Pese a prohibición, ‘jammers’ pululan en Jalisco

La adquisición y utilización de inhibidores de señal han sido detectadas en la comisión de varios delitos asociados con el crimen organizado
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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Aunque la adquisición y utilización de los inhibidores de señal quedaron prohibidas en todo el país desde enero de 2020, en los años recientes las autoridades de Jalisco han detectado un incremento en el acceso hacia esta tecnología por parte de los grupos delictivos que operan en el estado, según consta en los registros de aseguramientos de estos dispositivos.

Los inhibidores de señal, también conocidos como jammers, son utilizados por las organizaciones delictivas, sobre todo para perpetrar el robo de autotransporte y el robo de vehículos, debido a que bloquean el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de las unidades, impidiendo así que puedan ser rastreadas por sus propietarios y las autoridades.

Sin embargo, también se ha corroborado el uso de estos dispositivos durante ataques armados de los grupos criminales, para bloquear los teléfonos celulares y sistemas de radiocomunicación de las víctimas u objetivos, como ocurrió en el atentado que sufrió el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en 2020.

De acuerdo con la información de la Fiscalía de Jalisco, vía transparencia, mientras en el pasado Gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz (hoy finado), se aseguró solamente uno de estos dispositivos, durante la actual administración de Enrique Alfaro Ramírez ya suman 64 los equipos detectados en manos criminales.

El historial de los aseguramientos (65 en total) es el siguiente: en 2018, el 6 de noviembre, aún bajo el mandato de Sandoval Díaz, ocurrió el primer hallazgo de uno de estos dispositivos, según los registros proporcionados, mismo que fue encontrado al interior de un vehículo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

En 2019, ya durante la gestión del gobernador Alfaro Ramírez, el acceso hacia esta tecnología por parte de los grupos delictivos continuaba siendo bajo, pues fue asegurado solamente uno de estos inhibidores de señal; sin embargo, a partir de ese momento el descubrimiento de estos equipos en Jalisco no haría más que crecer.

En el año 2020 fueron seis los inhibidores de señal asegurados en el estado; en el 2021 la cifra se incrementó a nueve; solo un año después, en el 2022, ya eran 32 los dispositivos encontrados; mientras que en lo que va de 2023 la cantidad alcanzada hasta ahora es de 16.

De cómo los jammers dominaron la ciudad

De acuerdo con los registros proporcionados por la Fiscalía del Estado (folio 140255823002017), y en específico por su Fiscalía Especial Ejecutiva de Investigación Criminal, así como su Fiscalía Especial Regional, la posesión de los inhibidores de señal por los grupos criminales está concentrada en el Área Metropolitana de Guadalajara.

De esta manera, de los ocho municipios del estado donde se han dado aseguramientos de estos dispositivos, siete forman parte del núcleo metropolitano mientras que solo uno (Zacoalco de Torres) se localiza fuera de este.

Los aseguramientos de los 65 dispositivos que suman las autoridades jaliscienses se han distribuido de la siguiente forma: el municipio donde se ha encontrado la mayor cantidad de estos equipos es Tlaquepaque, con 17; seguido de Tonalá, con 13; mientras que en el tercer sitio está Tlajomulco de Zúñiga, con 11.

En el cuarto escaño se encuentra El Salto, con 10 equipos; en el quinto lugar está Guadalajara, con siete; en el sexto, Zapopan, con cinco; mientras que Zapotlanejo y Zacoalco de Torres aparecen cada uno de ellos con un jammer asegurado.

El 23 de enero de 2022, por ejemplo, la Fiscalía anunció el aseguramiento de uno de estos equipos, durante la captura de Ricardo C., el 14 de enero de ese año, en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, por policías tapatíos, mientras conducía una camioneta Honda, tipo CRV, modelo 2017.

La dependencia indicó que los elementos verificaron que el vehículo contaba con reporte de robo, y que Ricardo C. no pudo acreditar la propiedad del mismo, por lo que fue detenido.

“Además se le aseguró un escáner con conector, un inhibidor de señal, una tablet y una llave tipo tubo”, informó el organismo.

El marco jurídico los prohíbe desde 2020

El 23 de octubre de 2019, cuando la Cámara de Diputados aprobó las reformas que prohíben el uso de los inhibidores de señal, el diputado, Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), expuso: “Es de suma importancia advertir que los bloqueadores son altamente utilizados por los grupos delincuenciales para el robo de autotransporte”.

La Cámara comunicó, con base en la intervención del legislador, que en tres de cada cuatro robos de autotransporte se usan estos dispositivos: “De enero a noviembre de 2018 se registraron 2 mil 569 robos en el ámbito nacional, y en más del 75 por ciento, los delincuentes usaron estos aparatos”, según datos que se atribuyeron a la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular.

Esa reforma adicionó el Artículo 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que indica: “Queda prohibida la fabricación, comercialización, adquisición, así como la instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen”.

Como excepción de esta prohibición, se estableció “el uso y operación por parte de las autoridades encargadas de los centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centro de internamiento para menores…”.

Mientras que en el Código Penal Federal se adicionó el artículo 168 que indica: “Se sancionará con pena de doce a quince años de prisión, a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, use u opere equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen con excepción de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones…”. Si se trata de un servidor público: “se le impondrá la pena de quince a dieciocho años de prisión”.

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