En este 2022, aún existen grandes pendientes en materia de derechos humanos con las personas mayores que viven en la capital del país.
Durante agosto pasado, la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM) hizo un llamado a las autoridades a implementar más medidas para garantizar una vida digna a dicho sector de la población, así como procurar el envejecimiento decoroso de la ciudadanía en general.
Especialistas consideran que la problemática se debe a los estigmas sociales que hay en la sociedad respecto a la vejez, mismos que les impiden acceder a sus derechos. En este sentido, hay registros de que ser adulto mayor en la Ciudad de México es objeto de marginación.
Onceavo motivo de discriminación
De acuerdo con la Encuesta Sobre Discriminación (EDIS) 2021 del Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) capitalino, ser una persona de edad avanzada es el onceavo motivo de discriminación más recurrente a nivel local.
Además, según una nota informativa del Consejo publicada en 2015, la exclusión laboral comienza entre los 35 y 45 años de edad, y se acentúa en edades más avanzadas.
No obstante, según el organismo, es difícil para las autoridades comprobar que existen prácticas discriminatorias por parte de las empresas que no quieren contratar a personas mayores.
“En México no se puede demostrar que se discriminó por la edad. La empresa se puede justificar dependiendo del tipo de trabajo y actividades que requiere.
“No existe un mecanismo que obligue o incentive al empleador a contratar a trabajadores mayores de 35 años. Tendría que hacerse una reforma a la Ley Federal del Trabajo”, detalla el texto.
Exhorto a autoridades
El pasado 22 de agosto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México publicó un boletín para llamar a las autoridades a impulsar el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de las personas mayores, en el contexto del 28 de agosto, Día de las Personas Mayores de México.
“Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año 2030, la población mayor de 60 años será de más de 20 millones de personas, y para el 2050, se estima, representarán el 27.7 por ciento de la población mexicana.
“Es por ello que avanzar en la construcción de políticas públicas para mejorar sus condiciones de vida se vuelve indispensable para evitar la discriminación, abandono, maltrato o abusos”, menciona la publicación.
Características de la violencia a las personas mayores
El maltrato a este sector poblacional es el daño o sufrimiento a una persona de edad avanzada, así como la falta de medidas apropiadas para evitarlo.
Esta violencia se produce en una relación basada en la confianza y puede adoptar diversas formas que van del maltrato físico, psíquico, emocional o sexual hasta el abuso de confianza en cuestiones económicas.
La agresión más generalizada contra los ancianos es el psicológico, que se manifiesta por medio de insultos, humillaciones e, incluso, restricciones para convivir con sus familias.
Ante esta situación, el órgano consideró fundamental la consolidación de programas y políticas públicas que garanticen la coordinación interinstitucional entre las autoridades de distintas dependencias involucradas en la atención integral de las personas mayores.
Esto, con el objetivo de lograr la protección de sus derechos humanos y que se promuevan los mismos desde un enfoque intergeneracional, “con la participación de personas de todas las edades, para crear las condiciones que permitan un envejecimiento digno y saludable, y garantizar el bienestar de las personas mayores del presente y del futuro”.
El estigma social a las personas mayores
En la sociedad, el primer impedimento para que las personas que rebasan los 60 años de edad gocen de sus derechos, es el estigma y la discriminación social, dice Marcela Vázquez-Mellado, fundadora de la organización Jubilare y académica de la Universidad La Salle.
“Todo empieza desde el concepto, no son adultas mayores, son personas mayores, nada más”, indica.
Menciona que se cree que personas en edad avanzada son frágiles o no son aptas para los diferentes tipos de trabajo, “pero eso no es cierto, tienen la misma capacidad de otras personas; sin embargo, la sociedad incluso los infantiliza y los discrimina”.
Por último, comenta que son necesarias reformas a las leyes para garantizar la inclusión laboral de personas adultas en las empresas.
“Cualquier camino y medida es útil para disminuir esta desigualdad en derechos que padecen las personas adultas”, afirma.
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