La Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, a cargo del legislador del PRI, Álvaro Ibarra, aprobó cuatro reformas al Código Penal del Estado de Nuevo León que habían sido vetadas por el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.
El pasado 5 de junio, el mandatario vetó los decretos 136, 135 y 141, que proponían reformar el artículo 271 Bis 2, artículo 215 fracción III inciso b) y fracción IV, artículo 222 Bis, así como la adición de los artículos 446, 447, 448, 449, 450 y 451 para un capítulo único.
El Gobierno estatal argumentó que estos cambios violan el principio de taxatividad, pues considera que las normas penales deben contar con ciertos elementos que permitan identificar su campo de aplicación. Es decir, un contenido concreto para la tipificación de la ley.
Los diputados de esta comisión volvieron a sesionar y aprobaron estos decretos, que contienen un capitulo único para reformar por adición delitos contra el medio ambiente, aumentar las sanciones por acoso sexual en transporte público y castigos por actos de corrupción.
Sólo resta que estos dictámenes sean votados en el Pleno del Poder Legislativo local, y hay probabilidades de que sean avalado por los legisladores, pues existe consenso entre todas las bancadas.
En defensa del medio ambiente
En el tema de medio ambiente, un total de 17 causales se reformaron para que fueran incluidas en el Código Penal del Estado, donde se establece hasta nueve años de prisión y sanciones económicas.
El dictamen pretende castigos por la tala de árboles clandestina, para quien descargue desechos contaminantes en aguas y que afecten la flora y fauna, quien autorice o permita la descarga de desechos industriales en cuencas, ríos, drenaje o vasos, así como quien tire escombro en montañas, cerros y bosques.
Quien emita gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera provenientes de fuentes fijas, sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, también será penalizado. Asimismo, el apartado también contempla castigos a los gobiernos en los siguientes rubros.
“Realizar obras o actividades sin contar con la autorización de impacto ambiental, explotar o extraer minerales o sustancias no reservadas por la federación, tales como rocas o productos que se puedan manejar como materia prima”, dice el dictamen.
También considera prisión y multas a los servidores públicos que, por omisión o acción, incurran en la comisión de cualquiera de estos nuevos delitos ambientales
“Les será aplicada la pena privativa de la libertad que corresponde y se aumentará hasta tres cuartas partes de la pena correspondiente, así como la destitución e inhabilitación”, dice el documento.
Incluso, las empresas o personas físicas que dañen el medio ambiente, si lo considera el juez, tendrán que reincorporar los elementos naturales dañados.
Castigo a acosadores de transporte en cambios al Código Penal
Diputados de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local aprobaron considerar como delito grave el acoso sexual cometido en un medio de transporte público y la persona que lo cometa podría ser sentenciada de uno a tres años de cárcel, o con una multa de cincuenta cuotas.
“Comete el delito de acoso sexual quien por cualquier medio, asedie, acose, se exprese de manera verbal o física de términos, conceptos, señas, imágenes que tengan connotación sexual, lasciva o de exhibicionismo corporal o se aproveche de la víctima”, dice la reforma al artículo 271 Bis del Código Penal.
En este cambio también están contemplados los operadores de autos que prestan el servicio de transporte privado como Uber, Didi y Cabify
Prisión para funcionarios corruptos
Los funcionarios que cometan actos de corrupción podrán tener penas de prisión hasta de siete años, según las reformas aprobadas en la comisión.
Por ejemplo, se establece que el servidor público que ilícitamente realice adjudicaciones como obras o servicios sin justificar las excepciones establecidas en las leyes, cometerá delitos y tendrá penas de prisión.
“Al servidor público que adjudique contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones, prestación del servicio de cualquier naturaleza, obra pública y servicios sin justificar, se impondrá de uno a siete años de prisión y multa de diez a cien cuotas”, dice la reforma.
