La Agrupaciones de Seguridad Unidad por un México Estable (Asume) pidió la Cámara de Diputados discutir y aprobar la propuesta de Ley General de Seguridad Privada que quedó pendiente desde la pasada legislatura.
La propuesta, realizada por el exdiputado federal, Ernesto Gándara Camou, fue aprobada por el Senado y remitida a la Cámara de Diputados para su votación el 28 de abril de 2018.
Sin embargo, el periodo de sesiones concluyó, en septiembre de 2018 entró la nueva legislatura y hasta el momento no se ha discutido.
Por ello, Armando Zúñiga, Director general de ASUME, urgió a la actual legislatura de la Cámara de Diputados aprobar la ley.
El también empresario argumentó que la necesidad de una ley federal es que actualmente las empresas de seguridad privada están sobrereguladas.
Señala que las compañías del ramo tienen que acreditar por lo menos tres licencias: la federal, la estatal y la municipal.
Lo que ocasiona que los gobiernos municipales realicen prácticas irregulares para otorgar los permisos.
“Tantas regulaciones se prestan a que los gobiernos municipales pongan muchos requisitos para las licencias y también caigan en actos de corrupción, pedir dinero por la expedición de los permisos”, señaló.
La iniciativa que está en la “congeladora” pretende hacer un permiso único para el cual, las empresas tienen que acreditar que dan la capacitación necesaria a sus elementos, pagan un salario justo y proporcionan todas las prestaciones de ley.
Zúñiga consideró que dichos requisitos son trascendentales para la prestación eficiente de un servicio de seguridad privada porque hay empresas “patito” que no ofrecen lo mismo y son más baratas pero significan un riesgo para los clientes.
“Son empresas que no cumplen con los permisos, dan más barato, pagan poco pero esos elementos son los que están más propensos a robar a sus clientes por el bajo sueldo y que no tienen otros beneficios”, explica.