La falta de perspectiva de género en los casos que atiende el Poder Judicial es un obstáculo que vulnera la seguridad de las mujeres, ya que evita que se otorguen medidas de protección a víctimas de violencia e incluso puede entorpecer la acreditación de un feminicidio.
Para saber si se aplicó o no la perspectiva de género, la organización Equis Justicia evalúa ocho elementos en casos del Poder Judicial: el análisis de los hechos, la valoración de las pruebas, la detección de situaciones de riesgo y órdenes de protección, la identificación de los derechos afectados, poder ubicar el derecho aplicable al caso, los razonamientos utilizados para resolver el caso, la reparación del daño y, por último, las medidas de seguimiento a las sentencias.
Ignorar la perspectiva de género fomenta situaciones de desigualdad, violencia y discriminación hacia las mujeres en lugar de identificarlas, corregirlas, sancionarlas y repararlas
Por ejemplo, no aplicar esta medida y no hacer un debido análisis de los hechos, puede generar que se sigan registrando casos como el de la sentencia 46-2017 del Poder Judicial de Yucatán sobre una mujer violentada por su pareja de forma reiterada y quien después de haber sido víctima de golpes, intento de asfixia, de que el hombre le enterró un cuchillo en la costilla del lado derecho, después en la boca del estómago, en el pecho, y en el cuello, la persona juzgadora reconoció que había violencia pero no valoró el contexto en el que se dieron los hechos, como consecuencia, la sentencia sólo señaló que se trató de un caso de violencia familiar y lesiones graves y no como una tentativa de feminicidio, así lo indica la organización Equis Justicia.
Otra consecuencia de no aplicar la perspectiva es que siga habiendo porcentajes altos sobre la falta de protección a mujeres, como el 69 por ciento de las sentencias donde el juzgador no detectó situaciones de riesgo y por ende no hubo protección en casos que se requerían.
La Red por la Ciudadanización de la Justicia integrada por 14 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Equis Justicia y UNASSE, señala en su informe, No es justicia, que a pesar de que han transcurrido siete años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y que se han creado instrumentos políticos entre poderes judiciales para obligarse a institucionalizar la perspectiva de género; al día de hoy, resulta común saber sobre sentencias que, en lugar de proteger, abandonan y toleran la violencia contra las mujeres.
El informe constó del análisis de 110 sentencias de Querétaro, Tlaxcala, Yucatán, Campeche, Baja California, Ciudad de México, Chiapas y Oaxaca; en su mayoría sentencias de primera y segunda instancia y de éstas, la mayoría se trataban de casos del ámbito familiar-civil o del ámbito penal.
Ahí, se detalla que el 85 por ciento de las sentencias o resoluciones judiciales no consideraron la manera en la que influyeron los estereotipos de género o las características de identidad de las personas involucradas, por ello, de seguir ignorando el análisis de los hechos, el Poder Judicial estaría validando y perpetuando las situaciones de desigualdad, violencia y discriminación por motivos de género, en lugar de identificarlas, corregirlas, sancionarlas y repararlas.
Para Luis Fernando Villanueva Ayala, oficial del proyecto del área legal de Equis Justicia, sin la perspectiva de género y de derechos humanos en los procesos judiciales no puede haber justicia.
Cuando tenemos resoluciones o sentencias que no tienen esas perspectivas encontramos entonces normalización de la violencia, estereotipos y prejuicios arraigados en las interpretaciones de las y los juzgadores del país, por eso la importancia de contar con ambas perspectivas radica en una impartición de justicia igualitaria y no discriminatoria
En el informe también se menciona que en el 80 por ciento de los casos, las personas juzgadoras analizaron las situaciones de violencia contra las mujeres de manera aislada y no como parte de una problemática basada en la discriminación por motivos de género.
Mientras que en el 47 por ciento de los casos, los jueces no valoraron las situaciones de violencia las cuales se advertían de manera explícita en el relato de las mujeres.
80
De acuerdo con Villanueva, otro de los errores en los que cae el Poder Judicial es en no dar medidas de protección cuando la mujer corre peligro, una muestra de ello es la sentencia 182/2015, emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Mixteca de Oaxaca, donde se resolvió el caso de una mujer con discapacidad auditiva y del habla que fue violada por dos hombres de su comunidad; sin embargo, a pesar de que uno de los agresores se encontraba en libertad durante el juicio, no se emitieron medidas para proteger a la víctima.
47
“Otra urgencia que se tiene es la vigilancia a las medidas de seguimiento a la sentencia porque descubrimos que el 70 por ciento de las personas que imparten justicia no lo hicieron y si a eso le sumamos que el 84 por ciento de las sentencias no logran explicar sus argumentos, e incluso, cuando dicen haber juzgado con perspectiva de género, las personas juzgadoras no lograron profundizar ni explicar cómo el género se vincula con el caso, tenemos una situación grave, porque todo eso conlleva a un contexto de impunidad que refuerza la discriminación y la violencia”, sentencia.
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Mujeres sin justicia
Irinea Buendía, quien ha luchado durante nueve años por justicia tras el feminicidio de su hija Mariana Lima Buendía, relata en entrevista para Reporte Índigo que contar con la perspectiva de género desde el inicio de la investigación es fundamental para alcanzar justicia.
La falta de aplicación de la perspectiva de género a la hora de investigar casos de violencia contra mujeres provoca que se revictimice a las denunciantes, además de impedirles un acceso real a la justicia
“Los servidores públicos y en especial todo el Poder Judicial deben trabajar basados en perspectiva de género, de otra manera, para las madres que perdimos a nuestras hijas a manos de la violencia jamás vamos a poder acreditar que se trata de feminicidios y no de homicidios o suicidios como quisieron hacer con mi hija”, explica.
