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“El Estado mexicano reconoce su responsabilidad por la vulneración a la integridad psicológica de los familiares de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera”
“¿La reparación del daño qué me va a reparar? Ya no se puede regresarme los tres años. La reparación del daño ni con dinero se paga”
La Procuraduría General de la República jalonea y estira para no pedir perdón.
Son 206 personas las que han solicitado a la Fiscalía una disculpa o una indemnización por supuestos abusos o por haberlas incriminado en delitos que no cometieron. Los funcionarios federales evitan a toda costa desdecir las investigaciones oficiales y recurren hasta la última instancia para evitar pedir perdón.
Y cuando parezca que pedirá perdón, recurrirá al silencio.
El reconocimiento de un error por parte del Gobierno federal tarda hasta una década. Diez años en los que la familia tiene que sobrellevar el rechazo social tras haber sido vinculado con la delincuencia organizada o acusado de un delito que no cometió.
La reparación de los daños en muchos casos no va más allá del “Usted disculpe”.
El último caso que tuvo espacio en los medios de comunicación fue el de Jacinta Francisco Marcial, una indígena acusada de haber secuestrado a seis policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
La PGR acusó que ella, junto con otras dos mujeres indígenas, sometieron a seis policías federales y los retuvieron. Fueron presentadas ante los medios de comunicación.
Seis indígenas vendedoras de un tianguis fueron señaladas de someter por la fuerza a seis agentes federales antisecuestro armados y con entrenamiento. Parece el guión de una sátira, pero es la realidad.
Jacinta Francisco Marcial asegura que los tres años de su vida que perdió en la cárcel nada ni nadie se los va a devolver.
“Eso jamás, nunca voy a estar contenta. Porque la reparación del daño no me regresa todo el tiempo que no estuve con mis hijos, con mi familia. ¿La reparación del daño qué me va a reparar? Ya no se puede regresarme los tres años, si pudiera que me los regresaran, pues qué mejor. Estaría yo contenta. La reparación del daño ni con dinero se paga”, dijo en conferencia de prensa el mes pasado.
Jacinta fue detenida el 26 de marzo de 2006 en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, y cinco meses después fue llevada con engaños a Querétaro en donde fue presentada ante los medios de comunicación como secuestradora.
El caso contó con apoyo de organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos. Aún así estuvo tres años en prisión y el 15 de septiembre de 2009 fue liberada. La PGR no presentó conclusiones en su contra, pero se negó a reconocer la inocencia de la mujer.
La PGR se negó a reparar el daño primero en 2012 y en 2013 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una sentencia para que la PGR lo hiciera. En mayo de 2014 el Tribunal determinó que la PGR actuó de manera irregular y causó daños morales y materiales a Jacinta.
En 2014 la PGR volvió a interponer un recurso para obstaculizar el recurso de reparación del daño y en mayo pasado el Tercer Tribunal Colegiado desechó el recurso con el que la Fiscalía buscaba impedir ofrecer la disculpa y reparar el daño.
La misma procuradora Arely Gómez aceptó que el daño a la indígena Jacinta Francisco Marcial será reparado. La disculpa no ha llegado.
Agraviados piden millones
La PGR ha recibido reclamos en 206 ocasiones desde 2009 a la fecha. Los quejosos afirman que hubo daños personales y morales que requieren ser reparados.
Los montos varían mucho, pero la gran mayoría de los presuntos agraviados que buscan una indemnización la piden en millones de pesos. De acuerdo con el listado entregado por una solicitud de transparencia hay un presunto agraviado que solicita por daños y perjuicios el pago de 760 millones 717 mil pesos. El proceso sigue abierto.
Otro, requiere 600 millones de pesos por reparación del daño moral. Además, por daño a su patrimonio exigía 34 millones de pesos a la Fiscalía. Estos dos casos se suscitaron en 2014.
En 2015 hay reporte de un caso en el que el agraviado solicita su indemnización en dólares. En el documento se lee que solicita 15 millones de dólares por concepto de “daño material”, además de un millón 385 mil dólares por un concepto no especificado en la solicitud. En suma, el solicitante exige recibir, al tipo de cambio actual, alrededor de 283 millones de pesos por haber sido agraviado por las fuerzas de procuración de justicia.
En contraste, hay un caso que se encuentra en la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el que el agraviado pide sólo 13 mil 600 pesos a la PGR por concepto de “daño personal”. La PGR no entregó ninguna indemnización.
Asimismo, desde 2009 a la fecha hay 47 personas que no detallan un monto de indemnización o bien se encuentra en evaluación. En este tipo de daños es difícil el cálculo porque se refieren a indemnizaciones por daños inmateriales, ya sea por la pérdida de un ser querido o sufrimiento físico y psicológico que dejaron secuelas tras el hecho dañoso a manos de elementos del Estado.
La información indica que de 2009 a este año 206 personas han solicitado una indemnización o exigen que la PGR ofrezca disculpas, que es parte del resarcimiento de un daño moral. El año que reporta más quejas es 2015, cuando 72 personas reclamaron una indemnización a la Procuraduría.
