Pese a que interpusieron un juicio de amparo contra el proceso para elegir a los integrantes del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEANL), demanda en la que exigen que los miembros cuenten con experiencia, los candidatos Juan Guillermo Ávila Sarabia y Mario Alberto García tampoco poseen práctica en el ámbito.
En el acto de suspensión número 1482/2022, del que Reporte Índigo posee una copia, y que mantiene en vilo la designación de un nuevo fiscal General de Justicia, los quejosos reclaman que los actuales miembros de este Comité no cuentan con experiencia en fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
“El indebido proceso de selección de los integrantes del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León en lo que respecta a la elaboración de la convocatoria, omisión de diseño de mecanismos de evaluación, omisión de efectuar la revisión de la experiencia o conocimiento verificable en materia de fiscalización, de rendición de cuentas o combate a la corrupción y la omisión de realizar un análisis suficientemente fundado y motivado de los perfiles de los aspirantes”, son algunos de los reclamos expresados en el amparo.
Sin embargo, tras efectuar una breve revisión a la experiencia de ambos quejosos en sus perfiles públicos, que se encuentran en la página del Congreso local, es notorio que los dos carecen de la experiencia que pretenden que los miembros del Comité tengan.
El currículo de Ávila Sarabia no acredita que el candidato posee experiencia en el combate a la corrupción, fiscalización y rendición de cuentas gubernamentales, de universidades públicas y de organismos autónomos, un requisito básico para ingresar al Comité del SEANL.
En su perfil público se menciona que Ávila es licenciado en Derecho y que cuenta con una maestría en derecho privado. En el documento no hay constancia de que tenga algún curso o especialidad en el manejo de portales de transparencia de Gobierno, en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios, corrupción o fiscalización.
Según su currículo tampoco es abogado fiscalista, especialidad fundamental para detectar casos de corrupción de los Gobiernos.
Su experiencia se encuentra enfocada en amparos en litigios tipo mercantil, civil, concursal, administrativo y penal a través de la firma legal Ávila, Lozano y Rodal. Así como en métodos alternativos para la solución de controversias. Aunque menciona haber publicado algunos artículos, ninguno es parte de una investigación que evidencie corrupción.
En el amparo interpuesto por estos candidatos también se reclama por la entrada en vigor de reformas a los artículos 16 y 18 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción en los que se establece que el Congreso local hará la convocatoria para integrar este órgano.
Miguel Ángel Moreno Badillo, Flor Zambrano Zúñiga y Ana Rocío Arévalo Martínez también interpusieron juicios de amparo al respecto, sin embargo, ellos no fueron candidatos.
Ligado al Consejo Cívico
Además de no poseer experiencia en la materia, Juan Guillermo Ávila Sarabia menciona entre su experiencia laboral que pertenece a la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C. Capítulo Nuevo León, afín al Consejo Cívico, organización que se ha erigido como la principal crítica del proceso para elegir a los miembros del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.
La versión pública de este documento señala que desde octubre de 2019 hasta la fecha, Ávila Sarabia mantiene un rol de coordinación de las comisiones de Derecho constitucional y de trabajo pro bono en dicha organización.
Este candidato fue respaldado por Iraís Reyes, de la bancada de Movimiento Ciudadano, quien dijo que lo apoyó porque fue una de las personas mejores evaluadas en el proceso, aunque esta se trató de una apreciación personal en la que otros diputados que integran la Comisión Anticorrupción no la secundaron.
Reporte Índigo adelantó que candidatos que participaron en el proceso para integrar el Comité de Selección del SEANL fueron evaluados por el Comité de Acompañamiento de este órgano, el cual está formado por personas ligadas al Consejo Cívico los cuales avalaron perfiles cercanos a este organismo de la “sociedad civil”.
Sin experiencia anticorrupción
Por su parte, Mario Alberto García tampoco acreditó tener experiencia en el combate a la corrupción, fiscalización y rendición de cuentas.
En su currículum vitae, García presume entre sus logros proyectos de investigación enfocados en comunidades vulnerables apoyando con pláticas sobre embarazos precoces y talleres de derechos humanos.
Mario Alberto García es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, posee una maestría en derecho corporativo y un doctorado en Derecho Constitucional y Gobernabilidad.
Al igual que Ávila Sarabia, García tampoco tiene experiencia en combate a la corrupción y rendición de cuentas, ni es abogado fiscalista.
De acuerdo con el quejoso, es catedrático de tiempo completo en la UANL, lo que supondría un conflicto de interés pues esta institución de educación pública recibe recursos públicos que son auditados no solo por la Auditoría Superior del Estado sino por la Auditoría Superior de la Federación.
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