“No están resolviendo el tema fundamental, el tema toral aquí es resolver qué es lo que sucedió en la bodega, que es donde se quemó, y cuya propagación a la Guardería mató y liquidó a los niños. Eso es lo que no está resolviendo la PGR”
En Hermosillo, Sonora, hay una mezcla de incertidumbre e indignación por las 22 órdenes de aprehensión que pidió la Procuraduría General de la República (PGR) contra personal que trabajaba o se encontraba en la Guardería ABC el día del incendio que cobró la vida de 49 menores el 5 de junio del 2009.
Hasta ahora, ninguna de las 22 personas señaladas ha sido aprehendida. Once de ellas ya presentaron un amparo para evitar ser llevadas a prisión.
Entre las personas que la PGR ha señalado como responsables de los delitos de homicidio involuntario, lesiones y abandono se encuentran algunas maestras y otras personas que trabajaban en la Guardería, como personal de la cocina o de intendencia.
Gabriel Alvarado, abogado de los padres agrupados en la organización Manos Unidas, sostuvo que las órdenes de aprehensión fueron solicitadas por la PGR contra el personal de la Guardería, el mismo día que archivó el expediente contra exfuncionarios que pudieron estar involucrados.
En el 2014, Alvarado presentó un amparo por dilación de justicia, porque la PGR no había avanzado en las averiguaciones que se encontraban abiertas desde septiembre del 2009, en donde se consideraba que Eduardo Bours, exgobernador de Sonora, y otros funcionarios tuvieron responsabilidad en el incendio, por omisión.
En el 2012, se estableció que estos exfuncionarios no tenían responsabilidad alguna, por lo que los padres de Manos Unidas se inconformaron.
El juez indicó que se debían revisar todas las pruebas que se presentaron y no se habían tomado en cuenta. Esto nunca se hizo y el tiempo avanzó, por lo que el año pasado se presentó ese amparo por dilación.
“Lo que hizo ahora la PGR fue consolidar en un solo expediente todas las averiguaciones previas que están pendientes de resolución, consolidarlas en una sola, y decir: ‘la estamos resolviendo consignando a un grupo de 22 maestras de la Guardería ABC’. Y, respecto de todos los demás indiciados que están en las averiguaciones, los mandó a la reserva, al archivo”, explicó Alvarado, en entrevista.
Víctimas consignadas
En el grupo de 22 personas consignadas se encuentran algunas que fueron víctimas de la tragedia. Para el abogado esto es una contradicción, pues algunos aparecen al mismo tiempo como víctimas y victimarios, lo cual es incongruente.
“Una de las personas que está mencionada ahí, su hija es la niña sobreviviente con mayor grado de afectación, con el 95 por ciento de su cuerpo quemado. Y la señora, la maestra, fue rescatada inconsciente del lugar y con muchas quemaduras también.
“Y así está también la directora de la estancia infantil, que se debatió muchos días entre la vida y la muerte porque tuvo quemaduras de hasta tercer grado en gran parte de su cuerpo. Y que ahora estén siendo expuestas con responsabilidad. Es absurdo, incomprensible y, sobre todo, injusto”, afirmó Alvarado.
Las 22 personas están siendo acusadas de “no haber hecho lo suficiente” o “haber puesto a los niños en una situación de riesgo”, y las culpan de que por ello, perdieron la vida.
“No están resolviendo el tema fundamental, el tema toral aquí es resolver qué es lo que sucedió en la bodega, que es donde se quemó, y cuya propagación a la Guardería mató y liquidó a los niños. Eso es lo que no está resolviendo la PGR”, sentenció Alvarado.
En septiembre del 2014, Reporte Indigo reveló que la PGR contaba ya con testimonios de que el incendio se había iniciado en la bodega contigua a la Guardería ABC, que había sido quemada por órdenes de Carlos Lam Félix, entonces secretario técnico del exgobernador Eduardo Bours. 