En 2014 se presentaron 30 casos, en 2012 fueron 28; 21 en 2010, en 2011 y 2013 fueron 18 casos, respectivamente, y hasta el 16 de mayo de este año se contabilizan 15 casos.
Desde salarios caídos hasta daños psicológicos
Las víctimas que presumen haber sido agredidas por la justicia federal exigen indemnización por salarios caídos, daños a sus pertenencias y psicológicos, intereses moratorios, pagos de gastos y honorarios de abogados.
En un caso se exige la reparación por pérdida de bienes y el deterioro de sus propiedades por 158 millones de pesos en 2011. No exige alguna otra reparación del daño.
En un caso de 2011 se exige a la Fiscalía nueve millones de pesos por daño moral.
En un caso en 2012, el afectado exige un millón 700 mil pesos por honorarios gastados en el proceso, 126 mil por perjuicios, 232 mil pesos por daños materiales y un millón y medio de pesos por reparación de daño moral.
En un caso del año pasado se lee que el demandante pide “por sueldos dejados de percibir por estar privado de la libertad la cantidad de 482 mil pesos, por sueldos dejados dejados de percibir desde el juicio hasta la fecha la cantidad de 147 mil pesos y por daño moral la cantidad de seis millones de pesos”.
En ninguno de los casos de este listado la PGR ha cedido.
Tardan hasta 10 años
Los casos en que la PGR ha pedido perdón e indemnizado a las víctimas tardan hasta 10 años.
En 2012, la entonces procuradora Marisela Morales pidió perdón a Leonor Guadalupe Olvera López, la madre de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, quien fue detenido de manera ilegal y fue víctima de tortura y asesinado por parte de oficiales de la hoy desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
“En nombre de la sociedad y del Estado mexicano en su conjunto aceptamos dicha responsabilidad, reconociendo que su desaparición forzada implicó violación a su libertad personal, a su derecho a la vida, a la integridad personal y al respeto de su personalidad jurídica”, dijo Morales en un acto frente a la madre de la víctima, quien fue encarcelada durante un año por haber buscado a su hijo.
“El Estado mexicano reconoce su responsabilidad por la vulneración a la integridad psicológica de los familiares de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera y admite que dichas deficiencias han exacerbado en sus familiares sentimientos de impotencia”, expuso la entonces procuradora.
Hay ocho empresas
De estas 206 personas que exigen una indemnización, en ocho casos se trata de empresas, cuyos nombres se reservan por ley.
En 2009 una empresa solicitó como indemnización tres millones de pesos. En 2011 otra empresa solicitó un pago por demora de un contenedor por 3 mil 732 dólares, más 65 mil pesos de almacenaje y 12 mil pesos por recargos y maniobras. Ese mismo año, otra empresa solicitó para resarcir daños y perjuicios 8.5 millones de pesos, así como 20 mil veces el salario mínimo para daño personal y moral y el pago de intereses ordinarios moratorios y legales.
En 2015 tres empresas pidieron un “monto sin especificar” por concepto de reparación de violación a derechos humanos. También en 2016, una empresa solicitó más de 55 millones a la PGR por mercancía que le fue asegurada.
En todos los casos, la Fiscalía asegura que no ha otorgado indemnización alguna. Tres de estos ocho casos de empresas han sido impugnados. Dos de ellos ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y uno a través de un recurso de revisión ante la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales.
Antes de 2009 la Procuraduría General de la República no tiene información porque “desde la entrada en vigor desde la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial el 31 de diciembre de 2004 y hasta la reforma del 12 de junio de 2009, era el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el órgano jurisdiccional competente para conocer de las reclamaciones por la actividad administrativa irregular del Estado, por lo que derivado de la citada reforma fue esta institución (PGR) quien comenzó a conocer de dichos asuntos”.
El silencio de las organizaciones
Usualmente son críticas, pero ahora no.
Las organizaciones civiles dedicadas al trabajo en materia de derechos humanos se negaron a pronunciarse al respecto sobre la inacción oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) en materia de pagos de indemnizaciones a las víctimas.
Organizaciones como el Centro ProDH no realizaron algún pronunciamiento respecto a la problemática de que 206 víctimas que hacen un reclamo de indemnizaciones ante la PGR no reciben una indemnización ni disculpas.
En la página de Centro ProDH se asegura que “desde su creación por la Compañía de Jesús, en 1988, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh (Centro Prodh) se ha planteado defender, promover e incidir en la vigencia y el respeto de los derechos humanos en el país”.
Es esta organización es la que ha estado de cerca en el caso de la mujer indígena Jacinta Francisco Marcial, acusada de secuestrar a policías federales entrenados.
Tampoco el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan quiso hacer un comentario al respecto. El personal argumentó que en su área de acción desconocen de casos en los que se haya solicitado una indemnización ante la fiscalía mexicana.
Por último, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas tampoco ofreció algún comentario.
En los tres casos, las organizaciones en un primer momento aceptaron colaborar y después se negaron a ofrecer algún comentario de manera institucional.
