una serie de medidas de transparencia anunciadas para combatir la corrupción en el país.
Ayer el mandatario designó a Virgilio Andrade como nuevo secretario de la Función Pública (SFP), a quien instruyó la indagatoria más otras siete “acciones ejecutivas” relacionadas con contrataciones, transparencia y nuevas reglas vinculadas a los “conflictos de interés”.
“Reafirmando mi absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, he solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales, a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y con un servidor.
“Adicionalmente, y en el ánimo de generar plena confianza y transparencia, le he solicitado al secretario de la Función Pública reunir a un panel de expertos con reconocido prestigio en materia de transparencia, para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación”, dijo en un mensaje emitido desde Los Pinos.
Peña Nieto reiteró que nunca existió un “conflicto de intereses” y que siempre se ha conducido “con imparcialidad y apego a derecho”. “El presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras“, remarcó.
Denuncias mediáticas
Las tres viviendas cuyos contratos serán investigados fueron reveladas en los últimos meses por dos medios de comunicación.
Aristegui Noticias denunció en noviembre pasado la existencia de la “casa blanca”, propiedad de la primera dama, y días después The Wall Street Journal evidenció la existencia de la vivienda en Malinalco, de Videgaray, y la de Ixtapan, de Peña Nieto.
“Estoy consciente que generaron la apariencia de algo indebido, algo que de verdad no ocurrió. Esto se generó porque no tenemos los mecanismos normativos para declarar conflictos de interés”, dijo el presidente.
Insistió que México necesita adoptar un enfoque moderno que garantice con políticas públicas efectivas “que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados”.
Lo que propone…
Peña Nieto enumeró ayer nueve acciones para combatir la corrupción en el país.
Una de ellas es que a partir de mayo los funcionarios públicos entregarán junto con su declaración patrimonial una lista de posibles conflictos de interés.
Mencionó también que se establecerán protocolos de contacto entre contratistas y los funcionarios públicos que decidirán las contrataciones y permisos otorgados por el Gobierno federal.
También anunció que a partir de abril cada dependencia pública deberá identificar y clasificar el nivel de responsabilidad pública de cada uno de los funcionarios que intervienen en las decisiones.
Peña Nieto dijo que se ampliarán los mecanismos de colaboración con la iniciativa privada en el combate a la corrupción y pidió ampliar la participación de la sociedad para prevenir actos de corrupción y conflicto de interés.
Estoy consciente que generaron la apariencia de algo indebido, algo que de verdad no ocurrió. Esto se generó porque no tenemos los mecanismos normativos para declarar conflictos de interés”
