La Comisión Estatal Indígena busca suplir la falta de intérpretes en las agencias del Ministerio Público de Jalisco
El Instituto de Lenguas Indígenas denuncia que un porcentaje mínimo de indígenas presos ha contado con intérprete en su declaración
El 1 de octubre pasado Jalisco se sumó a las entidades donde opera el sistema de justicia penal acusatorio y oral, con la promesa de dejar atrás un modelo opaco y transgresor de derechos humanos que, si bien tiene víctimas en todas partes, los indígenas lo sufren particularmente.
En Jalisco hay 90 indígenas recluidos en cárceles del Gobierno estatal y Ayuntamientos, casi todos hombres y una mujer quienes, como en el resto del país, padecieron violaciones a sus garantías y discriminación en sus procesos penales, una deficiencia que se reconoce sistémica por las autoridades.
Son parte de los 8 mil 502 indígenas en prisiones de todo el país. El 96 por ciento de estos son hombres (8 mil 137), el 4 por ciento restante, mujeres (365), según el diagnóstico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
El sistema penal de Jalisco simplemente no está preparado para garantizarle a un indígena un tratamiento legal con el respeto irrestricto a sus derechos, así lo ha verificado la Comisión Estatal Indígena (CEI).
Hoy en día sigue sin contarse con intérpretes para acompañarlos durante todas las etapas de manera que se asegure el debido proceso y, para ahondar su exclusión, la raquítica estructura estatal dedicada a la atención de ese grupo social vulnerable, la CEI, ha sido, si no desmantelada del todo, sí muy cerca de estarlo.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas advierte:
“En materia de justicia, sólo 16 por ciento de los 8 mil 502 indígenas procesados contó con intérprete o traductor. Estas asimetrías revelan la discriminación y la falta de atención con pertinencia cultural y lingüística que padece la población indígena y que es causa del desplazamiento lingüístico”.
La CEI busca suplir la falta de intérpretes que impera al seno de las agencias del Ministerio Público, en la defensoría de oficio y la Judicatura estatal, cosa imposible con la asfixia presupuestal que le impone el Gobierno de Jalisco y que, de entrada, la obligó a cerrar por completo su Dirección Jurídica.
El Gobierno estatal tiene presupuesto para solventar viajes por Europa de comitivas como las de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), en hoteles de lujo y rebasando, sin consecuencias, los límites para el gasto de viáticos, pero la única instancia estatal orientada de lleno a los pueblos indígenas debe funcionar con una tercera parte de la plantilla con que fue diseñada.
Siete de cada 10 indígenas recluidos en Jalisco son jóvenes que no llegan a los 40 años de edad. Para ser más específicos, el 37 por ciento de estos tienen de 18 a 29 años de edad (33); y el segundo gran estrato de edad es el de los 30 a los 39 años, con el 34 por ciento (31).
Seguido por los que tienen de 40 a 49 años, con 19 por ciento (17); de 50 a 59 años, con el 6 por ciento (cinco); y de 60 o más años, con el 4 por ciento (cuatro).
Uno de cada cuatro de los indígenas encarcelados en el estado están en prisiones municipales (23), una anomalía que persiste pues están diseñadas para atender sólo a infractores de faltas administrativas; sus tasas de sobrepoblación son más graves, incluso, a las del ámbito estatal.
Los Ayuntamientos no tienen capacidad económica para mantener en buen estado las calles, mucho menos para alojar dignamente a sus presos, como ha documentado la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
A nivel nacional la mayoría de los indígenas presos también son jóvenes, el estrato de los 18 a los 29 años representa el 32 por ciento (2 mil 722); y de los 30 a los 39 años, un 33 por ciento (2 mil 805).
De los 40 a los 49 años son un 19 por ciento (mil 640); de los 50 a los 59, un 9 por ciento (811); y de los 60 años en adelante un 6 por ciento (504), aunque hay un 0.2 por ciento sin especificar (20).
CEI al olvido
Ramón Chivarras López, indígena wirrárika y miembro de la CEI en Jalisco, expresa:
“Debería haber mucha coordinación por parte de los MP, que también contraten a intérpretes, porque aquí ya no estamos hablando de solamente la población indígena originaria, los hay zapotecos, mazahuas, chontales, nahuas, wirraritari, y entonces muchas de las veces no se les da el seguimiento que se les debe dar por ley.
“Incluso la misma ley obliga a que si vas a dar una declaración que también haya un traductor, que sea ahora en forma oral o escrita, según como quiera, se debe tomar esa declaración, pero gran parte de las veces aquí pues no se da esa parte”.
Esto está plasmado en el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018:
“La población indígena enfrenta serios obstáculos para acceder a la jurisdicción del Estado. Existen prácticas de exclusión y discriminación en los ámbitos de la justicia penal, agraria, laboral, civil y mercantil, entre otros.
“En general, las instituciones encargadas de procurar, impartir y administrar justicia, no cuentan con las capacidades institucionales necesarias para hacer efectivos los derechos de la población indígena. Ninguna instancia pública tiene la atribución legal expresa ni las capacidades institucionales para garantizar a los indígenas el ejercicio de su derecho a contar con traductor o intérprete en todas las etapas procesales de los juicios o procedimientos en que ellos sean parte”, señala el documento.
Uno de cada dos indígenas presos en Jalisco es wirraritari (43), seguido de los nahuas con el 29 por ciento (26), los tzeltales (5), tepehuanos (4), zoque (3) y mixteco (2); el resto son totonaco, purépecha, mixe, maya, huasteco, coca y cakchiquel.
En el país una decena de pueblos concentran a tres de cada cuatro indígenas en prisión: nahua, maya, zapoteco, tzotzil, mixteco, tzeltal, totonaco, otomí, mazateco y tarahumara, con 6 mil 260.
En las cárceles de los gobiernos estatales y municipales del país hay en total 216 mil 384 presos, de estos, 8 mil 492 son indígenas, es decir, un 3.9 por ciento, según la CDI, las cárceles federales sólo tienen a una decena.
Sin embargo, cuando el análisis se hace por entidad federativa, el porcentaje indígena dentro de poblaciones penales se vuelve mucho más importante. Las más altas:
Oaxaca, con el 30.4 por ciento; Yucatán, con 16.2; Chiapas, 14.2; Puebla, 13.6; Veracruz, 8.2; San Luis Potosí, 7.9.
Un caso paradigmático se dio en enero del 2014 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó a Adriana Manzanares, indígena de Guerrero acusada de matar a su hijo aunque había sufrido un aborto espontáneo.
Su condena de 22 años se echó abajo luego de hallar distintas violaciones al debido proceso, principalmente la falta de un intérprete. Pasó siete años en prisión, ahora tiene 27 años de edad.