Más de 300 mil familias de pescadores están en riesgo en México. En el reporte “Auditoría Pesquera 2.0”, la organización Oceana revela que el 51 por ciento de la información con la que el Gobierno federal toma las decisiones del sector pesquero está desactualizada y, además, que cuatro de cada diez especies de pesca están sobreexplotadas.
Esteban García-Peña Valenzuela, director de Campañas de Pesquerías de la Oficina en México de Oceana, explica que la “Auditoría Pesquera 2.0” es un análisis y una revisión profunda del estado de la información con la que el gobierno toma decisiones en el sector pesquero, es decir, de la Carta Nacional Pesquera y de los llamados Libros Rojos.
Todos los esfuerzos gubernamentales y de investigación hacia la pesca están enfocados a los volúmenes pesqueros, es decir, hacia las pesquerías industriales
La Carta Nacional Pesquera es un documento que permite conocer en dónde, cuándo y cuánto se permite pescar sin alterar el equilibrio biológico y la forma más adecuada para extraer especies susceptibles de aprovechamiento; mientras que los llamados Libros Rojos hablan sobre la pesca y la sustentabilidad en los océanos mexicanos y contienen información biológica sobres las especies.
“Esta información tiene que ser actualizada según la Ley General de Pesca cada año y lo primero que encontramos, es que desde su primera publicación en el año 2000 solamente se ha actualizado en cinco ocasiones. La última ocasión fue en 2018, aunque se trató de información elaborada en 2017, y cuando nos vamos a esa información del 2018 encontramos que el 51 por ciento de las fichas que integran esa Carta Nacional Pesquera no ha sido actualizada en 8 años”, dice García-Peña.
Sin embargo, el hallazgo más importante de este informe — realizado a partir de análisis de expertos, expertas y de investigadores a nivel nacional e internacional— es que el 43 por ciento de las especies pesqueras, es decir, cuatro de cada 10, se encuentran en algún grado de deterioro por razones como la explotación, el deterioro de los hábitats, la contaminación o la pesca ilegal.
“Lo más serio es que ninguna dependencia de la administración pública federal y, en especial, la autoridad pesquera que es la Conapesca llevan a cabo ninguna actividad para restaurar esas especies pesqueras.
“Por lo tanto, esto es una bomba de tiempo porque no administran bien, no saben lo que hay, no recuperan lo que está desgastado y eso está llevando la pesca a un quiebre rotundo, ¿quiénes son los más afectados por esta situación? Pues resulta paradójicamente para los intereses de este gobierno que los más afectados son los pescadores menos favorecidos o los pescadores de pocos ingresos que son los pescadores ribereños”, menciona el integrante de Oceana.
Información incompleta sobre la pesca
La “Auditoría Pesquera 2.0” revela que de todas las especies que se encuentran en la Carta Nacional Pesquera, solo el 25 por ciento se gestiona a través de planes de manejo sostenible, que es el que establece cómo, cuánto, qué se pesca y en dónde se pesca, todas las demás especies no tienen ningún programa o ningún plan de manejo.
“La única forma con la que se gestionan es con el otorgamiento de permisos, entonces estamos entrando en una contradicción, porque mientras el gobierno no sabe lo que hay, ni las condiciones en las que están las pesquerías, sigue otorgando permisos, eso resulta paradójico, es un absurdo”, señala Esteban García-Peña.
2.5
Además, todos los esfuerzos gubernamentales hacia la pesca están enfocados a los volúmenes pesqueros, es decir, a la producción de la pesca en términos de peso y de volumen, lo que hace que la atención tenga un sesgo hacia las pesquerías industriales y abandone al resto de las pesquerías, que son las artesanales o ribereñas. Lo mismo sucede con la mayoría de los recursos públicos para la investigación de este sector.
El ejercicio del otorgamiento pesquero que se hace en este país se hace totalmente discrecional porque no hay elementos técnicos y científicos para la toma de decisiones
Los más afectados
En México se estima que hay 300 mil familias de pescadores ribereños o artesanales que viven en su mayoría de la pesca de escama y alrededor de 2.5 millones de familias que dependen indirectamente de esta actividad, explica García-Peña.
El que el Gobierno federal no tenga una actualización de la información se traduce en pérdidas económicas anuales de mil millones de pesos para las y los pescadores artesanales, quienes cada vez tienen que adentrarse más en la búsqueda de las especies que presentan algún grado de deterioro.
“Hoy por hoy si tú vas a con pescadores y pescadoras ribereños, el común denominador es: necesito más gasolina para ir más lejos, necesito arriesgar la vida para ir más lejos y estar más tiempo en embarcación porque ya no encuentro mi pesca o las especies que necesito de manera cercana”, menciona.
Sin embargo, explica que no que estas especies se encuentren más lejos, es que se están agotando, lo cual merma el bolsillo de los pescadores y un caso emblemático es el del mero, una especie que se pesca en el 90 por ciento en Yucatán.
300 mil
“En los años 80 y los años 90 en Yucatán se sacaban más o menos 20 mil toneladas de mero; en 2019, que es el último que tenemos, fue tan poca la productividad de la especie, no llevaron ni a 2 mil toneladas, que la mitad de la flota dijo: no salgo porque no me costea”.
Para revertir esta situación, García-Peña Valenzuela explica que tienen dos propuestas: una es que el Gobierno federal tenga otros criterios para la producción pesquera de este país que garanticen el desarrollo social, sobre todo, de los pescadores menos favorecidos, es decir, que a partir de ahora se utilice el Índice de Importancia Social de la Pesca para saber cuáles son los beneficios.
Mientras que la otra es una reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que obligue al gobierno a restaurar pesquerías deterioradas.