El desempeño de la PGR en Jalisco fue cuestionado seriamente, tras el fallido operativo antipiratería que el 31 de octubre encabezó en las inmediaciones del Mercado Libertad, en Guadalajara
Las autoridades estatales y municipales de Jalisco no tienen en la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) a un aliado confiable en un 100 por ciento.
En su integración hay elementos que resultaron no aptos para desempeñarse en funciones de seguridad.
Las reservas de confiabilidad abarcan todos los niveles. Y así como hay miles de agentes no confiables en policías municipales y en la Fiscalía General del Estado (FGE), la PGR en Jalisco enfrenta la misma problemática, según un informe de la Procuraduría General de la República obtenido mediante una solicitud de transparencia hecha por Reporte Indigo.
Poco más de un cuarto de todos los elementos federales que operan en Jalisco para la PGR reprobó las pruebas de confianza, un 26 por ciento para ser más exactos.
Es tarea de la PGR en el estado la investigación y persecución de todos los delitos del fuero federal (portación de armas, trasiego y producción de droga, principalmente), y en específico los relacionados con la delincuencia organizada.
Esto la convierte en pieza clave dentro de la estrategia local de seguridad para contener a los grupos criminales y sus actividades más redituables: el narcotráfico y robo de combustibles, pero también la extracción de rentas sociales (extorsión, cuotas por derecho de piso, por mencionar algunos cobros).
Sin embargo, de los 557 integrantes de la PGR Jalisco evaluados por su Centro de Evaluación y Confianza interno, 143 no lograron acreditarse y tuvieron resultados negativos en las pruebas de confianza; entre estos hay 33 que son agentes del Ministerio Público (MP) federal, que fungen como cabezas de cualquier investigación criminal.
Sobresaltos y tumbos
Al profundizar en la situación de los agentes del MP federal que trabajan en Jalisco, puede informarse que la PGR evaluó a 139, de los cuales no es confiable ese 24 por ciento.
Desde el inicio de la nueva administración federal con siglas del PRI, la representación de la PGR en el estado ha tenido sobresaltos y tumbos.
Su primer delegado, Gerardo Octavio Solís, exgobernador interino, exsecretario general y exprocurador local en mandatos de Acción Nacional, renunció de manera sorpresiva tras solo siete meses en el cargo.
Poco significó la espectacularidad con que se montó su designación el 18 de julio del 2013, ante el gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y el procurador, Jesús Murillo Karam, además de mandos militares y navales.
Aquel día todo servía para apuntalar el discurso oficial basado en la coordinación institucional, vigente aún.
“Ahora hay coordinación, ahora hay confianza entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal”, dijo Sandoval Díaz en esa ocasión.
Pero nunca se rindió cuentas a la sociedad sobre el motivo verdadero que llevó a designar un relevo en la delegación, el 24 de febrero de 2013, el cual recayó en Gerardo Vázquez Alatriste.
En el gobierno del expresidente Felipe Calderón quedó el antecedente del 29 de julio del 2011, cuando Jalisco formó parte de la purga de 21 delegados del país, atribuida a los exámenes de confianza, y en que la que salió la extitular de la PGR estatal, María Teresa García Chávez.
En lo que respecta a la estructura nacional de la Policía Federal Ministerial (PFM), la PGR no desglosa el grado de confianza por entidad federativa, pero sus conclusiones a escala nacional ayudan mucho a conocer las condiciones de la institución:
De 4 mil 709 integrantes evaluados en la PFM, el 28 por ciento (mil 308) obtuvo resultados negativos.
Estos números incluyen a personal con funciones administrativas (974), por tanto, si se analiza exclusivamente a los policías investigadores, se examinaron a 3 mil 730, de los cuales mil 47 reprobaron las pruebas de confianza.
El 31 de octubre el desempeño de la PGR en Jalisco fue cuestionado seriamente, tras el fallido operativo antipiratería que encabezó en las inmediaciones del Mercado Libertad o San Juan de Dios, en el centro de Guadalajara.
