Mientras el gobernador Samuel García está más enfocado en su proyecto de la nueva Constitución, un grupo armado asesinó a tres personas en el interior de una quinta en el municipio de Santiago, en un episodio de violencia.
Hasta la tarde de ayer suman 14 personas que han perdido la vida, la peor racha de violencia de este año y desde la llegada de García al Gobierno de Nuevo León. Las primeras investigaciones arrojan que un grupo de ocho pistoleros vestidos de negro que portaban armas largas y cortas arribaron en varios vehículos a la finca, desde donde dispararon.
Trascendió que entre los fallecidos estaba el cabecilla de un cártel que opera en la zona norte de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), pero esto no había sido confirmado por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
La violencia arrancó las primeras horas del lunes con cinco personas ejecutadas. Un hombre fue decapitado en la carretera a Monclova a la altura del municipio de El Carmen, lo que ocasionó una fuerte movilización.
Horas más tarde fueron encontrados los cuerpos de dos hombres en un lote baldío en el municipio de García, mismos que presentaban huellas de tortura.
En San Nicolás dos hombres y una mujer fueron asesinados por personas armadas. Por la noche del lunes otro más fue acribillado en la zona norte de Monterrey.
En lo que va del año suman 149 personas ejecutadas.
Apenas el pasado 9 de febrero ocurrió el hallazgo de 12 cuerpos en una fosa clandestina en un campo de futbol en el municipio de Escobedo, y encendió la alerta entre la ciudadanía.
La escena de policías buscando cadáveres en lugar despoblado recordó los tiempos más violentos de 2011 y 2012, donde la práctica de enterrar personas, algunas aún vivas, era el común denominador. La zona, es decir, un predio en la colonia Unión de Colonos Benito Juárez, era presuntamente usada por el crimen organizado para desaparecer a víctimas.
Esto pone sobre la mesa que la violencia no ha sido controlada por la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Aldo Fasci Zuazua. El funcionario considera que no existe una guerra entre grupos de la delincuencia organizada.
