La Procuraduría General de la República (PGR) debe investigar si miembros del Ejército mexicano fueron testigos de la masacre de Allende, perpetuada por el cártel de Los Zetas entre el 18 y el 20 de marzo de 2011 en dicho municipio de Coahuila.
“Este Organismo Nacional estima que la PGR, deberá iniciar una investigación al respecto, y en caso de advertirse la comisión de algún delito, ejercer la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables”, señaló la CNDH en una recomendación emitida este lunes.
El 18 de marzo de 2011, un grupo armado perteneciente a Los Zetas tomó el municipio de Allende, destruyó 40 residencias y siete ranchos, además de privar de la libertad a 300 personas, según versiones periodísticas recabadas por la CNDH.
La Comisión señaló que obran dos declaraciones que mencionan que servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, presenciaron los hechos ocurridos en marzo de 2011, sin embargo, no se hallaron elementos para acreditar la versión de los testigos.
Por esta razón, la CNDH ordenó a la PGR que investigue si militares presenciaron o no la toma del municipio y la posterior ejecución de al menos 11 personas, así como la desaparición de decenas de habitantes.
La CNDH destacó que en los informes emitidos por el Colegio de México, la Universidad de Texas y la Federación Internacional de Derechos Humanos aparecen diversas imputaciones, en actas de procesos judiciales estadounidenses contra funcionarios mexicanos, estatales y federales.
“Respecto de sus vínculos con miembros del grupo delictivo denominado “Los Zetas”, situación que deberá ser valorada e investigada por las instancias de procuración de justicia respectivas, en razón de sus competencias”, indicó la CNDH.
La Comisión detectó violaciones a derechos humanos
La dependencia indicó que se violó el derecho a la legalidad y libertad personal derivado de las detenciones arbitrarias cometidas contra 34 personas, así como pobladores de Allende y la privación ilegal de la libertad de cinco menores, atribuibles a personal de la SSP municipal.
A la inviolabilidad del domicilio, derivado del allanamiento del Rancho ‘Los Garza’ por parte de miembros de Los Zetas, quienes contaron con el apoyo de elementos de policías de Allende, así como la detención ilegal de una víctima, imputable a elementos de la SSP municipal.
La CNDH señaló que los daños en varios inmuebles, también son imputables a la policía municipal, la cual habría cooperado con Los Zetas.