En esa zona hay una venta permanente de productos ilegales (piratas y objetos robados), tanto al interior como al exterior del mercado propiedad municipal, y en donde el ambulantaje ha crecido con el auspicio del Ayuntamiento priista.
El ingreso de las autoridades federales provocó una reacción violenta y actos vandálicos por tres horas, tiempo en que fueron quemados tres vehículos y un establecimiento fue saqueado.
En el espejo
Si la PGR tiene problemas por la presencia de elementos no confiables, en la FGE las cosas no son muy distintas.
La dependencia informa que, hasta septiembre pasado, más de un tercio de sus 355 agentes evaluados del MP –los primeros responsables en integrar investigaciones y averiguaciones previas– no eran aptos, es decir, 123 funcionarios (el 35 por ciento).
Y de sus mil 191 policías investigadores examinados, 285 reprobaron (24 por ciento). Entre todas sus áreas, la FGE suma por lo menos mil 187 elementos no aptos para el cargo, según datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), pero el propio gobernador ha confirmado que han habido solo 88 ceses (un 7 por ciento).
Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, titular de FGE, dijo sobre la depuración policial el 30 de octubre pasado:
“Es preferible que se vayan a donde pertenecen, que son delincuentes, a que estén infiltrados dentro de la institución; hacen mas daño como infiltrados dentro de una institución que en la calle.
“Mucha gente que se ha separado por control de confianza a la vuelta de poco tiempo aparecen ya haciendo funciones en definitiva con los delincuentes, esto nos habla de que sí hay mucha gente que está infiltrada dentro de las instituciones, dijo Nájera Gutiérrez de Velasco.
“Es mejor tener una institución confiable, sin gente vinculada con la delincuencia organizada, que gente que esté trabajando para la delincuencia organizada”.
Los problemas de corrupción están tan presentes en policías preventivas como ministeriales, que hay casos emblemáticos de ello.
El 29 de julio de este año ocurrió uno con desenlace trágico: un par de agentes investigadores de la FGE detuvo una pipa que contenía gasolina robada. Los funcionarios dejaron ir a dos de los tres detenidos a cambio de dinero, pero éstos retornaron con refuerzos y mataron a los oficiales.
El 12 de noviembre se consignó a cinco policías ministeriales que usaron armas y vehículos oficiales para brindar protección a un grupo de individuos que acudió a Teuchitlán a adquirir 300 cabezas de ganado.
El hecho se conoció porque uno de los agentes fue privado de su libertad por hombres armados y el suceso fue reportado a la FGE. Hora y media después fue liberado, pero también fue detenido por el hecho.
Millones a la basura
El 30 de octubre pasado venció el plazo legal para contar con fuerzas de seguridad confiables, ya sin los elementos no aptos en sus filas. En Jalisco se optó por una prórroga, si no formal, sí de facto o velada.
De los 4 mil 415 oficiales reprobados, el gobernador anunció que el 70 por ciento (3 mil 90) sería revaluado y sólo mil 324 sería dado de baja cuanto antes.
Así, las autoridades le ganan tiempo a la ley y al presupuesto -el cese de policías implica millones de pesos en indemnizaciones-, pero a costa de mantener policías no confiables en las calles.
Los protocolos del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza están validados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. No obstante, en Jalisco la reevaluación, una opción excepcional, se volvió regla generalizada.
Cada prueba le cuesta al contribuyente 2 mil 700 pesos, por tanto, ese gasto de 8 millones 343 mil pesos en exámenes no habría servido de nada, pues se ha replanteado reevaluar al 70 por ciento de los policías reprobados.
El Estado tampoco ha explicado por qué las cifras oficiales cambiaron repentinamente, del anuncio del CESP, del 4 de agosto, al del gobernador, el 30 de octubre.
El primero habló de un universo evaluado de 21 mil 345 oficiales y 4 mil 827 no aptos; el segundo, de 20 mil 444 y 4 mil 415, respectivamente.
La diferencia no es menor: de pronto se redujo en 412 integrantes el grupo de oficiales no confiables.