De acuerdo con Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), incorporar la perspectiva de género en la impartición de justicia es muy importante para que haya un acceso real a la justicia y también una reparación integral del daño.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un protocolo para juzgar con perspectiva de género, se ha invertido mucho dinero en la capacitación para operadores de justicia y hasta ahora vemos que no se está realmente materializando todo este trabajo”, acusa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un protocolo para juzgar con perspectiva de género, sin embargo al día de hoy sigue siendo ignorado en la mayoría de los casos
Para Irinea, tener la perspectiva de género en todos los casos sobre violencia contra las mujeres es un paso muy importante también para detener la revictimización.
“Las autoridades siempre están tratando de culpar a las hijas y luego a nosotras, en ese acceso a la justicia que pedimos, dicen que las madres nunca tenemos razón en lo que decimos y que la única entidad que sabe y a quien se le tiene que creer sus dichos es al Ministerio Público, el cual desgraciadamente no tiene conocimiento en cuanto a la perspectiva de género.
“Por eso, si de verdad todos la aplicaran, no sería un calvario nuestro acto de exigencia de justicia, no nos obligarían a ser investigadoras, a tomar las calles. Porque que quede claro que todo lo que hacemos como madres de víctimas es por tener justicia y nada más”.
Por su parte, Ojeda Sosa explica que si desde la carpeta de investigación no se integra la perspectiva de género y se sigue trabajando con base en prejuicios y criterios personales, habrá otras consecuencias para las víctimas como el que no se efectúe una búsqueda inmediata en caso de mujeres desaparecidas.
Hay casos en que las autoridades encargadas de investigar, como lo son las policías y las fiscalías, no actúan de inmediato en desapariciones de mujeres. Dicen que se fueron con el novio o que andan de fiesta y pierden tiempo para localizarlas todavía con vida, en el país o incluso sin lesiones graves
“Sin embargo, vemos que no es así y lamentablemente lo mismo pasa cuando se trata de feminicidios, si no se toma en cuenta la perspectiva de género no se llega a procesar como tal y lo llegan a catalogar como un homicidio pasional o algo menos grave y por lo tanto la condena, si es que llega, puede ser menor de lo que realmente debería”, explica.
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El reto de legitimar la justicia con perspectiva de género
Para poder tener perspectiva de género y de derechos humanos, los abogados coinciden en que es necesario fortalecer los procesos de formación no solo de jueces y juezas, sino también de secretarios proyectistas y técnicos judiciales.
Además, señalan la urgencia de reformular los programas de capacitación para que sean integrales, continuos y permanentes, que atiendan las necesidades de las personas que juzgan, y que implementen mecanismos de seguimiento y evaluación sobre las sentencias y resoluciones judiciales para medir su impacto.
Para que las sentencias emitidas desde el Poder Judicial cuenten con perspectiva de género se requiere de capacitación continua e integral del personal, además de mecanismos de medición certeros para conocer los resultados
“Dar capacitación no es suficiente porque los recursos que se están dando para la capacitación no tienen mecanismos de evaluación y no son dirigidos a las personas juzgadoras de manera integral, es decir solo se dan conferencias o cursos pero no son proceso continuos donde se incorpore a la sociedad civil o personas expertas para que monitoreen la labor del poder judicial”, explica Villanueva.
De acuerdo con el oficial de Equis Justicia, también hacen falta modelos de acompañamiento, lo que se traduce en que los tribunales abran sus puertas a la academia y a la sociedad civil para que se pueda saber con certeza cómo se capacitan para así tener un mejor análisis de cuáles son las necesidades y la realidad en el sistema de impartición de justicia.
“Actualmente de todos los poderes judiciales del país, solamente siete tienen mecanismos de participación con la sociedad civil y la academia, necesitamos tener un tribunal abierto, eso nos va a ayudar para no tener barreras en cuanto al acceso a la justicia y así el Poder Judicial tenga más legitimidad. En México, ningún Poder Judicial cumple al 100 por ciento sus obligaciones de transparencia, no podremos mejorar la impartición de justicia si no sabemos cómo están haciendo su trabajo”, menciona.
Por su parte, para Ojeda Sosa resulta fundamental y urgente tener la debida transparencia por parte de los poderes judiciales y que las Fiscalías se involucren en los procesos formativos para tener perspectiva de género
“Si todos los poderes judiciales pudieran transparentar sus actividades, principalmente la información relacionada con las sentencias que emiten, se podría ver si las resoluciones o las medidas de protección se realizaron con perspectiva de género. Hubo sentencias a las que no tuvimos acceso y en esas, si no sabemos qué falla, no sabemos qué exigir y qué errores se están cometiendo para poder corregirlos”, advirtió.
Para Irinea, la reparación del daño, el cual forma parte de su acceso a la justicia, no solo se trata de disculpas públicas ni monumentos, para ella está claro que nunca habrá una reparación integral porque eso quiere decir que las cosas tienen que volver a la normalidad y eso no podrá lograrse ya que ningún poder podrá devolverle a su hija.
“A nosotras ya nos quitaron un pedazo de vida, por eso lo mínimo que tienen que hacer es cumplirnos con justicia para nuestras hijas, una justicia bien hecha porque sino nosotras siempre vamos a ser la piedra en el zapato de las autoridades”, sentencia.
