En México, la corrupción está en todo el río sanguíneo de la administración pública. El mismo sistema que la busca y la quiere exterminar es el que la protege. La misma medicina que se le aplica al mal anima a la bacteria. Las administraciones parecen diseñadas para que sea parte de los gabinetes, de otra forma no pudriría todo lo que toca.
Especialistas coinciden en que la lucha contra la corrupción es sistémica, pues está enraizada en la maquinaria de gobierno y, en vez de proteger los recursos del ciudadano, los saquea y queda un panorama difícil para demostrar a los funcionarios implicados y, una vez que se demuestra, es igualmente difícil la aplicación de un castigo.
La estadística federal indica que de 506 funcionarios acusados de delitos federales que se mencionan en averiguación previa, sólo 30 han logrado entrar a la prisión.
En México no es lo mismo perseguir que castigar. La efectividad de la PGR para demostrar ante un juez que el inculpado está vinculado con la ejecución de un delito es de 6 por ciento.
La “lucha anticorrupción”, que se ha puesto tan de moda en el país, es un esfuerzo que le falta consolidarse en su forma de investigación y ejecución de la justicia. Hay actualmente dos exgobernadores que intentan escapar de la justicia y se desaparecieron del mapa político en lo que
“pasan las olas”.
Ellos son apenas la punta del iceberg, pues detrás de ellos hay varios funcionarios acusados de desfalco a la nación u otras faltas en la administración de las cuentas del Estado.
La PGR da a conocer en una solicitud de información que de 2010 y unos meses de 2016 hay 506 funcionarios que son investigados por algún delito como peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, cohecho, extorsión, fraude, falsificación de documentos, delitos contra la administración de la justicia, entre otros ilícitos.
Estos delitos están agrupados en 244 averiguaciones previas, pero sólo se han librado 65 órdenes de aprehensión y se han obtenido 30 autos de formal prisión en este mismo periodo. Es decir, la efectividad de la PGR para la investigación y combate de estos delitos es de 5.91% en estos casi seis años.
La autoridad federal actualmente busca a dos gobernadores con acusaciones de corrupción, Guillermo Padrés Elías y al gobernador interino de Veracruz, Javier Duarte. Ellos y los funcionarios implicados no están considerados en este reporte.
Para la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el problema es que en nuestro país el sistema está hecho para que los funcionarios encuentren argucias legales para escapar de un castigo por asuntos vinculados con la corrupción.
Se amparan en la ley
Los funcionarios públicos usan figuras “legaloides” para defenderse en caso de ser descubiertos en
algún ilícito.
“No hay un sistema de castigos dentro del gobierno para sus propios funcionarios, es muy difícil que a pesar de tener denuncias, elementos claros, poder conformar un expediente sólido para que alguien pueda tener un castigo a partir de delitos que se cometen”, afirma la investigadora Miriam Castillo, integrante de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
“Incluso el hecho de que algunas acciones, algunas de las medidas o de las vías que llevan algunos funcionarios públicos para desviar recursos, para ejercer algún tipo de acción que está fuera de su ámbito legal, muchas veces encuentran figuras ‘legaloides’, es decir, hemos encontrado acciones en donde hay un daño al patrimonio público pero los servidores públicos argumentan que es legal, y en algunas ocasiones tienen razón. Es cuestionable, evidentemente se desvían recursos, no llegan a donde deben de usarse, se usan al margen de las reglas de operación de algunos programas sociales. Y, sin embargo, siempre hay un resquicio legal en el que ellos pueden acomodarse y argumentan que no es ilegal”, declara en entrevista.
Llegan las organizaciones a delatar y es imposible denunciarlos y que la autoridad los sancione.
“Efectivamente hay muchas acciones que no son francamente ilegales y es muy complicado llevarlos ante la justicia, a llevarlos a algún tipo de castigo. Es una práctica sistematizada”, explica Miriam Castillo.
La investigadora de MCCI indica que actualmente realizan una averiguación a propósito de las multas administrativas, a las que califican como “multas zombies”, ya que son castigos que nunca se acaban de ejercer, porque los servidores públicos multados nunca pagan el monto de la sanción.
