Diputados panistas y priistas del Congreso local preparan un golpe de autoridad para poner un Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción a modo.
Aunque aún no se instala el Comité de Acompañamiento del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que sería integrado por ciudadanos, los legisladores empezaron a barajear posibles candidatos a ocupar la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes del Congreso aseguran que se está conformando una alianza PRI-PAN, no sólo para palomear al fiscal anticorrupción, sino también a los aspirantes a integrar el conglomerado de fiscales del SEA.
Y es que además se tendrá que buscar a un fiscal general de Justicia del Estado (fiscal autónomo), un fiscal especializado en delitos electorales y el magistrado de Sala Especializada en delitos contra la corrupción.
La fuente asegura que existe una lista de por lo menos ocho personas viables.
“Ya tienen a los que van a ser”, dijo la fuente.
Esta acción levanta suspicacias en torno al combate a la corrupción en Nuevo León.
¿Acaso buscan tapar los actos de corrupción de los alcaldes de sus partidos? o ¿salvar al exgobernador Rodrigo Medina y sus exfuncionarios? El tiempo lo dirá.
Con esto, una vez más los diputados del PRI y PAN pretenden engañar a los ciudadanos en la conformación de dicho Sistema, donde sin duda no se pretende crear una Fiscalía autónoma y ciudadana, sino que responda por los intereses partidistas.
Es decir, en Nuevo León se tendrá un retraso importante en materia anticorrupción, y todo apunta a que se aprobarán fiscales afines al PRI y PAN.
En la Comisión Anticorrupción del Congreso local se tiene sobre la mesa a dos posibles candidatos a convertirse en fiscal anticorrupción y general autónomo, propuestos por organizaciones civiles.
Se trata de Víctor Cabrera, actual delegado de la Profepa en Nuevo León; y Patricia Bugarín, titular de la Comisión Nacional Antisecuestros, pero el PRI y PAN tiene sus propios gallos.
“Establecer procesos de nombramientos de los fiscales con los mecanismos de participación ciudadana que establece la Constitución del Estado”
Ciudadanos sin voto
La participación de los ciudadanos en el SEA será mínima y sin voto para elegir a los nuevos fiscales, quienes deberán impartir la justicia en Nuevo León.
En la adecuación del marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción con el del SEA, se estableció que quienes integren el Comité de Participación Ciudadana sólo podrán aprobar a posibles candidatos a fiscales.
Ellos tendrían que descartar y dejar una terna final de tres aspirantes, pero no tendrían voto para seleccionar a quien se convertiría en fiscal, pues serían los diputados quienes decidirían esa figura.
Todo apunta a que esto ocasionó un desánimo en la ciudadanía para integrar el Comité de Acompañamiento de la Comisión Anticorrupción del Congreso local, que será la base para aterrizar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
La difusión para integrar ambos comités ha sido mínima.
Reporte Indigo adelantó que los ciudadanos no tendrían voz y voto para seleccionar la terna final de candidatos, y serían los propios diputados quienes decidan el fiscal anticorrupción y autónomo.
Por un lado las organizaciones civiles y de la iniciativa privada pretenden tener una participación proactiva, pero el Congreso ofreció un grado mínimo de intervención de la ciudadanía.
La Coalición Anticorrupción, integrado por civiles, universidades, abogados y organizaciones ciudadanas, ha sostenido reuniones con diputados para mejorar artículos de lo que será el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Confrontados
Reporte Indigo ha documentado el choque entre los poderes Ejecutivo y Legislativo por el Sistema Estatal Anticorrupción.
Chocan por anticorrupción
Fracasa plan contra anticorrupción
No garantiza participación
Aprovechando que la adecuación del marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción con el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) fue vetado por el gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco”, la organización Coalición Anticorrupción solicitó cambios a la reforma.
Y es que esta organización asegura que el SEA no garantiza los mecanismos de participación ciudadana que establece la Constitución del Estado de Nuevo León, así como los controles adecuados y mecanismos de remoción de los fiscales en caso de que no cumplan sus obligaciones.
“Establecer procesos de nombramientos de los fiscales con los mecanismos de participación ciudadana que establece la Constitución del Estado”, señala la organización entre sus objetivos.
También se propone ajustar las facultades de la Fiscalía al marco legal del Código Nacional de Procedimientos Penales y los Sistemas Anticorrupción nacional y estatal, con el fin de que el fiscal especializado en esta materia tenga las capacidades suficientes para llevar a cabo su tarea, dice el comunicado de la organización.
Y solicitan garantizar la libertad de actuación y presupuesto de los fiscales especiales, así como definir los requisitos necesarios para ser fiscal general o fiscal especial.
Quienes integren el Comité de Participación Ciudadana sólo podrán aprobar a posibles candidatos a fiscales
