Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Observatorio de Trabajo Digno recabados por la iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza revelan que la precariedad laboral en el país está estancada desde 2005.
Además, siete de cada diez personas trabajan sin ingreso suficiente para superar el umbral de la pobreza, lo que representa el 71.4 por ciento de la población, y seis de cada 10 trabajadores (61.2 por ciento) no cuentan con afiliación al Seguro Social.
Acción Ciudadana explica que esto se debe a que las estructuras laborales conceden licencia a esta problemática, que se caracteriza por plazas sin contrato estable y sin organización sindical, así como a la informalidad, una “alternativa de sobrevivencia frente al desempleo”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, al primer trimestre de 2022, la suma de las personas en todas las modalidades de empleo informal suma 31 millones, lo que representa el 55.2 por ciento de la población ocupada.
La ocupación informal según el género de la población, el incremento fue mayor en las mujeres al presentar un alza de 1.2 millones, al pasar de 11.1 millones en el primer trimestre de 2021 a 12.3 millones en el mismo periodo de 2022.
Por su parte, se registró un aumento de 602 mil hombres que se incorporaron a los sectores informales, al pasar de 18.1 millones a 18.7 millones.
Ante este panorama, la iniciativa califica la realidad laboral de México como “un desastre que se ha ‘normalizado’” y deriva en pobreza, bajos salarios y condiciones críticas de ocupación.
“Los datos no se mueven: empeoran un poco, mejoran un poco, y al final quedan en el mismo nivel”, afirmó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, al dar a conocer el decimotercer reporte del Observatorio de Trabajo Digno, del que destacó que, desde su implementación, la precariedad laboral ha sido una constante.