“La Secretaría de la Función Pública, de 2006 a la fecha, tiene un porcentaje de castigo o de efectividad en contra de los funcionarios de 0.16 por ciento. Si lo vemos en términos reales, en 5% de efectividad en los castigos penales podríamos considerarlo hasta como alto, porque en materia administrativa es todavía más bajo el nivel de efectividad para sancionar a los funcionarios. Se han impuesto cerca de 9 mil multas por más de 34 mil millones de pesos y solamente se han cobrado 54 millones de pesos de esas multas. Es una risa lo que alcanza a cobrarse.
“Los sistemas o los procedimientos han ido a la baja. El Gobierno federal cada vez lleva menos (casos) o sanciona menos a sus servidores públicos. No vemos incentivos reales en que los servidores públicos se abstengan de realizar un acto ilegal”, afirma Castillo.
El Estado pierde fuerza para sancionar a los funcionarios públicos. Los mismos mecanismos para el cobro de estas sanciones es muy reducido, lo que dificulta su cobranza.
“Hay muchas veces en que se denuncian algunos y a la hora de revisar el expediente completo se ve que hay resquicios legales, digamos, hasta propiciados por el mismo gobierno o que no son cerrados, que no se imponen candados por las autoridades que después cometen estos mismos ilícitos. Hay fisuras que pareciera que se dejan a propósito, porque siempre hay una salida por esa parte. Podemos ver un Estado con instituciones aparente o sistemáticamente hechas o estructuradas, sin embargo, en los términos reales tienen muchas deficiencias en cuanto al ejercicio de la autoridad y del Estado”, asevera la investigadora.
Quienes infringen las leyes, en muchas ocasiones, son los mismos que deberían de hacer cumplirlas, asegura.
“Quien se encarga de cobrar las multas ya no es la SFP, es el SAT, porque las multas que se generan a los funcionarios se hacen créditos ftiscales. Como la autoridad que impone el castigo ya no es el que lo cobra, de alguna manera va perdiendo relevancia. Probablemente no tengamos tanto personal del SAT para además de perseguir a los contribuyentes, perseguir a los funcionarios que no cumplen con ese tipo de obligaciones”, lamenta.
Miriam Castillo considera que la presión de la sociedad es importante para acabar con este tipo de prácticas ilícitas.
“Una presión social fue la que hizo que se presentaran algunas declaraciones de 3de3”, recuerda. “Si bien no hay ningún castigo evidente o en la ley para los funcionarios que no la presenten, hay una sanción social para quienes deciden mantenerla oculta”.
La corrupción pasa factura
La corrupción tiene un costo, y caro.
Nueve de cada 10 mexicanos desconfía de los partidos políticos, 83% no le cree a los legisladores y ocho de cada 10 personas que viven es este país no cree en las instituciones del sistema judicial, de acuerdo con datos del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Mexicana.
De acuerdo con el informe México, anatomía de la corrupción, presentado la semana pasada, las instituciones que más carecen de credibilidad son los partidos políticos (91%), le sigue la policía (90%), luego los funcionarios públicos (87%), los legisladores (83%) y el Poder Judicial (80%).
Para muestra, un conteo: en el 1996 se reporta en la prensa que hay 27 titulares de noticias con la palabra corrupción, y en 2014 los encabezados llegan a 2 mil 587, de acuerdo con el informe.
Los mexicanos estamos muy cerca en la convivencia con la corrupción en el ámbito público y privado. Se calcula que 44% de las empresas reconocen haber pagado un soborno para poder realizar operaciones.
“Los encuestados respondieron que el 75 por ciento de los pagos extraoficiales que hacen las empresas mexicanas se utiliza para agilizar trámites y obtener licencias y permisos. Finalmente, una tercera parte de estos pagos se entregan a dependencias municipales”, indica el informe con una cita del Índice de Fuentes de Soborno 2008.
A pesar de esta convivencia con la corrupción, los mexicanos nos sentimos honestos. El informe refiere que 43% de los mexicanos cree que sus familiares nunca son corruptos, un 38% cree que sus vecinos nunca son corruptos y 20% cree que sus compañeros de trabajo nunca son corruptos.
La impunidad que se traduce en falta o inexistencia de castigos para los servidores públicos y particulares inculpados es parte esencial para que estos actos se presenten.
“Como ocurre con el resto de los delitos, faltas e infracciones en México, los que se definen como actos de corrupción casi nunca se castigan. La cifra negra –el porcentaje de delitos de corrupción cometidos pero no castigados- es similar a la del resto de las violaciones a la ley: 95%”, indica el documento.
