Los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se han vuelto testigos directos de la expansión territorial que han alcanzado las organizaciones criminales del país, pues han tenido cientos de encuentros con grupos armados durante la realización de sus labores, tan solo en el periodo de la actual administración federal.
En julio de 2023, Susana Pérez Cadena, directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Instituto, reveló en la Cámara de Diputados que el personal del organismo había tenido que pagarle al crimen organizado para poder ingresar a ciertas zonas del país, durante la elaboración del Censo Agropecuario 2022.
Sin embargo, los registros que genera el Instituto en materia de “incidentes de inseguridad”, obtenidos vía transparencia, muestran que los encuentros de su personal con los integrantes de grupos criminales han ocurrido con alta frecuencia en los años pasados. Hoy, son parte cotidiana de las labores encaminadas a recolectar información en todo el territorio nacional.
Encuestadores, entre el asedio y la precariedad https://t.co/FMAYF7ST7H vía @Reporte_Indigo
— Red de Mujeres Sindicalistas (@RMSindicalistas) October 16, 2023
En específico, la información que proporcionó la Coordinación General de Operación Regional del Instituto, indica que en el periodo 2019-2023, correspondiente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el personal del organismo reportó 469 incidentes de “presencia de grupos armados”.
Inclusive, el documento de la Coordinación General de Operación Regional expone que 22 empleados del Instituto fueron privados temporalmente de su libertad mientras cumplían con sus funciones, por lo que sus casos quedaron registrados como “retención de personal”, también en el lapso 2019-2023.
Los recorridos por todas las regiones del país que deben hacer los integrantes del Instituto también generaron en estos años, 315 casos de agresión; 381 de amenaza; mil 139 reportes de robo con violencia; otros 341 de robo sin violencia; 89 incidentes de pandillerismo; y, finalmente, 19 casos de extorsión (telefónica, verbal, etc.).
De esta manera, durante la administración del presidente López Obrador, el personal del Instituto ha reportado un total de 2 mil 775 incidentes de inseguridad, y aunque esta información se solicitó también con respecto al periodo gubernamental del exmandatario Enrique Peña Nieto, el organismo aseveró que solamente dispone de los datos del actual sexenio.
“La Coordinación General de Operación Regional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó una búsqueda exhaustiva y razonable con criterio amplio. (…) De la búsqueda realizada se localizó información relacionada con su solicitud y que refiere a un informe de incidentes de inseguridad (…), mismo que incluye de 2019 a 2023”, respondió el INEGI según el folio: 330031223001090.
El día en que una funcionaria del INEGI reconoció el pago de cuotas
Fue el 27 de julio de 2023, cuando la funcionaria del INEGI, Pérez Cadena, expuso ante los legisladores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que el organismo dispone de distintas estrategias para recolectar la información que requiere, incluso el pago de las cuotas que exigen los grupos criminales para ingresar a las zonas que están bajo su control.
Vaya confesión: el Inegi tuvo que pagar al crimen organizado derecho de piso para poder realizar el Censo Agropecuario 2022. Además, uno de sus empleados fue secuestrado y luego liberado. Así lo informó Susana Pérez Cadena,responsable de censos agropecuarios y económicos. pic.twitter.com/pUnE97qTZr
— Ximena Mejía (@XimenaHinojosa) July 27, 2023
“Hay muy diversas estrategias: desde en algunos casos pagar para entrar, pagar a lo mejor cifras pequeñas, pero pagar para entrar, hasta contratar personal de la zona que conozca muy bien a la gente de la localidad o de la zona donde se está censando, y que además sea conocida de esa gente, quienes podrían estar incurriendo en cuestiones de delincuencia; y con eso, pues la verdad la entrada a todos los lugares es muy sencilla”, expuso, de acuerdo a varios medios informativos.
La funcionaria también reveló que durante la recolección de la información del Censo Agropecuario 2022 uno de los miembros del organismo fue privado de su libertad por algunos días: “Sí tuvimos algunos tropiezos: el primer día tuvimos a una persona pues, digamos, como secuestrada y duró varios días así; pero, después de eso ya no tuvimos más. La verdad es que la experiencia del INEGI creo que nos salva de mucho de esto“.
El suceso anterior que difundió Pérez Cadena ante los legisladores coincide con la información que brindó la Coordinación General de Operación Regional. Esta instancia indicó que más de dos decenas de empleados del organismo han sufrido situaciones de privación de la libertad, registradas como “retención de personal” (22), en el lapso 2019-2023.
Así genera el INEGI confianza en regiones controladas por el crimen
El mismo 27 de julio de 2023, el Instituto emitió un comunicado en el que abordó las incidencias de inseguridad que había expuesto Pérez Cadena en la Cámara de Diputados. Reconoció que, en efecto, habían ocurrido múltiples “retenciones” de su personal durante la obtención de la información del Censo Agropecuario 2022.
“Los operativos censales son levantamientos que implican una movilización masiva de personal de campo a lo largo del país. En el caso del Censo Agropecuario 2022, que se levantó del 19 de septiembre al 30 de noviembre de ese año, se contrataron 28 762 personas. Al igual que en otros operativos, se capacitó a nuestras y nuestros colaboradores con protocolos de incidencias de tipo medioambiental, social, de inseguridad y accidentes”, informó el Instituto.
Y agregó: “Durante el periodo de levantamiento se registraron cuatro incidentes en los que se impidió el libre tránsito, además de diez retenciones. Ante estos hechos aislados, en cada uno de ellos se respondió conforme a los protocolos correspondientes. En todo momento, se priorizó la seguridad e integridad física del personal de campo”.
El organismo señaló, de igual forma, que en sus operativos se realizan acciones preventivas para salvaguardar la seguridad de quienes recorren el territorio, como estas: “Se contrata personal de la localidad con la finalidad de generar confianza en la comunidad. (…) Se capacita al personal de campo con protocolos de seguridad. (…) Se mantiene una estrecha comunicación con las autoridades de los tres ámbitos de gobierno para reforzar la seguridad de nuestro personal”.
