Desde hace unos años se difunde la creencia entre pescadores de que en el poblado de San Felipe, en el Alto Golfo de California, donde habita la vaquita marina, especie en peligro de extinción, es muy fácil hacer dinero.
Que todos los pescadores, con solo meter las redes, sacan a diestra y siniestra decenas de totoabas —peces gigantes cuyas vejigas natatorias son muy cotizadas en el mercado chino— y así, casi en automático, tienen miles de dólares.
Pero muchos pescadores, e incluso científicos, están cansados de esta idea. De que se compare a la totoaba con la cocaína. De que se les estigmatice, porque la situación que se vive en el Mar de Cortés, dicen, tiene raíces mucho más profundas.
Como José Luis Romero González, a quien llaman “Chalunga”. Es un pescador de 61 años del pueblo de San Felipe que aprendió el oficio desde niño.
También es uno de los cinco socios fundadores de Pesca ABC, una organización que comenzó con cinco pescadores y que actualmente tiene entre 30 y 40 miembros, la cual busca artes de pesca alternativa y darle valor agregado al producto obtenido con esas artes para ver si puede ser sustentable o no.
Proyecto fallido
En el 2015, el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció una estrategia integral para preservar 14 14 portada el ecosistema marino del Alto Golfo de California.
Entre las medidas estaba la ampliación del polígono de protección de la vaquita marina —el área de refugio que busca permitir y recuperar su población—, cuya vigilancia estaría en manos de las Fuerzas Armadas.
Y una compensación económica para los pescadores que realizaban su actividad en esa área con la condición de que habría veda por dos años.
José Luis dice que los pescadores recibían 8 mil pesos y quienes eran dueños de equipos tenían un apoyo económico de 21 mil pesos.
Con ello, el gobierno esperaba la recuperación de la vaquita marina, pero aún así había pangas (lanchas) ilegales que violaban la Ley y entraban a capturar totoaba u otras especies de temporada.
Sin embargo, el problema se agravó con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien quitó los apoyos mensuales y les dio uno anual por 7 mil 200 pesos, lo que provocó que los pescadores volvieran al mar de manera ilegal.
“San Felipe, lo que es la pesca, está sin autoridad (…). Ahí fue donde aumentó la pesca ilegal, si había 20 pescadores ilegales de totoaba ya no fueron 20, fueron 80, 100”
“Se desesperaron, no tenían dinero, tenían que mantener su dinero, ¿qué haces? Pues irte a lo ilegal, o sea que el mismo gobierno provocó esto, que no haya Ley en San Felipe”, dice José Luis.
Por convicción
Él es uno de los pescadores más afectados, ya que sí ha respetado la veda desde hace casi seis años y también los embargos pesqueros que ha interpuesto Estados Unidos, pero al ver que México no protege la zona le dan sentimientos encontrados.
“A veces llega un momento viendo que el gobierno no se preocupa por hacer nada, refiriéndonos a lo que está sucediendo con la vaquita, te da no sé qué y tú quieres hacer algo, pero eres impotente y no puedes hacer mucho.
“Entonces a veces te dan ganas de unirte a los pescadores ilegales, viendo que ellos están ganando dinero y tú no, por seguir una convicción, por ser una persona que quiere hacer algo más adelante, que los nietos alcancen a ver al animalito ese”. Él es de los pocos que ha visto vaquitas vivas, pero también muertas, dice.
Otra de las razones es la economía en la que vive. Actualmente tiene un problema del corazón y tiene que hacerse un cateterismo y la operación le sale en 130 mil pesos.
“¿De dónde los agarro? Soy propenso a que me dé un infarto, caer en cualquier rato y todo eso pues se te junta, los problemas económicos que tiene uno, pero ya al momento que te quieres decidir a hacerlo lo vuelves a pensar y se te quitan las ganas”.
