Al término de una reunión a puerta cerrada, los padres de las víctimas del Colegio Rébsamen y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México llegaron al entendido de proseguir con los procedimientos necesarios para la demolición de una parte del inmueble semicolapsado.
Aunque a primera hora de la mañana se registró una protesta que exigió el cese de las diligencias de dicha demolición, y porque supuestamente las intervenciones comprometerían las evidencias en el sitio, autoridades y afectados accedieron a dialogar al respecto, ya que de a cuerdo con los peritajes más recientes, la construcción representa un riesgo para las inmediaciones.
Durante la reunión, que tuvo lugar en el búnker de la PGJ y durante esta tarde, fueron explicados los riesgos que el inmueble mantiene, además que la evidencia pertinente ya fue resguardada en una bodega, por lo que se acordó proseguir con los procedimientos protocolarios.
“Al finalizar dicho encuentro, Francisco Riquelme, representante legal de los padres de familia, explicó que “entendemos ahora con una mayor transparencia que tendrán que hacerse ciertos trabajos por el bien común del edificio vecino, pero que también se tomarán las providencias o los cuidados necesarios de tal manera que la evidencia sea debidamente obtenida y llevada a juicio como se ha venido haciendo”.
Tras recibir las explicaciones por parte de autoridades, varios de los afectados acordaron trabajar de manera conjunta y con la intención del bien común, tanto de los procedimientos, así como de los habitantes y propiedades vecinas.
Por su parte, la Procuraduría local reiteró que las obras no interferirían en materia de evidencias y que las investigaciones complementarias continuarán para dar seguimiento al caso y así deslindar posibles responsabilidades.
